La Fiscalía de Badajoz investiga el hallazgo de atestados de tráfico en la basura
La Fiscalía de Badajoz investigará por qué numerosos atestados de tráfico, incluyendo datos personales, fueron arrojados a contenedores de basura la semana pasada. Decenas de estos expedientes, que procedían de la propia Fiscalía, fueron tirados a los contenedores de recogida de residuos que se encuentran junto al edificio de la Audiencia de Badajoz.
Esos informes incluyen todos los datos que recogen la Guardia Civil o la Policía en caso de accidente: descripción del suceso, filiación de los accidentados, detalladas fotografías del siniestro, incluidos los fallecidos, e informes médicos de los heridos.
Esos datos personales e íntimos estaban al alcance de la curiosidad de cualquier ciudadano. Se trata de expedientes recientes, de hechos sucedidos en 2008 tanto en la ciudad de Badajoz como en la provincia. Todos los expedientes van dirigidos al fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Según explicó Antonio Mateos, fiscal jefe de Badajoz, se ha producido un error en el tratamiento de esos documentos. Lo habitual es que los expedientes se manden al archivo. Cuando se considera que ya no es preciso conservarlos se llama a la Gerencia de Justicia para que los recoja y los destruya de acuerdo con las cautelas que establece la Ley de Protección de Datos.
El fiscal jefe afirma que la Fiscalía no dispone de ninguna máquina que pueda destruir gran cantidad de documentos, ni tampoco puede llamar por su cuenta a una empresa especializada en esa tarea. Es la Gerencia la que se encarga de esa función.
Multas cuantiosas
«No le quiero quitar importancia al hecho», afirma Antonio Mateos, que reconoce que se ha producido un error lamentable al tirar a la basura unos documentos que debían haber sido destruidos conforme a la ley. «Intentaré averiguar qué ha pasado».
Arrojar a un contenedor de basura datos de carácter personal podría incumplir la La Ley Orgánica de Protección de datos, que obliga tanto a instituciones como a empresas a establecer las cautelas necesarias para evitar la difusión de los datos que se almacenan. De hecho, la Agencia de Protección de Datos, que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de esa ley, ya ha puesto numerosas multas por tratar de manera negligente los datos sensibles. Las multas van desde los 600 euros a los 600.000, según la entidad de la falta.
Ley de protección de datos
En 2003, por ejemplo, se multó a dos clínicas sevillanas por una actuación similar: tirar a la basura historiales médicos. La multa fue importante: 300.506 euros. La ley española de protección de datos está considerada como una de las más rigurosas de la UE. Castiga no sólo la negligencia en la custodia de archivos sino la utilización de éstos para fines diferentes a los que se obtuvieron, y la venta o cesión a otra empresa con fines publicitarios.
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