Garzón entierra su causa sobre la memoria histórica tras certificar la muerte de Franco
Menciona una nueva categoría de «desaparecidos»: los niños del franquismo, hoy adultos sin su identidad
Treinta y dos días después de haberse declarado competente para instruir la causa de las «desapariciones forzosas» de la Guerra Civil y el franquismo, y con las esperanzas de miles de familias en plena ebullición, el juez Baltasar Garzón dio ayer un inesperado giro al reconocer que no corresponde a la Audiencia Nacional investigar estos hechos.
El magistrado, que da marcha atrás dos días antes de que se cumplan 33 años de la muerte de Franco, se ratifica en cada uno de los argumentos que le llevaron a asumir la competencia para instruir esta causa, pero se inhibe en favor de los juzgados de las localidades en las que se encuentran ubicadas las fosas al constata
En una resolución calificada de «aberración jurídica» por fuentes de la Audiencia Nacional, Garzón declara extinguida la responsabilidad penal de los miembros de los gobiernos franquistas y de los dirigentes de Falange cuyos certificados de defunción había solicitado. Y lo hace de una forma tan jurídicamente «atípica» que, según recalcan esas fuentes, ni siquiera habría sido correcta en el caso de que se hubiera declarado competente: no es él, sino la Sala de lo Penal la que, en su caso, tendría que declarar extinguida la responsabilidad penal de los presuntos autores de esas «desapariciones forzosas», que ahora, además de muertos, incluye niños que «perdieron su identidad». Pero, por lo pronto, Garzón ni siquiera elevó a sus superiores jerárquicos una supuesta declinatoria de jurisdicción, lo que procesalmente habría sido lo correcto.
El precedente de la paralización
La decisión del instructor se produce días antes de que el Pleno de la Sala de lo Penal se reúna para estudiar el incidente de competencia planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, duramente atacada por Garzón (la acusa de crear inseguridad jurídica al mantener criterios «diametralmente opuestos» en casos prácticamente idénticos, como el de los españoles de Mathausen). La paralización de las exhumaciones que, como medida cautelarísima, acordaron los magistrados (con diez votos a favor y cinco en contra) el pasado 7 de noviembre quizá le ha dado alguna pista sobre la que podría ser la decisión de sus superiores jerárquicos. Un pronunciamiento que, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, tendrá que producirse de igual forma, previo informe de las partes, incluido el propio Garzón, que, lejos de poner en duda su propia competencia (el pasado 16 de octubre) no tardó ni 24 horas en transformar el procedimiento abreviado en sumario, blindando aún más su investigación.
Lo cierto es que el auto, además de estar plagado de duros mensajes al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al que devuelve la pelota de las críticas a sus recursos ante la Sala de lo Penal, supone una justificación a todos los reproches que viene recibiendo desde el pasado 1 de septiembre, cuando, en contra del criterio de la Fiscalía, decidió acoger las demandas de una veintena de asociaciones que solicitaban su autorización para levantar fosas en 27 provincias de España.
«Cínicos y frívolos»
De hecho, Garzón llega a decir que las víctimas «no se merecen (...) la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial».
Paradójicamente, y pese a declararse incompetente para investigar las «desapariciones forzosas» de la Guerra Civil y el franquismo, Garzón apuntala aún más las razones que le llevaron a adoptar la decisión contraria hace un mes. Así, y a modo de resumen, sigue defendiendo que el núcleo de la investigación son delitos de «detención ilegal» -sin dar razón del paradero de la víctima- en el contexto de crímenes contra la humanidad y en conexión con un delito contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno. Ratifica también el carácter permanente del delito al tratarse de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles y la no absorción de los mismos por la Ley de Amnistía de 1977. Garzón vuelve a comparar, ahora con más profusión, eso sí, el régimen franquista con el exterminio nazi, e incluso hace alusión a experimentos sobre presos en algunos lugares de España.
«En 1938, algunos miembros de las Brigadas Internacionales, presos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y mujeres presas republicanas en la prisión de Málaga fueron sometidos a tests físicos y psicológicos extraños; se trataba de una de las primeras tentativas sistemáticas de poner la psiquiatría al servicio de una ideología. Documentos publicados en los últimos años muestran el proyecto concebido por el psiquiatra en jefe de Franco, el doctor Antonio Vallejo Nágera, para identificar el «biopsiquismo del fanatismo marxista»».
Servicios Psiquiátricos Militares
En este sentido, cita también el telegrama 1.565 de 23 de agosto de 1938 en el que Franco «autorizó al jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, cuya «finalidad primordial será investigar las raíces psicofísicas del marxismo»(...)».
La principal novedad respecto a su anterior resolución es que si antes las víctimas de esas «desapariciones forzosas» eran los que hoy están bajo tierra, el juez introduce ahora una nueva categoría de «desaparecidos»: los niños del franquismo, hoy adultos que, según el juez, viven con una identidad que no les corresponde.
En este sentido, el juez señala que, al más puro estilo de la dictadura argentina, el régimen franquista «acometió una segregación infantil que alcanzaría unos límites preocupantes y que bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños».
Señala que en la década 1944-54 había 30.960 menores cuyo ingreso fue gestionado por el Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia. «La mayoría de esos niños eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos (...)».
Y como Garzón sostiene que la investigación penal tiene que seguir adelante, aunque sea en los juzgados ordinarios, que podrían encontrar «autores» vivos, hace un llamamiento al Poder Judicial para que siga investigando los hechos.
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