La CE dejará que cada país europeo defina el «servicio público» en televisión
El proyecto en el que trabaja la Comisión Europea para mejorar la financiación de las televisiones públicas en Europa no ha dejado indiferente a nadie en el sector.
Primero fueron las televisiones privadas las que denunciaron la doble financiación de las públicas con las que tienen que competir y, recientemente, han sido los entes públicos los que se quejan de que se les trate como a cualquier otro sector económico en cuanto a su financiación se refiere.
En medio de estos dos grandes colectivos con intereses opuestos se encuentra la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, sobre quien recae en última instancia la responsabilidad de proponer una legislación que será luego sometida a votación en el Consejo de la Unión Europea.
Kroes envió ayer una carta a ABC, en la que responde a algunas de las críticas a su proyecto que han sido realizadas por parte de las televisiones públicas europeas, agrupadas en la Unión Europea de Radiotelevisión (UER), y que fueron reseñadas en un artículo sobre este mismo tema aparecido en ABC en la edición del pasado día 9 de febrero.
Descentralizar decisiones
La comisaria considera que, al contrario de lo que sostiene la UER, «no es mi intención determinar qué tipo de programas se han de emitir en la televisión pública y en el propio borrador de la Comunicación se menciona que la definición de misión de servicio público incumbe a los Estados miembros, que pueden tomar decisiones en la materia en el ámbito nacional, regional o local».
En cuanto al futuro de la radiotelevisión pública en Europa la idea del Ejecutivo comunitario, según explica Kroes, es «que el dinero de los contribuyentes se use para proporcionar un servicio público de radiodifusión moderno y de calidad que aproveche las oportunidades que el desarrollo tecnológico ofrece a los medios de comunicación.
Pero deseo que esto ocurra en un marco donde otros medios (televisión privada, prensa, operadores de telecomunicaciones, internet) puedan también mejorar y diversificar su oferta».
La máxima autoridad de Competencia europea añade que «el interés de todos es que tanto los medios públicos como los privados tengan oportunidades en la presente evolución acelerada del marco de actividad de los medios de comunicación. Y no porque prefiera un tipo cualquiera de empresa antes que otra, puesto que mi obligación es ser objetiva, sino porque tengo la convicción de que ello redunda en el mayor interés para los ciudadanos, y es de esto de lo que se trata».
La intención de Bruselas con esta nueva normativa, que tras el periodo de consultas en el que está ahora podría ver la luz en los próximos meses, radica en introducir más control en la discrecionalidad actual que tienen los países europeos a la hora de conceder ayudas públicas a sus respectivas televisiones, de modo que no se altere la competencia entre cadenas de televisión comerciales y entes públicos.
Al mismo tiempo se intentará que cada país precise un poco más el concepto de «servicio público» para evitar que programas de baja calidad reciban dinero del Estado.
Reforzar los controles
La idea que plantea la Comisión Europea es que habría que reforzar los mecanismos de control en los países para evitar la sobrefinanciación y las subvenciones cruzadas con las actividades comerciales, tal y como llevan años denunciando las TV comerciales europeas, agrupadas en la Asociación de Televisiones Comerciales Europeas (ACT).
La ACT asegura que los 22.000 millones de euros de subvenciones que reciben las públicas europeas no siempre se usan para fines de servicio público y, además, distorsión de la competencia y ventajas a la hora de competir en el mercado. La UER rechaza las acusaciones y sostiene que la CE debe tener en cuenta la necesidad de independencia de las públicas en la normativa sobre la sobrefinanciación.
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