La oposición tailandesa desbloquea los aeropuertos tras la caída del Gobierno
El primer ministro, Somchai Wongsawat, acepta la disolución de su partido, pero la crisis no está aún cerrada porque los partidarios del Ejecutivo podrían fundar un nuevo partido político para seguir en el poder
El Tribunal Constitucional tumbó ayer al Gobierno de Tailandia, que venía resistiendo desde mayo una grave crisis política que ha paralizado al país después de que miles de manifestantes de la oposición ocuparan en agosto la sede del Ejecutivo y, hace una semana, los dos aeropuertos de Bangkok.
En una sentencia que ha sido calificada de golpe de Estado judicial por los partidarios del Ejecutivo, el Constitucional ilegalizó a tres de los grupos políticos que forman la coalición gubernamental: el Partido del Poder Popular (PPP), Chart Thai (Nación tailandesa) y Matchimathipataya (Por la democracia).
Dichas formaciones fueron declaradas culpables de fraude electoral en los comicios que tuvieron lugar en diciembre del año pasado, donde la Comisión Electoral Central había detectado irregularidades como la compra de votos de los campesinos, una práctica habitual en Tailandia, o sobornos a las autoridades locales para hacer campaña a su favor.
Junto a otros 108 miembros de estos tres partidos, el fallo judicial inhabilita al actual primer ministro, Somchai Wongsawat, para el ejercicio de la política durante cinco años. “No hay problema, no estaba trabajando para mí. Mi cometido ha terminado. Ahora soy un ciudadano corriente”, aceptó la sentencia, con cierto alivio, el ya ex jefe del Gobierno, que se había tenido que refugiar en la ciudad de Chiang Mai, a 550 kilómetros al norte de Bangkok y bastión electoral de su grupo político.
Tras dejar el cargo, Somchai será sustituido por el viceprimer ministro Chaovarat Chanweerakul, quien se ha hecho con el poder a la espera de saber si disolverá el Parlamento para convocar nuevas elecciones o si se creará un nuevo partido político que proponga a un sucesor en un plazo de 60 días.
De hecho, ya ha surgido un nuevo grupo, denominado Puea Thai (Para los tailandeses), que puede recoger el testigo del ilegalizado PPP del ex primer ministro Somchai y servir como nueva plataforma a sus seguidores.
La sentencia fue acogida con euforia por los miles de manifestantes que mantienen ocupados los dos aeropuertos de Bangkok. Aunque con cierta confusión, la oposición, agrupada en torno a la denominada Alianza Popular por la Democracia (APD), ha prometido levantar hoy este bloqueo para que el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi y el doméstico de Don Muang puedan ser abiertos al tráfico aéreo cuanto antes.
Bajo la amenaza de volver a tomarlos, la APD ha puesto condiciones y exige al Gobierno que “presente a nuevos políticos que no sean una marioneta del ex primer ministro Thaksin Shinawatra”, huido del país y condenado a dos años de cárcel por corrupción. De eso, precisamente, acusaban al ya depuesto Somchai, que es cuñado de Thaksin. Este multimillonario, que empezó como policía y acabó como magnate de las telecomunicaciones, dirigió Tailandia entre 2001 y 2006, pero fue depuesto por un golpe de Estado incruento en septiembre de ese año.
A pesar de la caída del Gobierno, no parece que el fin de la crisis esté cerca porque dos de los posibles candidatos a nuevo primer ministro son Chalerm Yubamrung, un político de Bangkok, y el ex ministro de Comercio Mingkwan Sangsuwan, considerados ambos estrechos aliados de Thaksin.
Todo dependerá, por tanto, de la reacción de los partidarios del Gobierno, que se han echado a las calles denunciando un golpe de Estado judicial, y de la actitud que adopte el venerado rey Bhumibol Adulyadej, quien se dirigirá a la nación el jueves, un día antes de cumplir 81 años.
Como en ocasiones anteriores, dicho discurso podría ser crucial para resolver la crisis porque la palabra del monarca, el más veterano del mundo al llevar reinando desde 1946, es sagrada para los tailandeses, que lo tienen idealizado y adoran como si fuera un dios viviente en altares con su imagen repartidos por todo el país.
Tras la disolución del partido en el poder, todo indica que el rey Bhumibol retirará explícitamente su apoyo al Gobierno – que en realidad nunca se lo ha dado – y reclamará nuevas elecciones para acabar con la parálisis que sufre Tailandia. De esta manera, se habrá consumado la caída del Ejecutivo por su propio peso y sin necesidad de que los siempre decisivos militares, que también apoyan a la oposición, recurran a un nuevo golpe de Estado, que sería el decimonoveno desde el fin de la monarquía absolutista en 1932.
La oposición, leal al soberano, está formada por la oligarquía y la clase media urbana, que intentan arrebatar el poder a un Gobierno elegido democráticamente y que cuenta con el respaldo del mayoritario mundo rural tailandés. Aunque corrupto, tanto el PPP como su antecesor, el partido Thai Rak Thai (Los tailandeses aman lo tailandés) del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, son los únicos que han llevado a cabo medidas de apoyo al paupérrimo campesinado.
Por ese motivo, la elitista Alianza Popular por la Democracia se ha movilizado para derrocar al Ejecutivo y, a pesar de su nombre, aboga por limitar el sufragio universal con el fin de que el sólo el 30 por ciento del Parlamento sea elegido en las urnas, mientras que el resto sería nombrado directamente por distintas fuerzas sociales.
En resumen, lo que está en juego en Tailandia es el poder que se disputan la clase alta y media de las ciudades y el mundo rural, manejados ambos por políticos corruptos como el populista Thaksin o por los oscuros personajes que dirigen el movimiento opositor. Entre ellos, destacan el ex general Chamlong Srimuang y el antiguo magnate de los medios de comunicación Sondhi Limtongkul, quien al principio apoyaba a Thaksin y luego propició su caída.
La crisis, por tanto, no ha acabado en la convulsa Tailandia, cuya principal industria, el turismo, ha quedado muy dañada después de que 350.000 turistas extranjeros, entre ellos unos 400 españoles, se quedaran atrapados en el “país de la sonrisa”, que a partir de ahora podría ser rebautizado como el “país de las protestas”.
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