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El Área Única de Salud reducirá de 918 a 90 los liberados sindicales

El Área Única de Salud reducirá de 918 a 90 los liberados sindicales

Una de los consecuencias colaterales de la futura implantación del Área Única de Salud -información adelantada ayer por ABC-, y, por tanto, de la libertad de elección de médico, pediatra y enfermera en Atención Primaria así como la libertad de elección de servicio y hospital en Atención Especializada, es la drástica reducción del número de liberados sindicales en la sanidad pública madrileña.

La medida conllevaría que de las once áreas sanitarias actuales en toda la región se pasaría a una sola, el Área Única que, como quedó apuntado, tendrá a su frente un gerente de Atención Primaria, del que dependerán tres gerencias adjuntas: asistencia sanitaria, planificación y gestión.

Nuevo acuerdo

La legislación vigente, según fuentes de la Consejería de Sanidad, vincula el número de horas de los liberados sindicales al número de áreas sanitarias. De este modo, y de no desarrollarse un acuerdo paralelo que atenúe la situación, la consecuencia más directa del Área Única es que se suprimen diez áreas sanitarias. Así, el número de liberados sindicales quedaría reducido en la misma proporción.

A la vista de los datos que maneja el Gobierno regional, hoy se «consumen» 1,4 millones de horas de liberación sindical al año distribuidas en las actuales once áreas sanitarias. Esta cifra equivaldría a 918 liberados sindicales a tiempo completo. Las mismas fuentes indican que, en dinero, eso supone unos 30 millones de euros al año, «es decir, cinco euros por madrileño y año, contando jubilados y bebés». Y, añaden, que con esos treinta millones de euros al año «se podría construir un hospital de 400 camas totalmente equipado».

En el caso de que se apruebe el proyecto de Área Única de Salud -hoy anteproyecto de ley que estará en vigor para el próximo otoño-, tal y como está, es decir, sin un acuerdo para atenuar las horas de los liberados sindicales significa que el millón cuatrocientas mil horas anuales de ahora se quedarían en unas 140.000 y que de 918 personas liberadas a tiempo completo sólo habría unas 90.

Sobre esta cuestión, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, ha manifestado a ABC que «el objetivo de la Consejería no es reducir drásticamente las horas de los liberados sindicales. Sólo está presente seguir mejorando la calidad asistencial y la libre elección de los usuarios. Esta libertad de elección unida a la calidad asistencial fortalecerán la relación médico-paciente».

«Creo que sería muy saludable -añade Güemes-, que las organizaciones sindicales tomasen la iniciativa», refiriéndose, claro está, a la reducción de horas de liberación sindical que se avecina. De sus palabras, no obstante, se desprende que el Gobierno regional «está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo de derechos sindicales en paralelo a la futura ley de Área Única y de los decretos que la desarrollará».

«Falsa privatización»

Ayer, durante una visita al Hospital de Getafe, Güemes reiteró su oferta de diálogo «a los que rechazan el Área Única porque, hasta ahora, su discurso sólo pivota sobre la falsa privatización de los hospitales públicos». El consejero desafió al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, a que «presente a un paciente de la sanidad pública madrileña que haya necesitado algo distinto a la tarjeta sanitaria para ser atendido».

También ayer se produjeron algunas reacciones en contra de la libre elección de médico y hospital. La mayoría parten de las denominadas «plataformas por la sanidad pública» a las que se adhieren partidos políticos -como PSOE e IU-, sindicatos y asociaciones de vecinos. Consideran que el Área Única «resta calidad en la atención y convierte a los usuarios en clientes».

Hace un mes, diversas asociaciones de médicos y sindicatos profesionales firmaron un «Alegato por la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid» en donde se señalaba que los profesionales madrileños «estaban masificados» y «totalmente desmotivados». El alegato pedía la retirada del proyecto de ley.

Desde la Administración autonómica se insistía ayer en que con la libre elección «los usuarios no son de tal centro; son los centros los que pertenecen a los pacientes».

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