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La Fiscalía investiga la venta de suelo para el ATC en Zarra

Opositores al silo nuclear presentan una denuncia por un presunto delito de «negociación prohibida a funcionario público»

EFE

ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE

La controversia por la posible instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad valenciana de Zarra se judicializa. La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras recibir una denuncia por presuntas irregularidades en las negociaciones mantenidas entre el Ministerio de Industria con algunos propietarios para la compraventa de los terrenos en los que irá el silo nuclear.

Los denunciantes solicitan que se investigue un presunto delito de negociación prohibida a funcionario público por considerar que la construcción en Zarra del vertedero que acogerá los residuos nucleares de toda España beneficiaría a cargos públicos del PP con intereses urbanísticos en la zona. La familia del conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, es propietaria de parte del suelo ofertado por el Ayuntamiento a Industria.

Desde que se conocieron las prefencias del Ministerio por Zarra frente a las otras ocho localidades aspirantes a albergar la controvertida instalación, pero también antes, Cotino, en coherencia con la postura de la Generalitat, ha endurecido su discurso contra la ubicación del ATC en Valencia.

Sin venta no hay delito

La denuncia se presentó en Madrid ante el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, quien la ha remitido a Valencia, donde previsiblemente será asumida por Anticorrupción. Fuentes próximas al caso auguran un corto recorrido a esta investigación: si la venta de los terrenos no se ha consumado no hay delito, explican. Precisamente las facilidades para la obtención de los terrenos y su condición de suelo industrial (catalogación ésta pendiente de sentencia) llevaron a Industria a primar la candidatura de Zarra sobre la de los otros municipios aspirantes. El Ministerio considera prioritario acortar los plazos y evitar los obstáculos que pudieran surgir en la tramitación administrativa del proyecto y que podrían dar al traste con el objetivo de tener lista la instalación nuclear en 2015. «Es necesario no comprometer la viabilidad del proyecto y reducir en la medida de lo posible las incertidumbres relacionadas con los procesos de licenciamiento de la instalación», se lee en el documento de Industria [10TEXTO]en el que se apuesta por Zarra.

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha encontrado en el suelo el resquicio por el que intentar torpedear los planes del Gobierno y reclamar el ATC para dos de sus socios: Ascó (Tarragona) o Yebra (Guadalajara). Considera «inaceptable», «sesgado» y «sin fundamento jurídico» el informe del Ministerio que se inclina por Zarra y critica que se obvie la sentencia que deja en el aire la decisión del Ayuntamiento local de recalificar el suelo como industrial. Si finalmente el Gobierno elige a Zarra como propone el ministro, la AMAC presentará un recurso contencioso-administrativo.

El titular de Industria, Miguel Sebastián, se defendió ayer de las críticas y aseguró que el Gobierno ya dispone del informe jurídico del que pende la decisión definitiva y cuya petición sirvió a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para posponer la decisión sobre Zarra que Industria ya había comunicado al Gobierno valenciano. Sebastián reiteró que el almacén de residuos nucleares debe estar «lo antes posible», aunque añadió: «Yo he cumplido, ahora es el Consejo de Ministros quien debe tomar la decisión final». Llegadas desde distintos municipios de la comarca valenciana de Ayora, donde se sitúa Zarra, y de algunas localidades vecinas, más de medio millar de personas se concentraron ayer ante la sede de Industria, en una ruidosa protesta en el Paseo de la Castellana.

Entre los vecinos, activistas de Greenpeace disfrazados de barriles amarillos; y entre ellos, los alcaldes de Almansa y Ayora y el presidente de la Diputación de Valencia.

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