Tabú «or not» tabú
En buena parte de Europa y en EE.UU. la intervención pública para sanear entidades es ya una realidad. De momento, la mejor opción
Planes de rescate, inyecciones de capital, avales sobre las emisiones de deuda, compra de activos... El abanico de posibles medidas y la cantidad de liquidez puesta sobre la mesa destinada a ayudar a la banca y sofocar la crisis financiera comienza a ser mareante. O eso nos parece a los que estamos de meros espectadores. Sin embargo, hay quien dice que aún no es suficiente. Tanto que de un tiempo a esta parte se ha reabierto el debate sobre una medida considerada entre los banqueros y los inversores como «tabú»: la nacionalización de la banca.
El Ejecutivo español se ha mostrado reacio a plantear la nacionalización total de entidades financieras: «Nadie se lo plantea en España en estos momentos, ni siquiera ha hecho falta recapitalizar ninguna entidad hasta ahora», argumentaba el vicepresidente económico esta semana, mientras reconocía que lo que sí existe, sin embargo, «son múltiples formas de intervención antes que llegar a la nacionalización», definida como la toma de control del 100% del capital de una entidad por los poderes públicos.
... esa es la cuestión
¿Intervenir o nacionalizar entidades financieras? Esa es la cuestión. Durante esta semana el debate ha quedado más que servido y ha generado un tenso pulso entre los que defienden una y otra postura. En la cabecera del mano a mano se encuentran el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que defiende que el Gobierno inyecte capital público en todos los bancos y cajas: «el Gobierno está perdiendo la paciencia con el sector por su negativa a dar crédito». Enfrente, Solbes, que abre la puerta a intervenir, pero descarta nacionalizar. Pero, ¿y si en vez del 100% el Estado compra parte del capital de estas entidades?
Pese a que la cuestión está encima de la mesa, el gobernador del Banco de España, Migel Ángel Fernández Ordóñez, aseguraba el pasado miércoles que la banca española es muy sólida y «quien diga que hay crisis bancaria, miente». Sin embargo, en un alarde de precaución y previsión ha apuntado que esto no quiere decir que nuestro sistema financiero vaya a ser inmune frente al aumento de la morosidad, el encarecimiento de la financiación internacional y el menor negocio, procesos que ha desatado la crisis. De no ser inmune, abogó por las recapitalizaciones —opción que contempla la legislación desde el pasado octubre— «temporales y condicionadas», ya que considera que valen para «salvar entidades y eso puede ser bueno en algún momento porque si no hay bancos, no hay financiación».
Varios expertos consultados coinciden con Fernández Ordoñez en que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) debe ser el instrumento a utilizar, tal y como ocurrió en el caso Banesto, «ya que desempeña un papel muy importante en operaciones de saneamiento».
Para despejar dudas sobre el debate en cuestión, algunos expertos señalan que hay que partir de la premisa de que en nuestro país el 52% del sistema financiero «podría considerarse como ya nacionalizado». Ahora bien, hablar de nacionalización en el sistema bancario español es poco menos que tabú, aunque la idiosincracia de las cajas de ahorros españolas —controladas por los gobiernos autonómicos—, daría mucho que hablar sobre la conveniencia o no de utilizar dicho vocablo a la hora de referirse a ellas. «Por eso, la fórmula no es nacionalizar —apunta Enrique Quemada, consejero delegado de OnetoOne Capital Partners—. Sebastián manifiesta que ha perdido la paciencia pero, ¿cómo va a perderla si es él quien gobierna y dirige las cajas? Nacionalizar las cajas no tiene sentido porque los políticos ya se encargan de organizarlas, en vez de sus gestores, que son los banqueros. Si se trata de un banco que funciona mal, entre las opciones que se plantean destaca que otra entidad española o extranjera lo compre, o que los políticos negocien que otro banco se quede con la entidad en dificultades a cambio de recibir ayudas».
Otra de las alternativas para descartar la nacionalización es la de considerar a los bancos como un negocio de concesión donde los activos y pasivos sean propiedad del Estado, pero su gestión —al igual que en muchas infraestructuras— quede en manos de una empresa privada. La concesión podría tener un plazo determinado y, una vez finalizado, sólo podría ser renovada a dicha empresa privada si ha alcanzado unos determinados objetivos—tasa de mora, rentabilidad, número de préstamos concedidos...—. Si su gestión no es exitosa, sería otra empresa gestora privada a la que se le adjudicaría la concesión en un concurso.
Papel de los accionistas
A pesar de que las nacionalizaciones suponen una inyección de capital público como medida de salvamento, los expertos aseguran que las realizadas tanto en Europa como en EE.UU. están afectando de manera negativa a los accionistas. Por un lado, estas operaciones no son vistas con buenos ojos por el mercado bursátil, lo que genera fuertes caídas en los valores bancarios. Por otra parte, los accionistas se pueden ver sometidos a sufrir los cambios que anuncien las entidades en su política de retribución, ya que tampoco estaría bien visto que un banco siga dando dividendos a sus accionistas si ha necesitado dinero para seguir funcionando y evitar la quiebra.
Además, nacionalizar aunque sólo sea un banco crearía desconfianza en el resto de las entidades, generaría un mayor grado de incertidumbre y no habría inversión privada en el sistema financiero. La siguiente pregunta sería: ¿cuántos bancos más se encuentran en situación desesperada?
«Lo previsible es utilizar una medida híbrida entre intervención, como se hizo en Banesto, y nacionalizar, como en Rumasa. Si, por ejemplo, una caja tiene problemas, y ese problema está cuantificado, el FGD lo absorberá, y una vez saneada, se fusionaría con otra caja. Esto lo vamos a ver en breve y en repetidas ocasiones. Hay que dejar de sonrojarse porque si en la mayoría de los países ya se están realizando todo tipo de intervenciones para sanear entidades, en España tenemos que hacer igual, no pasa nada», argumenta el director general de Renta 4.
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