La crisis es mía

EL presidente del Gobierno quiso recibir a la gran banca solo, sin intermediarios. Fueron significativas las ausencias del vicepresidente económico y del gobernador del Banco de España. En un Ejecutivo que cuida hasta el último detalle las presencias públicas, que vive obsesionado con la imagen, no puede ser una casualidad. Segundos fuera, proclamó Zapatero. Ahora me toca a mí y ya verán cómo lo arreglo. Es una actitud osada, porque vincula su futuro político a la superación de una crisis que hasta hace pocos días negaba. A partir de ahora ya sabemos quién es el responsable de la política económica. Quizá sea una manera de decirle a la oposición que hable con él directamente para modificar los Presupuestos y ajustarlos a la realidad y las necesidades de una economía en recesión. Rajoy ya sabe a quién tiene que dirigirse. El silencio administrativo no es una respuesta.

El diagnóstico del presidente no ha variado. Estamos ante una crisis externa y el sistema financiero español, aunque sólido, tiene problemas puntuales de liquidez que se agravan por la ausencia de una política europea. El problema es una vez más que los hechos desmienten la visión oficial. No pasaron veinticuatro horas antes del que el FMI predijera una caída del PIB de 0,2 por ciento el año que viene y que destacara a España entre los países que tienen que hacer frente a un mayor problema inmobiliario. Y las medidas extraordinarias de saneamiento adoptadas en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania cuestionan el optimismo español. Porque la realidad es que nos enfrentamos a una triple crisis, y las tres necesitan respuestas convincentes. Hay una crisis de liquidez, efectivamente. Este periódico titulaba ayer que a bancos y cajas les vencen 94.131 millones de euros antes de finales de 2009, una cifra que se parece mucho al déficit exterior de la economía española y es la cantidad que necesita la máquina española para no detenerse abruptamente. Para esta pequeña crisis puede funcionar el «paquete Zapatero», aunque eso no elimina la crítica a la falta de legitimidad democrática con que pretende ser aprobado. Hay una segunda crisis de confianza en la solvencia de algunas instituciones bancarias por su excesiva concentración al riesgo inmobiliario, y para eso no basta con la ampliación del seguro de depósitos, sino que es necesaria una actitud más decidida de las autoridades monetarias antes de que la realidad nos inunde. Y hay finalmente una crisis económica propia, anterior a la crisis financiera y que nos estará esperando cuando ésta se solucione. Una crisis que exige un plan de competitividad y liberalización de la economía española del que no tenemos noticia en los presupuestos.

Lo que está en juego estos días es si la economía internacional va a implosionar, como hizo en su caso Argentina, donde el PIB llegó a caer el 14 por ciento en un año, o simplemente vamos a entrar en una larga recesión. El problema español es cómo reaccionar ante cualquiera de los dos escenarios, y sobre eso seguimos en ascuas. Cuando todo el ruido exterior haya pasado, España seguirá con un problema de competitividad, tendrá que absorber la burbuja inmobiliaria y necesitará mejorar la productividad. No es irrelevante cómo quede el sistema financiero. Es ingenuo pensar que se puede hacer un bypass como quien entierra la M-30 y que el crédito fluya directamente del Estado a la pequeña y mediana empresa. Es ingenuo y peligroso porque esta idea es el germen de la hiperinflación latinoamericana de los ochenta y de los mayores desastres económicos desde la industrialización. Como me contaba un viejo conocido, da coraje ver cómo tenemos que rebatir en casa los atávicos prejuicios antimercado y los mismos falsos atajos que llevamos años combatiendo en los países en desarrollo. Pero es aún más irritante comprobar que podemos quedarnos al margen de la recuperación que vendrá porque el presidente piensa que puede gobernar con éxito culpabilizando a la oposición. Pongamos el ejemplo del abaratamiento del despido, que es el gran ariete socialista contra la razón económica. Es un inmenso elefante blanco porque sólo se pide reducirlo al nivel europeo. Además, un estudio reciente del IESE demuestra que abaratar su coste y facilitar la contratación podría rebajar la tasa de paro al 7,3 por ciento. Ya sé que es una institución de derechas, pero a mí esto de reducir el paro me suena más progresista que pagar desempleados. Debo ser un ultraliberal.