Despega la expropiación de Aerolíneas Argentinas
El Gobierno argentino ha dado un paso más en su camino para cumplir el calendario de expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) a Intervinvest (Marsans). La compañía española recibió esta mañana la comunicación oficial de la medida y, aunque es público que la ha recurrido a tribunales internacionales, fue advertida de que dispone de quince días para aceptarla.
La política de hechos consumados se impone en el destino de AA. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, designó al Ministerio de Planificación, -arte y parte en el conflicto de AA-, “organismo expropiante” para que el Estado recupere la compañía por un dólar, el mismo importe que Marsans desembolsó a Iberia en el año 2001.
De acuerdo al decreto firmado por la presidenta y publicado en el equivalente al BOE en Argentina, se creará una comisión oficial responsable de “la continuidad y seguridad del servicio”, el “resguardo de los bienes”, así como de garantizar la conservación de los casi nueve mil puestos de trabajo mientras se cumple con todo el proceso de expropiación. Una vez concluido éste, los trabajadores, por decreto, pasaran a ser titulares del 10 por ciento de las acciones de la compañía.
Simultáneamente, Kirchner instruyó a la Procuraduría del Tesoro a denunciar y a “presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios”, es decir Marsans mediante Interinvest, o cualquier otro, “hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad”. El párrafo apunta a las acusaciones de “vaciamiento” de AA durante la última década. La aerolínea, fue adquirida por Iberia, a petición del Gobierno argentino, en 1990.
Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans y uno de los negociadores, junto con Eduardo Aranda, de este conflicto, no se sorprendió con la noticia del decreto: “Son los pasos previstos” por el Ejecutivo, “no hay cambios” en el calendario de expropiación, reconoció. El objetivo del Gobierno, según Muñoz, “es convertir en legal una situación ilegal”.
Las negociaciones entre el Gobierno y la empresa se rompieron a mediados de diciembre después de que el Ejecutivo argentino rechazara cumplir un acuerdo, suscrito en el mes de julio, que le obligaba a buscar un tasador independiente de la compañía si ambas partes , como así fue, no coincidian en sus respectivas auditorias encargadas. Para Marsans, según informe del Credit Suisse, Aerolíneas Argentinas y Austral, su filial de vuelos domésticos, tenían un valor entre 330 y 546 millones de dólares mientras que para el Tribunal de Tasación de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación, su precio era negativo de 830 millones de dólares.
Vicente Muñoz denunció en reiteradas ocasiones la parcialidad del informe del Tribunal de Tasación que, aseguró, “ni siquiera otorgaba valor al nombre de Aerolíneas Argentinas”. El director corporativo de Marsans insistió en que los plazos del Gobierno para expropiar AA se estaban cumpliendo pero también los del recurso del grupo Marsans presentado al Ciadi, tribunal internacional dependiente del Banco mundial para resolver diferencias entre inversores extranjeros y Gobierno. “Está siguiendo su curso”, aseguró.
El Gobierno argentino tenía el control de AA desde el 17 de julio, fecha de la firma del acuerdo mencionado. En noviembre, unas semanas antes de que el Congreso argentino diera luz verde a la expropiación, un juez argentino prohibió a Marsans adoptar decisiones de gestión de la compañía. La compaía española atribuye el mal funcionamiento de AA durante los últimos años a la media docena de sindicatos con los que ha tenido severos enfrentamientos y en especial al de los pilotos que protagonizaron un sin fin de hulegas.
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