Garzón calla «de momento» y formaliza ocho días después su inhibición

«De momento» no tiene intención de hablar. La expectación en la Audiencia Nacional ayer era máxima, a la espera de que Baltasar Garzón cumpliera lo que avanzó en su última intervención en Guatemala horas antes de emprender vuelo rumbo a España: «Cuando vuelva hablaré, y a lo mejor hasta me dicen que me calle».
Ni una cosa ni la otra, porque el magistrado, que cruzó el umbral del Juzgado Central de Instrucción número 5 a las diez menos cuarto de la mañana, no abrió la boca ante los medios de comunicación y se limitó a cumplir con su función jurisdiccional, que ayer volvió a tener como protagonista el «caso Gürtel». De esta forma, Garzón cumplía con los deseos del Grupo Popular en el Congreso que ayer mismo pedía que los jueces «deben hablar por sus providencias, autos y sentencias, y a mí me preocupan esos jueces que hablan por sus declaraciones, cuando su primera obligación es cumplir el derecho a la tutela judicial efectiva que consiste en respetar la presunción de inocencia».
Colapso en reprografía
Pese a que hace ya ocho días que se inhibió en favor de los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Valencia (TSJM y TSJV) tras encontrar indidios de responsabilidad penal en cinco aforados autonómicos (dos de Valencia y tres de Madrid), el magistrado no les remitió la causa hasta ayer, recién aterrizado de Guatemala.
Fuentes jurídicas explicaron que Garzón dejó firmados los oficios que contenían las exposiciones motivadas el lunes, un día antes de marcharse. No obstante, y según esas mismas fuentes, la remisión de la causa no se pudo hacer hasta ayer por «problemas en el servicio de reprografía» de la Audiencia, saturado con el ingente número de fotocopias que ha habido que hacer. A primera hora de la tarde salían de este Tribunal las nueve primeras cajas con las diligencias practicadas.
La remisión de la causa se producía apenas 24 horas después de que el PP presentara en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito en el que denunciaba el hecho de que el juez se hubiera ido a Guatemala sin haber formalizado su inhibición.
En este sentido, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, se erigió ayer en la más firme defensora de la actuación del magistrado y aclaró que su viaje no interfiere en que las actuaciones de la «Gürtel» no hayan llegado a su destino, pues, recordó, «aunque el juez no esté en el juzgado, éste puede seguir funcionando» igualmente.
Apenas cuatro horas antes de que la causa saliera de la Audiencia, el juez terminaba de tomar declaración, por segunda vez, a José Tomás, el sastre que presuntamente tomó medidas al presidente valenciano, Francisco Camps, para confeccionarle los trajes. Pese a declarar en calidad de testigo, Tomás decidió acudir al Juzgado de Garzón acompañado por su abogado. Ni uno ni otro quisieron hablar con los periodistas.
El pasado 5 de marzo, y tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez se inhibió en favor de los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Valencia al encontrarse entre los investigados cinco aforados: se trataba del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP, el diputado autómico Ricardo Costa, y los diputados de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
El miércoles, ante el juez
Junto con estos investigados hay otras 45 personas imputadas, ocho de ellas el 5 de marzo. Los seis nuevos imputados relacionados con la «trama» de Madrid, entre los que están los ex alcaldes de Arganda, Ginés López, y de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, han sido citados por Garzón para el miércoles, siempre y cuando no se haya pronunciado antes el TSJM, en cuyo caso ya le correspondería a este Tribunal.
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