Tirar al suelo un papel, una colilla o pipas podrá ser sancionado hasta con 750 euros
La nueva ordenanza de limpieza urbana y recogida de residuos, que endurece las sanciones e introduce novedades en las infracciones, entrará en vigor esta semana, cuando se publique en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. Con multas de hasta 750 o 1.500 euros por arrojar colillas al suelo u «olvidar» un excremento canino en la acera, la norma ha abierto la polémica por su endurecimiento, tras años de permisividad e inactividad administrativa para hacer cumplir las ordenanzas vigentes en la capital.
No es que la nueva regulación municipal se invente las causas de infracción; la mayor parte de ellas ya existían en las normas anteriores -de los años 1963, 1976 o 1985-. Eso sí, la cuantía de las sanciones se endurece de forma importante. Y atendiendo a las novedades en materia de residuos, hay comportamientos que se sancionan por primera vez. Por ejemplo, no separar bien la basura -según sean restos, envases de plástico, papel o cartón- lleva aparejado multa, y de las gordas: hasta 750 euros.
Ajustar las cuantías
Hasta ahora, comportamientos como tirar colillas al suelo, dar de comer a las palomas, dejar la bolsa de basura fuera de los contenedores o «decorar» una pared también estaban penados, pero a la hora de la verdad, las sanciones impuestas por esta causa eran tan pocas que suponían tolerancia con esas actitudes.
Pero la nueva normativa ha ajustado la cuantía de las sanciones a los actuales baremos fijados por leyes de superior rango para las infracciones, que han pasado de 90 a 1.500 euros si se consideran graves, y de 1.500 a 3.000 las muy graves. «La ordenanza se modifica porque han pasado 23 años desde la anterior, y las exigencias en materia medioambiental son distintas», explica la concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella.
Por ejemplo: la separación de basura en origen no existía; es una práctica de hace sólo 10 años, y ahora se convierte en obligación y multa, lo que tiene indignadas a muchas comunidades de vecinos. Pero también para eso tiene argumento Ana Botella: reciclar la basura cuesta mucho dinero al Ayuntamiento, que ha invertido millones en convertir el antiguo vertedero de Valdemingómez en una «fábrica» que transforma la basura en energía eléctrica o gas, que luego vende. «Si no viene bien separada desde el origen, una parte de la basura ya no se puede reciclar».
Otros comportamientos penalizados por la nueva regulación son, por ejemplo, tirar las cáscaras de las pipas o las colillas a la calle, regar los tiestos manchando la vía, dar de comer a animales ensuciando la vía, orinar en la calle o dejar las bolsas de basura fuera del contenedor. «Las multas buscan que en un espacio común, como es la calle, la convivencia sea lo mejor posible. Y también, se intenta cambiar hábitos», dice Ana Botella, porque «la libertad de cada uno termina donde empieza la del otro».
Sanciones «disuasorias»
No obstante, la concejal de Medio Ambiente asegura que este tipo de sanciones «son disuasorias»: hasta ahora se han impuesto tan pocas que no resultan significativas como método represivo. Eso sí, subirlas ha tenido un efecto positivo: «Han hecho que la gente hable de las conductas que no deben seguir». Un ejemplo: «Nos llegan muchas preguntas sobre cómo reciclar correctamente», explica Ana Botella.
Trescientos agentes medioambientales de residuos ya están en las calles vigilando que los contenedores de basura se saquen a la vía urbana a las horas permitidas, y también controlarán que las bolsas contengan lo que deben, reciclando adecuadamente. Frente a las críticas, Ana Botella recuerda que en otros países «al que no recicla incluso se le retira el cubo».
No se multará a indigentes
De entre todas las sanciones, ha habido una especialmente polémica: la prohibición de hurgar en la basura, con multa de 750 euros. Según Ana Botella, «en ningún caso se va a multar a un indigente; a esas personas se les remite al Samur Social; nadie en el Ayuntamiento debe resignarse a que se coma de la basura». Esta sanción va encaminada, dice, a luchar contra quienes «comercian con la basura y la revenden», personas que buscan entre los desperdicios que sacan los comercios para después revender o manipular los que todavía no han caducado.
Mención aparte merecen los grafitti, considerados una expresión artística por algunos, y cuya eliminación de paredes, monumentos, cierres de comercios o mobiliario urbano cuesta seis millones de euros al año. La multa es la más alta: 3.000 euros, 6.000 en caso de reincidencia, y además el coste de la limpieza. Esta sanción podrá pagarse -ya se está haciendo, de hecho- con trabajos sociales para la comunidad, como la limpieza de parques.
Muchos son los que se han manifestado en contra de la ordenanza. La Federación regional de asociaciones de vecinos la considera parte de la «ofensiva recaudatoria» del Ayuntamiento. Pedro Santín, concejal del PSOE en el Ayuntamiento, denunció que las multas se incrementan un 1.700 por ciento; Raquel López, edil de IU, cree que la ordenanza «trata los madrileños como contribuyentes, y no como ciudadanos».
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