La Audiencia Internacional
La Audiencia Nacional no puede convertirse en el «gendarme judicial del mundo». Así se pronunciaba hace unos días el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en un encuentro informativo en el que abogaba por cambios legislativos tendentes a restringir las competencias de la Audiencia Nacional en el ámbito de la jurisdicción universal. La sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2005 que resolvía un recurso de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú abrió la veda a la interposición de querellas que básicamente se resumen en el deseo de ver sentados en el banquillo a miembros de actuales gobiernos o ex presidentes y militares de otros.
La sentencia del TC, que amparó la investigación sin límites del genocidio del pueblo maya, modificó el que hasta entonces había sido el «modus operandi» de la Audiencia, donde sólo se instruían aquellas causas en las que hubiera víctimas españolas. Ahora, sin embargo, los instructores tienen que admitir todas las querellas por crímenes contra la humanidad o de guerra con independencia de la nacionalidad de las víctimas.
Mucho antes de las declaraciones de Carlos Dívar cuestionando la «intromisión» de España en «casa ajena», en julio de 2006, el Tribunal Supremo pidió al TC que revisara su doctrina. Lo hizo en la sentencia en la que, asumiendo la «doctrina Guatemala», ordenó a la Audiencia Nacional investigar al gobierno chino por torturas al movimiento budista Falun Gong. El Alto Tribunal aprovechó aquella resolución para defender la intervención española siempre y cuando exista «un punto de contacto o referencia» entre los hechos cometidos fuera del territorio y los «intereses españoles». De esta forma, decía, se haría compatible el principio de jurisdicción universal con otros principios, como el de «no intervención, previsto en la Carta de Naciones Unidas».
Nada han cambiado las cosas desde entonces. Obligados por la doctrina del Tribunal Constitucional y por los artículos 23 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cinco de los seis Juzgados de Instrucción de este Tribunal (todos menos el de Grande-Marlaska) tramitan en estos momentos —en muchos casos contra el criterio de la Fiscalía— trece causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Algunas de ellas incluso llegaron a ser archivadas en su momento por el propio instructor, pero la Sala de lo Penal o el Supremo le obligó a reabrirlas ¿Es necesaria, como propone Dívar, una reforma legislativa que acote el ámbito de estas investigaciones universales? También el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha cuestionado las últimas causas abiertas en la Audiencia y aboga por los tribunales internacionales como «la mejor vía» para juzgar los delitos perseguidos en virtud del principio de jurisdicción universal.
«¿Qué pensaríamos en España si un juez alemán decide investigar el 23-F?», se preguntan fuentes fiscales partidarias de poner freno a este «coladero». A continuación se resumen las investigaciones abiertas en este Tribunal.
Represión en Tíbet
Tres ministros chinos en el punto de mira
El 5 de agosto de 2008 el juez Santiago Pedraz admitió a trámite una querella contra el Gobierno chino por la «represión» contra la población tibetana, unos ataques que desde marzo de ese año habrían costado la vida a 203 personas. Hace sólo unos días Pedraz cursó una comisión rogatoria a China para interrogar a ocho miembros de su gobierno, entre ellos a tres ministros, lo que no ha sentado nada bien en el país. También del Tíbet hay otra causa abierta por el juez Ismael Moreno, que después de inadmitirla a trámite se vio obligado a investigar. Lo mismo sucedió con la querella del movimiento Falung Gong contra el gobierno chino.
Guatemala
«Genocidio» del pueblo maya
La investigación parte del incendio de la Embajada española en 1980 en el que murieron 37 personas. No obstante, el juez Pedraz hace extensible la causa al genocidio del pueblo maya. Están imputados diez ex altos cargos del gobierno contra los que hay cursadas órdenes internacionales de detención. El juez llegó a viajar a Guatemala para interrogar al ex presidente Ríos Montt y a miembros de su gobierno, pero las argucias de las defensas le hicieron volver a España sin haber practicado ni una sola diligencia.
Alemania nazi
Campos de concentración
El año pasado el juez Moreno admitió a trámite una querella contra cuatro miembros de las SS por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos en tres campos de concentración en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles. El instructor, que ya ha tomado declaración a dos supervivientes, está a la espera de la respuesta de una comisión rogatoria a Estados Unidos, donde residen los querellados.
«Caso Couso»
Pedraz procesó a tres militares de EE.UU.
El peregrinaje del caso de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en el Hotel Palestina de Bagdag en plena cobertura de la guerra de Irak, ha sido significativo. Pese a tratarse de un español, la causa fue archivada por la Sala de lo Penal de la Audiencia en contra del criterio del instructor y del Tribunal Supremo, que ordenaría después su reapertura. Pedraz llegó a procesar a los tres militares que iban en el tanque desde el que se disparó a Couso. La Sala Penal revocó esos procesamientos. El propio juez llegó a solicitar al Ministerio de Justicia que reclame al Departamento de Justicia de Estados Unidos una explicación de por qué rechazó la petición que cursó para interrogar a los tres soldados americanos.
Israel
Imputado un ex ministro de Defensa
El juez Fernando Andreu ha decidido investigar un bombardeo sobre Gaza que tuvo lugar en julio de 2002 y en el que murieron 14 civiles. Para el magistrado la investigación abierta por las autoridades israelíes no tiene credibilidad alguna y asegura que, aunque los hechos se hubieran investigado, nada impide que España continúe la instrucción, porque la competencia de la Audiencia no es, según él, subsidiaria, sino concurrente. El juez ha imputado ya al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes.
Guantánamo
Contra la Administración Bush
Tanto el traslado de presuntos terroristas como la estancia en Guantánamo están siendo objeto en estos momentos de tres investigaciones. La primera es la de los llamados «vuelos de la CIA», que instruye el juez Ismael Moreno desde junio de 2006. La segunda apunta directamente a la Administración Bush —se dirige contra el equipo jurídico del ex presidente por dar cobertura a las torturas en la base militar— y está en manos de Eloy Velasco, que hace apenas unos días pidió a Estados Unidos que le informe de si ha o va a investigar esas torturas. Finalmente, sobre esta misma cuestión Garzón ha desempolvado una causa abierta hace seis años en la que procesó a cuatro presuntos terroristas.
Ruanda
A por el gobierno tutsi
En febrero de 2008 el juez Fernando Andreu procesó a 40 militares del actual gobierno de Ruanda por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando «horrendos crímenes» contra la población civil. El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no ha sido procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad, pero el magistrado destaca que existen «indicios racionales de criminalidad» contra su persona como responsable del Ejército ruandés. Entre las víctimas se encuentran nueve españoles que trabajan en campos de refugiados. Seis de ellos eran religiosos.
Marruecos
Represión al pueblo saharaui
El 31 de octubre de 2007, Garzón admitía a trámite una querella presentada por familiares de saharauis desaparecidos contra 13 cargos militares del gobierno marroquí por genocidio, torturas y lesiones. Los denunciantes se querellaron contra 31 militares o ex militares marroquíes y cifraron en 542 los desaparecidos desde 1975.
El Salvador
Asesinato de jesuitas
El juez Eloy Velasco investiga el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (cinco españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana Ignacio Ellacuría), su ama de llaves y la hija de ésta cometidos en El Salvador en 1989. La querella se dirige contra 14 miembros del Ejército salvadoreño. Cuatro de los imputados (por delitos de asesinato y contra el derecho de gentes) eran generales en el momento de los hechos. El juez no vio «base indiciaria suficiente» para imputar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani Burkard.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete