PP y Ciutadans preguntarán al CAC por la «arbitraria» concesión de radios
Lo que en su día se interpretó como un augurio interesado de la oposición y del sector audiovisual ya es una realidad. Las amplísimas competencias otorgadas hace tres años al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) se han traducido en una concesión de emisoras, calificada por PP y Ciutadans de «arbitraria», al quitar frecuencias a Punto Radio y la Cope, favorecer a Planeta y Grupo Godó, y dejar a Zeta sin ninguna emisora a las que aspiraba, con el consiguiente revés a la ya de por sí delicada situación económica por la que atraviesa la editora de El Periódico.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pedirá la comparecencia parlamentaria del presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, para que explique los criterios que se han seguido para conceder esas 83 licencias de radio FM, 17 de las cuales han ido a parar a manos de Godó y 8, a Planeta. Carbonell, que accedió al cargo a propuesta del PSC, también deberá aclarar las causas por las que se ha retirado la frecuencia a la COPE y Punto Radio, que tenían concedida la licencia desde hace seis años.
En este sentido, Sánchez-Camacho considera que esta decisión impide la consolidación de esas emisoras. «La concesión de licencias debería respetar la pluralidad de las audiencias. El CAC debería ser independiente y tomar sus decisiones al margen de la línea editorial de las empresas», aseguró Sánchez-camacho.
¿Posibles despidos?
Por su parte, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, también pedirá la comparecencia de Carbonell. «Detrás está la mano del tripartito, que busca por todos los medios tapar la boca a los medios que no son nacionalistas y ejercen legítimamente una labor crítica», dijo Rivera, quien aprovechó para denunciar que la Generalitat subvenciona sólamente a unos determinados medios de comunicación. El líder de C,s se solidarizó con los trabajadores que podrían ser despedidos a raíz de la decisión del CAC, adoptada el viernes.
El CAC adquirió la competencia plena sobre la concesión de licencias audiovisuales a raíz de la entrada en vigor de la ley de la comunicación audiovisual de Cataluña. El poder casi «censor» que se atribuía a este órgano fue muy contestado por el sector, así como por el propio Gobierno socialista, que presentó en agosto de 2006 un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra le ley en lo que respecta al régimen de concesión de licencias, así como a la presencia de la lengua catalana en los medios de comunicación audiovisual. El TC suspendió cautelarmente el ejercicio de estas competencias, pero en enero de 2007 levantó el bloqueo. Todavía no hay sentencia definitiva. La ley del audiovisual catalana -que no fue votada por el PP- permite al CAC imponer sanciones de hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad en caso de infracciones muy graves.
La retirada de tres emisoras a Punto Radio, cadena controlada por Vocento -editora de ABC- se produce poco después de que este diario denunciara los gastos suntuarios del presidente del Parlamento autonómico, Ernest Benach, y del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, ambos de ERC, formación que a raíz de esas informaciones, propuso aplicar un «cordón sanitario» a ABC. Por contra, emisoras como Radio Teletaxi, dirigida por Justo Molinero, o Ràdio Estel, vinculada a la iglesia, han salido beneficiadas.
Independencia
El CAC asegura que se trata de la primera adjudicación de concesión de licencia en España en la que la «convocatoria y la resolución corresponde exclusivamente a una autoridad independiente». Sin embargo, en el sector audiovisual crece la sospecha de que hay un importante sesgo ideológico en la adjudicación, ya que la mayoría de los miembros del CAC han estado vinculados al tripartito y a CiU. El grupo Zeta se hacía ayer eco de la sorpresa que ha supuestos el hecho de que algunos grupos sin proyecto radiofónico en Cataluña hayan recibido numerosas frecuencias.
Por parte de Prisa, también damnificada, aludía a la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución.
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