Kirchner comienza el proceso de expropiación de Aerolíneas a Marsans

El Gobierno argentino dio ayer un paso más en su camino para cumplir el calendario para la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans. La compañía española recibió por la mañana la comunicación oficial de la medida y fue advertida de que dispone de 15 días para aceptarla. Pese a ello, Marsans aseguró ayer que seguirá negociando con el gobierno argentino para llegar a un acuerdo. Estas negociaciones incluirían la cesión del contrato de compra de 30 aviones a Airbus.

La política de hechos consumados se impone en el destino de Aerolíneas. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, designó al Ministerio de Planificación (arte y parte en el conflicto) «organismo expropiante» para que el Estado recupere la compañía por un dólar, lo mismo que Marsans desembolsó a Iberia en 2001.

De acuerdo al decreto firmado por la presidenta y publicado en el equivalente al BOE en Argentina, se creará una comisión oficial responsable de «la continuidad y seguridad del servicio», el «resguardo de los bienes», así como de garantizar la conservación de los casi 9.000 puestos de trabajo mientras se cumple con todo el proceso de expropiación. Una vez concluido éste, los trabajadores, por decreto, pasaran a ser titulares del 10% de las acciones de la compañía. Simultáneamente, Kirchner instruyó a la Procuraduría del Tesoro a denunciar y a «presentarse en todas las causas en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad». El párrafo apunta a las acusaciones de «vaciamiento» de Aerolíneas durante la última década.

Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans y uno de los negociadores, junto con Eduardo Aranda, no se sorprendió. «Son los pasos previstos, no hay cambios», reconoció. El objetivo del Gobierno, según Muñoz, «es convertir en legal una situación ilegal». Las negociaciones entre el Gobierno y la empresa se rompieron a mediados de diciembre, después de que el Ejecutivo argentino rechazara cumplir un acuerdo, suscrito en julio, que le obligaba a buscar un tasador independiente de la compañía si ambas partes no coincidían, como así fue, en sus respectivas auditorías. Para Marsans, según Credit Suisse, Aerolíneas y su filial Austral tenían un valor entre 330 y 546 millones de dólares mientras que para el Tribunal de Tasación de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación, su precio era de -830 millones.