El Ministerio de Bermejo ordena a los secretarios que «controlen a los jueces que hacen huelga»
Casi una tercera parte de los jueces que trabajan en salas de nuestro país están llamados mañana a secundar una huelga que se promete histórica , como lo es el solo hecho de que nunca en tres décadas de historia democrática en España se ha vivido una jornada de paralización durante 24 horas seguidas de parte de la Administración de la Justicia.
Pero el departamento del Estado, dirigido por un Mariano Fernández Bermejo que hoy ha lanzado balones fuera al ser preguntado por la jornada de paro histórico diciendo que «es una paradoja que se pongan en huelga los jueces y los pilotos [en alusión a la huelga que mantienen los comandantes de la compañía Iberia] y no el proletariado» , pretende amortiguar los efectos de esa jornada de huelga que se hace, precisamente, para protestar al Ministerio de Justicia por diversas medidas que se pretenden llevar a cabo o algunos defectos estructurales del servicio a los que no se da respuesta.
Además de fijar los necesarios servicios mínimos para el funcionamiento de las diligencias más urgentes -como el levantamiento de cadáveres-, Justicia llevará internamente un recuento de los jueces que secunden los paros de diez minutos, o la huelga íntegra de 24 horas, en cada caso. ¿Cómo llevará este cómputo? A través de los secretarios judiciales, auténticos «funcionarios al servicio del Ministerio de Justicia», según ha dicho a ABC.es Conrado Gallardo, presidente de una de las asociaciones de jueces convocantes de la huelga mañana, el Foro Judicial Independiente .
Sin embargo, según fuentes del cuerpo judicial directamente aludido por Gallardo, para ellos esta situación «les coloca en una posición incómoda », pero como es «la primera huelga» que se produce, el Ministerio sólo quiere saber «cómo afecta la huelga a la prestación del servicio de la Justicia». Además, han añadido las mismas fuentes consultadas, «reglamentariamente Justicia tiene competencia para pedirles que envíen los datos a los Secretarios de Gobierno, que remitirán un solo dato global», y nunca juez a juez, al departamento estatal.
En palabras de Gallardo, que charlará el próximo jueves con los lectores de este periódico , Justicia da buena muestra de su «idea de la independencia judicial» dirigiendo instrucciones a los secretarios de Gobierno, para que la trasladen a los secretarios judiciales de cada tribunal, y que estos lleven un «control» de las actitudes y decisiones personales de cada juez.
Según una instrucción interna remitida por el Ministerio de Bermejo y que lleva la firma de la secretaria general de la Administración de Justicia, María Pilar Rodríguez Fernández, a la que ha tenido acceso ABC.es, «se solicita la colaboración de los Secreatrios de Gobierno en orden a obtener los datos que resultan precisos entre los secretarios judiciales destinados en el ámbito de su territorio». Esta instrucción, que reproducimos, agrega que los secretarios deberán remitir mañana al Ministerio de Justicia y antes de las 15.00 horas los siguientes datos, entre otros:
-Las vistas y otras actuaciones procesales señaladas para el día 18 y que sean suspendidas con anterioridad a esa fecha, además de la causa de la suspensión;
-número total de órganos judiciales que han suspendido vistas y otras actuaciones, además de los que no han respetado el horario de audiencia pública;
-otras incidencias a destacar.
Después de esta anotación al dedillo de lo que ocurra durante el paro previsto (de diez minutos, en toda España) y la jornada de huelga íntegra (que secundarán unos 1.700 jueces de los 4.440 que hay en activo), los secretarios judiciales deben remitir «la tablas de sus respectivos órganos judiciales a los Secretarios Coordinadores Provinciales pro correo eléctrónico», estos a los Secreatrios de Gobierno y estos «a la Secretaría General de la Administración de Justicia».
Así, a partir de las 15.00 horas de mañana, Justicia podrá llevar un baile paralelo de cifras de quiénes y en qué puntos han secundado el paro o la huelga de protesta, aunque dejará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sea el que salga ante los medios para valorar el seguimiento de la movilización judicial.
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