El PP acusa de financiación irregular al BNG en la Xunta
J. L. JIMÉNEZ
SANTIAGO. La Xunta destapó el caso el miércoles durante el pleno del Parlamento, y el PP está dispuesto a tirar del hilo para ver hasta dónde llega. Los contratos rubricados con consellerías nacionalistas durante el gobierno bipartito por la empresa Carrumeiro Media S.A. -creada y administrada por dirigentes del BNG-, llevó ayer a los populares a dejar entrever «indicios de financiación ilegal» en la organización frentista, y anunciaron que exigirán a través de la Cámara legislativa toda la documentación que aclare este nuevo escándalo.
Carrumeiro Media S.A. fue fundada en 2001 por Xoán Manuel Bazarra Agulla, Alberte Souto Souto y Alberte Ansede Estraviz, este último, secretario de organización de la formación frentista hasta el pasado mayo y asesor de Anxo Quintana en la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar, además de estar en nómina de la Xunta. Asimismo, Bazarra fue jefe de gabinete de la Consellería de Industria y Soto, secretario xeral de Medio Rural.
Según denunció el miércoles en sede parlamentaria el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, los tres fundadores no abandonaron sus puestos en la empresa hasta octubre del año 2006, pocos meses antes de que se iniciase la concesión de una serie de contratos menores a la firma, adjudicados «sin publicidad ni concurrencia». Tras su salida, fueron sustituidos por dirigentes del BNG de Rianxo, Ordes y la dirección nacionalista.
El rosario de contratos menores asciende hasta casi los 906.000 euros, según los cálculos de los populares gallegos, procedentes en su gran mayoría de las consellerías de Medio Rural, Industria y la Vicepresidencia, a los que hay que sumar facturas todavía impagadas por valor de 220.000 euros. En total, Carrumeiro Media S.A. obtuvo de la Xunta 1,1 millones de euros procedente de fondos públicos.
La información detallada por el PP el pasado miércoles detalla lo pagado por cada consellería. Medio Rural abonó contratos por valor de 55.700 euros, Industria por apenas 11.150 y el grueso procedió de Vicepresidencia, con más de 527.000 euros. 38 de los 41 contratos contabilizados en estos pagos se cerraron sin publicidad ni concurrencia, es decir, a dedo.
A ellos se suman casi 313.000 euros abonados por la empresa pública Galicia Calidade en 33 facturas, y otros 220.000 todavía sin pagar, relativos entre otros conceptos a la confección de lencería para «galescolas» y centros de día o el marcaje de diverso material con el anagrama del Consorcio.
«Tinta de calamar»
A través de un comunicado, la secretaria de organización del BNG, Montse Prado, acusó al PP de «mentir a sabiendas» y querer verter «tinta de calamar» para tapar las investigaciones del «caso Gürtel». «Ningún cargo del BNG suscribió contratos con empresas de las que fuera accionista», indicó -algo de lo que no han sido acusados los ex altos cargos del bipartito, sino de hacerlo acto tras dejar la misma-, defendió la legalidad de los contratos y retó al PP a ir a los tribunales.
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