La guerra de los chiringuitos regresa hoy al Congreso de los Diputados, con el objetivo de impedir que estos restaurantes de playa tan típicos y concurridos en muchos lugares de España desaparezcan del paisaje de la costa y los veraneantes se queden sin poderse tomar su pincho y caña entre baño y baño. El problema, y el peligro, no es nada trivial. Afecta a miles y miles de puestos de trabajo, sobre todo en la costa de Andalucía (unos 14.500 sólo en Málaga), de ahí que el Grupo parlamentario Popular lleve hoy al Pleno una proposición no de ley que retoma la campaña del «salvemos el chiringuito» en el Parlamento.

La diputada Celia Villalobos fue la primera que se alzó en defensa de los «manueles» chiringuiteros, frente a la aplicación «fundamentalista» de la ley de Costas que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, que dirige Elena Espinosa. Hoy será otro diputado del PP, Carlos Floriano, quien pida el apoyo del resto de los grupos para instar al Gobierno a «paralizar las actuaciones tendentes a desalojar los chiringuitos de las playas, por razones medioambientales, culturales y económicas».

En la iniciativa, el PP propone que, dada la importancia de los servicios que prestan, se proceda al otorgamiento de concesión en los términos previstos en la ley de Costas a los chiringuitos existentes, para evitar así incertidumbres que impidan acometer las inversiones requeridas por una oferta turística de playa y de naturaleza cada vez más exigentes en un entorno competitivo.

Servicio público de calidad

En el tercer punto de la proposición no de ley, el PP pide al Gobierno que ponga en marcha, en colaboración con los ayuntamientos afectados, planes de homogeneización de todos los chiringuitos existentes en cada término municipal en un plazo previsto en la propia concesión, para favorecer su adaptación a los requerimientos medioambientales de todo el litoral español y ofrecer un servicio público de máxima calidad.

Carlos Floriano se puso en contacto ayer con los portavoces de otros grupos parlamentarios, para recabar su apoyo a esta iniciativa y sacarla adelante. En principio, los populares creen que no tiene que haber ningún problema, a no ser que el PSOE, en plena resaca electoral, se plante y arrastre a los partidos pequeños. La respuesta final se conocerá esta tarde.

La polémica tiene su origen en la vigente ley de Costas, de 1988, que dispone que «únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». El problema está en la interpretación radical o flexible del reglamento y toda la normativa. El PP cree que entre la destrucción del patrimonio natural y la privación absoluta de su uso existe un término medio.