La resolución, obtenida por España frente a los cazatesoros de Odyssey, ha tenido un efecto tan global que quien aspire a comprender, a partir de ahora, la protección del patrimonio sumergido en aguas internacionales no va a tener más remedio que trabajar con sus conclusiones. Sin embargo, hay que resistir la tentación de entender que se ha dejado dicha la última palabra, vencer el deseo de clausurar idealmente el problema de la industria cazatesoros. Desgraciadamente con este éxito no estamos ante la última página de la industria del expolio y el procesamiento industrial de los restos arqueológicos submarinos.

La resolución, contundente a favor de los intereses del Estado Español, viene a aceptar que, con excepción de los buques de Estado, la industria de los cazatesoros puede actuar sobre un yacimiento histórico en cualquier lugar del mundo bajo la garantía de los tribunales norteamericanos. Es decir los yacimientos arqueológicos consistentes en buques “civiles” o de aquellos de difícil identificación -y tanto más difícil cuanto que los datos que permiten identificarlos los tiene que dar la propia empresa cazatesoros- estarían expuestos al expolio.

Cuando lo probable es inaceptable ¿no se convierte lo improbable en un deber? Convertir la gran derrota de Odyssey en una derrota de todo ese sector industrial de la destrucción cazatesoros, es algo posible desde España. Aquí es donde uno de sus juzgados, en la Línea de la Concepción, está conociendo sobre las implicaciones penales de las actividades llevadas a cabo, durante años, por la empresa Odyssey. Mucho tienen que explicar en relación a sus intervenciones sobre la manipulación a su favor de las relaciones bilaterales entre Reino Unido y España, de uso para el más contrabando el aeropuerto de uso conjunto de Gibraltar. Lograr la condena de los responsables de Odyssey no será fácil, no depende sólo de la sociedad civil implicada, ni de los arqueólogos con los de Nerea a la cabeza, debemos entender que Odyssey trabajó durante años en nuestras costas aprovechándose de una debilidad institucional propia de esos métodos de “captura” de los poderes públicos por parte de las empresas a las que en teoría controlan y regulan.

Debemos entender que si en España no se sigue y concluye con el máximo rigor este asunto, corremos el riesgo de volver del todo provisional el importante resultado conseguido en Estados Unidos. La práctica de los cazatesoros seguirá siendo legal hasta que deje de ser rentable, principio utilitarista básico entre nuestros aliados más proclives a esta industria. Por eso debemos cerrar a este negocio los mares europeos; cerrar a esas empresas nuestros fondos marinos, los mares de Europa es un deber frente a nosotros mismos y a las generaciones futuras.

Casi medio siglo de apropiación y transformación industrial de restos arqueológicos submarinos ha llevado a unos resultados de todos conocidos, porque la devolución del “oro” ,que es lo único que Odyssey tenía interés, a los museos no devuelve a su lugar todos los datos históricos desvanecidos para siempre por el salvajismo primario de esos lobos de la cultura.

Despedazado el registro histórico, roídos de toda información los huesos metálicos de ese yacimiento y depositados en un almacén de cazatesoros, ahora son completamente anónimos, ya no delatarán los métodos de Odyssey y ya no contarán la historia y la tragedia que guardaban desde hace siglos. Nos han robado a toda la humanidad una parte de la Historia.