El PSOE da marcha atrás en el debate urbanístico en Bruselas y se acerca a la posición del PP
LAURA VILLENA SERVICIO ESPECIAL
BRUSELAS. Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo, apenas quedan seis meses para que los españoles y sus compatriotas europeos den su veredicto a los cinco años de legislatura en el hemiciclo de Bruselas y resulta inevitable -a veces cómico- que debates y discursos hasta ahora encendidos y abiertamente alentados por determinados grupos políticos empiecen a cobrar la sensatez y la prudencia que les faltó desde el principio. Y es que las elecciones y las crisis económicas nunca hicieron un buen «ménage».
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, convertido en confesionario de los abusos urbanísticos en España y lugar de debate ayer del tercer informe sobre el «impacto de la urbanización extensiva en España», fue testigo de ello.
Por primera vez en mucho tiempo, socialistas y populares españoles parecían tener algo en común: la crisis del sector de la construcción y la cola del paro. Ni quienes se han visto asediados por la llegada masiva de peticiones al Parlamento Europeo, ni quienes han alentado la visita de los peticionarios, promovido la redacción de informes y el envío de misiones parlamentarias a España, parecían ayer dispuestos a que un tercer texto aprobado en la Eurocámara promueva la privación a España de sus fondos de cohesión o la imposición de una moratoria urbanística. Las filas socialistas españolas saben que no es momento para apretar el cinturón al sector de la construcción y, en un cambio de maniobra que se lleva percibiendo desde hace meses, se mostraron ayer dispuestas a presentar enmiendas junto al PP que diluyan un texto que podría ser demoledor.
Aunque el nuevo informe de Auken no tendrá carácter vinculante, será votado en el pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo y sentaría, al menos, un tercer precedente.
En este sentido, la eurodiputada socialista Inés Ayala afirmó ayer que su partido «disiente» de varios puntos del informe, y citó los que exigen una moratoria a los planes urbanísticos que atentan contra la normativa europea y el bloqueo de fondos de cohesión a España. «La crisis ya es una moratoria», afirmó Ayala, quien respondió favorablemente al «llamamiento de responsabilidad» que hizo el eurodiputado popular Gerardo Galeote para que PP y PSOE frenen «la sinrazón del informe» mediante la presentación de enmiendas. «Llamo al grupo socialista para que actúen con responsabilidad y no dañen a un sector que ya ha sido muy castigado por la crisis», afirmó Galeote.
Cuatro años de debate
El informe Auken es la puntilla a casi cuatro años de debate en la Eurocámara que se han saldado con la aprobación de dos informes en los que se denuncian los abusos urbanísticos en España y el incumplimiento de la normativa de contratación pública, de la Directiva marco del agua y de la Directiva Habitat de Medio Ambiente de algunos proyectos, gran parte de los cuales se concentran en la costa valenciana.
En torno a esta polémica, el presidente valenciano, Francisco Camps, reclamó ayer a los socialistas valencianos que pidan «excusas» a la Comunidad valenciana por el «daño tan profundo que han hecho a la imagen del urbanismo» y por lo que entiende como una directa relación de esta actitud con la «destrucción de puestos de trabajo» en la región, informa M. Conejos.
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