Las Cortes aprueban eliminar la Sindicatura de Cuentas

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, de manera definitiva y con el voto en contra del PSOE, la ley por la que se suprime la Sindicatura de Cuentas, una medida con la que se pretende ahorrar 1,6 millones de euros y eliminar duplicidades, informa la agencia Efe.

La eliminación de este organismo, cuyas funciones pasarán al Tribunal de Cuentas, salió adelante con el apoyo del PP y la oposición del PSOE, mientras que las nueve enmiendas parciales que los socialistas mantuvieron vivas para su debate en el Pleno de las Cortes fueron votadas en contra por los populares.

La supresión de la Sindicatura de Cuentas, un órgano que se creó en 1993, se suma a la eliminación del Defensor del Pueblo autonómico, del Consejo Económico y Social y de la Comisión Regional de la Competencia, unas medidas que permitirán ahorrar a la administración, en total, «más de 70 millones de euros», según calcula el diputado del PP en las Cortes José Manuel Tortosa.

El consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, subrayó en su intervención en el debate —que fue seguido desde la tribuna de invitados por el síndico, Miguel Ángel Cabezas de Herrera— que la supresión de este órgano supone «el último paso» en la comunidad para eliminar órganos duplicados, que existían a nivel regional y estatal, y hacerlo de manera «ejemplar».

Esteban subrayó que el objetivo de esta medida es «intentar construir una administración del siglo XXI, racional y que entiendan los ciudadanos» y defendió que no se produce «menoscabo de ninguna función de control del Gobierno ni en materia presupuestaria y financiera».

En cambio, la diputada socialista Delfina Carrasco cuestinó que el objetivo de esta supresión sea el ahorro y mostró sus sospechas de que el motivo de la eliminación de la Sindicatura de Cuentas es porque «estorbaba, porque el Gobierno sabía que nunca podría hacer informes favorables a los inhumanos recortes; está claro que no interesa a Cospedal que la Sindicatura ponga de manifiesto el número de trabajadores públicos despedidos».