Una operación que apesta

El escándalo de corrupción destapado por Garzón apesta. Apesta en primer lugar por los presuntos delitos de los implicados que, a juzgar por los datos conocidos, muestran categoría de realidad más que de sospecha. Y de la peor especie, de cuatro chorizos, pero de campeonato. Lo que demuestra lo ya sabido. Que los chorizos acechan a los partidos y que algunos de ellos llegan hasta el corazón de las estructuras partidistas sin que las cúpulas muestren jamás la suficiente diligencia para depurarlos a tiempo.

Pero la operación de Garzón apesta por un segundo motivo que me parece aún más preocupante. Y que afecta al corazón mismo del Estado de Derecho. Y es la sospechosa apariencia de operación política que presenta la operación judicial. Por sus múltiples casualidades. Con una corrupción igual de extendida en todos los partidos de poder, he aquí que la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón destapan, casualmente, una trama que afecta únicamente a cargos del Partido Popular. Casualmente también, la investigación se puso en marcha justamente en junio de 2004, después de que el PSOE ganara las elecciones. Y nuevamente por casualidad, Garzón tenía previsto detener a los sospechosos en mayo de este año, unos días antes de las elecciones europeas. A la vista de que, al parecer, uno de los sospechosos iba a trasladarse a vivir al extranjero, las detenciones se producen ahora, otra casualidad, a pocos días de dos citas electorales importantes y en medio de una crisis económica que tiene acorralado al Gobierno. Y más casualidades aún. Resulta que los sospechosos fueron detenidos, muy oportunamente, un viernes, de tal forma que Garzón no tuvo tiempo de interrogarlos y tuvieron que pasar el fin de semana en la cárcel.

Y también le faltó tiempo el lunes, y el martes estaba ocupado, lo que suma, de momento, seis días de escándalo al rojo vivo, bien alimentado por las oportunas filtraciones.

La Justicia está en la obligación de investigar y juzgar este caso. Y muchos ciudadanos también nos creemos en el derecho de conocer por qué y qué casos está investigando, casualmente, la Fiscalía Anticorrupción.