El PP cuestiona la transparencia de miembros del Gobierno

MARÍA SOLANO CONDE

El portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, volvió ayer a cuestionar ayer el ejercicio de transparencia que realizó el Gobierno regional el pasado miércoles. Y de nuevo lamentó el diputado «popular» la ausencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aunque varios miembros de su Gobierno, e incluso él mismo, ya han explicado en varias ocasiones que tal comparecencia no tendría sentido, porque ya ha sido designado en el cargo. Además, su declaración de bienes y patrimonio ya había sido publicada.

Sin embargo, Cañizares aprovechó la rueda de prensa de ayer para enunciar las perguntas que le hubiera gustado formular a su grupo. Una de ellas versa sobre la diferencia de patrimonio que hay entre las distintas declaraciones de bienes que ha presentado García-Page. Ya en octubre del año pasado se produjo un malentendido similar, ante el cual García-Page aclaró que se produjo por tratarse de formularios diferentes, y lo corrigió.

En este caso, Cañizares aludió a una supuesta diferencia de 300.000 euros entre las declaraciones que el presidente publicó en el Ayuntamiento y «en el Senado», aunque posiblemente refiriéndose a la publicada en la página web del PSOE en octubre de 2014, y en la que suprimió al parecer por error un fondo de inversión.

Otra de las preguntas que le habría gustado plantearle es si se ha reunido alguna vez con el empresario Francisco Hernando, más conocido como «El Pocero», y en caso afirmativo, cuántas veces. Esta reclamación toma como punto de partida el escrito que Izquierda Unida presentó ante la Fiscalía Anticorrupción en 2006. En él denunciaba una trama de corrupción en las obras urbanísticas de un paraje de Seseña conocido como El Quiñón. Uno de los imputados en el caso fue el socialista José Luis Martín Jiménez, que por aquel entonces ejercía como alcalde en el municipio. Esta acusación a García-Page podría estar fundamentada en su papel dentro de la Junta de Comunidades.

Francisco Cañizares también ofreció su opinión sobre los otros miembros de la Ejecutiva regional que suscitaron polémica en la comparecencia, y aseguró que «no deberían haber tomado posesión». Sobre el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, manifestó que la adjudicación que realizó la empresa pública Geacam a la empresa de su hermano le deberían inhabilitar para ejercer su cargo.

En cuanto al consejero de Hacienda, Alfonso Ruiz Molina, discutió la validez del informe que le permitía trabajar en la impresa privada Indra tras su paso por el Servicio de Salud de la región. Para Cañizares, no se corresponde «en forma ni contenido» con el que debería tener una resolución así.

Cañizares se refirió también al objetivo de déficit y al respecto pidió al Gobierno regional que lo cumpla. Aquí añadió que «seguimos gastándonos más de lo que tenemos», por lo que hay que ser «responsables».

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