Cuando en plena campaña a las elecciones autonómicas vascas y gallegas comenzó a filtrarse el nombre propio de Luis Bárcenas, el senador del PP por Cantabria, junto al de otros cargos populares como el europarlamentario Gerardo Galeote, como posibles implicados en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa -que bautizó a la propia operación «Gürtel» (correa, en alemán)- Mariano Rajoy defendió la presunción de inocencia de todos los dirigentes de su partido hasta que hubiese una sentencia en contra y se demostrase lo contrario. Ante la rumorología de que el designado tesorero nacional del PP tras el Congreso de hace un año en Valencia -en sustitución de Álvaro Lapuerta-, pudo no sólo lucrarse personalmente sino contribuir a la financiación irregular del partido, Rajoy «llamó a filas» a Bárcenas y éste le presentó -era el pasado 2 de abril- su declaración de la renta y su patrimonio. Le aportó documentos y facturas en un encuentro privado en Génova, tras el cual un satisfecho Rajoy sacó pecho y defendió sin un ápice de sospecha: «Nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no son inocentes».

Esta semana, el caso da un nuevo giro de tuerca al caso y el juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, decide remitir parte del «caso Gürtel» al Supremo al considerar que existen indicios de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y el diputado del PP por Segovia, Jesús Merino. Ante la próxima prescripción de los delitos, le pide también que llame con carácter de urgencia a ambos y a Galeote. Entonces, todas las miradas se dirigen a Génova, que esta vez parece hilar más fino que en la imputación de los dirigentes del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa. En el caso de Bárcenas, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dice abiertamente que «si se produce la imputación de Bárcenas por el Supremo, se actuará en consecuencia».

En el caso de Camps o Costa, la imputación formal de ambos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no ha supuesto hasta el momento la toma de medidas por el partido. De hecho, Rajoy ha puesto la mano en el fuego por ellos e incluso ha reforzado su apoyo incondicional al presidente de la Generalitat al ligar directamente sus cargos y sus destinos confiando ciegamente en su honorabilidad. Sobre Bárcenas, Rajoy le arropó ayer tras la Junta Directiva Nacional del PP y dijo que esperarán a adoptar cualquier resolución del Supremo y que sólo actuarán si algún político de su formación «ha hecho cosas que no son aceptables».
No han faltado algunas voces críticas que indican que el presidente del PP ha sido demasiado prudente en este caso, abierto por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, al esperar a «mover ficha» con los dirigentes puestos en entredicho y no ir más allá suspendiéndolos de militancia, o demasiado valiente, al arriesgar mucho políticamente depositando su plena confianza en algunos de ellos.

Opciones que se abren ahora: Bárcenas podría cesar como tesoreroPero algunas fuentes de la dirección del PP apuntan a que podría ser el propio Bárcenas -considerado un «hombre de partido»- el que cesase en sus funciones como tesorero para no dañar la imagen del partido. Dentro de las posibilidades, también barajan que se apartase de su función al menos temporalmente para defenderse mejor y no perjudicar al PP. Antes de ocuparse de las cuentas del partido, Bárcenas se había encargado de la gerencia del PP.

No obstante, en el mismo plano otras fuentes consultadas por Europa Press rechazan la opción de que Bárcenas deje su acta de senador para que el caso no se remita al Supremo y lo siga investigando el TSJM, por entender que el partido quedaría en peor lugar poniendo en evidencia que le mueve el «tactismo político» y quiere que un tribunal menor le juzgue a toda costa.

De todos modos, la opción más probable es la de que se aguardará a que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decida si admite a trámite el escrito del juez Pedreira elevando la causa y si Bárcenas es imputado formalmente. «Si se acredita con pruebas que el tesorero ha cometido un delito contra la Hacienda Pública y otro de cohecho, el partido tendría que actuar ante la enjundia de los hechos, apartándole de su puesto», advierten las mismas fuentes, que agregan la coletilla que no quieren que se pierda de vista: sería siempre por un delito de enriquecimiento personal, nunca en favor del PP.