Los próximos dos años el 1% del PIB se destinará a políticas de discapacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebró en Castilla-La Mancha con un pleno extraordinario en las Cortes Regionales donde la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció su compromiso de que «en los dos años venideros» se pueda destinar el 1% del Producto Interior Bruto de la región a las políticas relacionadas con el ámbito de las capacidades diferentes, aspecto recogido en la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recientemente aprobada.

Destacó como una de las principales novedades del texto legislativo, que obliga al Gobierno a emitir un informe de cada Ley que se apruebe, referido a la posible afección a las personas con discapacidad; un «estudio de impacto sobre la discapacidad».

Durante su intervención en el pleno, Cospedal manifestó que «hablar de discapacidad es relativo, porque las capacidades van unidas a las personas y cada uno tenemos nuestras capacidades y discapacidades».

Se refirió a esta Ley como «histórica» para Castilla-La Mancha y toda España; que «mejora la calidad de vida de miles de personas de nuestra tierra y está sirviendo como ejemplo para muchas otras autonomías, que ya nos la han pedido».

Señaló que «los logros científicos deben ir unidos a la Ley, por lo que nos hemos dotado de un marco jurídico que garantiza la plena inclusión de las personas con capacidades diferentes a los ámbitos de la accesibilidad, la cultura, el deporte y el ocio; ámbitos de la vida muy importantes y necesarios para todas las personas».

Otro de los anuncios realizados por la presidenta Cospedal es que el Gobierno regional va a conceder 50 millones de euros en ayudas directas que se dedican al cuidado de las personas con discapacidad; de estos más de 42 millones de euros se destinan a las ayudas de atención a la discapacidad, para las entidades sin ánimo de lucro y 6,6 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales.

Hizo hincapié en las principales novedades y compromisos que introduce la ley; por ejemplo, la reserva de un 6 por ciento en la contratación pública de los servicios prestados por los centros especiales de empleo y de un 5 por ciento en las plazas de formación profesional.

Señaló como hitos importantes dentro de esta norma, la creación de servicios de capacitación socio-laboral, la financiación adicional para la contratación de asistentes personales o la implantación de cláusulas de responsabilidad social en la contratación.