Dos operaciones contra cargos del PP en Canarias siguieron el guión del «caso Gürtel»
Cuatro policías destinados en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, uno de ellos inspector y encargado en su día del caso «Faycán» y testigo además de los primeros pasos de la «Góndola» contra la corrupción en los municipios de Telde y Mogán, están convencidos de que la actuación de sus mandos benefició electoralmente al PSOE. Así se desprende de las denuncias que han presentado en los juzgados, a las que ha tenido acceso ABC.
Estos acontecimientos siguieron el mismo guión que ahora el «caso Gürtel», instruido por Garzón. Las dos investigaciones afectaron a cargos del PP y se produjeron meses antes de las autonómicas de 2007, por lo que la precampaña y campaña se centraron en esos hechos. El PP, liderado por el actual vicepresidente canario, José Manuel Soria, obtuvo dos escaños menos (15) que en 2003. Por su parte, el candidato socialista, Juan Fernando López Aguilar, ganó en las urnas pero no pudo formar gobierno.
«Obsesión» de la cúpula
Los cuatro agentes fueron imputados judicialmente por revelación de secretos en relación con las dos operaciones -se les acusó de dar datos de la investigación a algunos implicados-, si bien uno de ellos ya está libre de toda sospecha. En cualquier caso, otras fuentes policiales consultadas que exigen el anonimato confirman la «obsesión» de la cúpula policial de Canarias por impulsar esas investigaciones.
Sin entrar a valorar la existencia o no de esas corruptelas urbanísticas -lo determinará un tribunal, aunque parece que hay pruebas que lo confirman-, sí llaman la atención algunos hechos objetivos. En primer lugar, que las dos investigaciones fueran realizadas por la Brigada de Información, en lugar de por la de Policía Judicial, competente en este tipo de casos. A ese hecho se le une el que al frente de Información estaba entonces Concepción de Vega, actual jefa superior y a la que se tiene por afín al PSOE (el SUP, sindicato al que está afiliada, ha defendido su profesionalidad y preparación, lo mismo que Rubalcaba), mientras que la Judicial estaba mandada por Ignacio Bádenas, profesional con muchos años de experiencia.
Este comisario no participó en las operaciones a pesar de ser un asunto de su competencia y de que ya había hecho otras investigaciones en las que resultó afectado el PP («caso Eólico»). Según las mencionadas fuentes, en opinión del entonces jefe superior, Narciso Ortega, el perfil de Bádenas no era el más adecuado para llevar los asuntos relacionados con la corrupción, o al menos esos casos de Telde y Mogán, si bien lo mantuvo al frente de la Brigada de Policía Judicial.
Su marginación fue ya extraña en la primera de las investigaciones, la del «caso Faycán» -se adujo que Policía Judicial estaba saturada de trabajo-, pero aún más inexplicable en la segunda, la «Góndola», máxime cuando el jefe del Grupo de Información al que se asignó el caso -y que luego sería imputado acusado de las filtraciones- afirma que advirtió a su comisaria, Concepción de Vega, de que no tenía gente suficiente ni con la preparación necesaria para las pesquisas.
La «Góndola», realizada por la Brigada de Información de Canarias, provocó un profundo malestar en la Comisaría General de Policía Judicial, ya que la corrupción forma parte de sus competencias y no había sido informada. Para entonces ya se había creado en esa comisaría general la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para esos casos, como se vio en la «Malaya» o más recientemente en la «Gürtel». Lo ocurrido en Canarias provocó que desde los servicios centrales de la Policía se ordenara que en lo sucesivo ese tipo de pesquisas fueran de la Policía Judicial.
Las fuentes consultadas afirman que ya desde su acceso a la Jefatura Superior, el comisario Ortega mostró su intención, loable sin duda, de ser el azote de la corrupción. El problema, según algunos de sus subordinados, era que casi siempre la buscaba en el mismo sector, el del PP, y en un momento político «sensible», como la precampaña.
También resulta controvertida la figura del fiscal Anticorrupción, Luis del Río, que llevó el «caso Faycán». Este fiscal, de la Unión Progresista, fue designado en enero de 2005. Además, se le nombró teniente fiscal del Tribunal Superior de Canarias, una decisión con pocos precedentes y que le proporcionaba una enorme autoridad.
Un episodio relatado en su denuncia por el inspector del «caso Faycán» resulta revelador. El investigador sitúa la escena en mayo de 2006 y explica que en esas fechas su jefa, la comisaria De Vega, le anunció que estaba previsto realizar una investigación similar a la de Telde, pero esta vez en Mogán. El inspector mostró sus reticencias porque consideraba que una segunda investigación podía plantear muchos más problemas y no contaba con policías especializados. La comisaria le respondió que el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, le había sugerido que fuera Información quien realizara el trabajo y que estaba previsto autorizar un número alto de «pinchazos» telefónicos desde que se presentara la denuncia, por lo que aumentaría el número de funcionarios a su cargo.
Lo más extraño es que se anunciara un número alto de intervenciones incluso antes de que comenzara una investigación formal. El inspector fue relevado de su cargo porque, según se le explicó, había otra persona cuyo «perfil» se ajustaba mejor al «nuevo estilo» que se quería dar a su grupo de Información. El nuevo jefe era subordinado suyo.
Sin comentarios
ABC se ha puesto en contacto con la comisaria De Vega y con el fiscal Del Río. La jefa superior, no quiso hacer valoración alguna. Fuentes de su entorno señalan que cree que este asunto es un tema político en el que ella no entra. Es de destacar su fulgurante carrera, ya que tras su ascenso a comisaria en 2006 y en sólo dos años pasó de la jefatura de Información a dirigir la Unidad Central Operativa Territorial y, finalmente, a jefa superior.
El fiscal niega que él decidiera quién debía realizar las investigaciones. En el «caso Faycán» señala que los investigadores le presentaron un caso sobre el que ya había pesquisas realizadas; en cuanto a la «Góndola», asegura que dos concejalas del PP se dirigieron a él y admite que las derivó a la Jefatura Superior.
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