Los veterinarios estallan contra el ministro Planas: «Nos limitan el criterio médico»
Reprochan a Agricultura que se aprobó la ley sin el juicio profesional del sector y que el ministro siga sin escucharles
La trabas añadidas con el manejo de antibióticos son «contrarias a países del entorno», avisan
Estos son los cambios de la polémica Ley de Medicamentos Veterinarios

Veterinarios de todas partes de España protestaron ayer frente a las delegaciones del Gobierno en sus respectivas provincias por los perjuicios provocados por la ley que restringe la administración de antibióticos a los animales hasta el punto de poner en riesgo la vida de ... estos, según denuncian. Mientras, Agricultura defiende que solo buscan reducir las resistencias bacterianas. En la sede de Madrid, cerca de 400 profesionales del sector exigieron la reforma del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, conocida como Ley del Medicamento.
Los convocantes reprochan al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que mantengan una norma que ni pasó por el Congreso de los Diputados ni contó en su desarrollo con el criterio de los profesionales veterinarios. Y que adapta un reglamento europeo que fuera es mucho más relajado. Insisten en que es una normativa «injustificada»,«desproporcionada» y «contraria al resto de países del entorno».
«El ministro Luis Planas dijo que estaba siempre a favor de los veterinarios, pero no se ha reunido con nosotros ni nos escucha. Si el ministro nos escuchara, nos iba a entender, pero nos tiene que escuchar. Lo que decimos es que la normativa no se adapta al trabajo diario en la clínica. No estamos diciendo que no se nos controle, decimos que si se nos controla así, no podemos trabajar, necesitamos un encaje», explica a ABC María Luisa Fernández, presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y Consejera del Área de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Ella y sus compañeros denuncian que Agricultura está ignorando sus reivindicaciones.
Los antibióticos están divididos en cuatro: A, B, C y D. Los más sensibles son los categorizados como A, que no pueden usarse en animales porque siempre debe existir un arsenal para humanos. La queja no está aquí; los veterinarios lo entienden y saben que deben trabajar con los grupos B, C y D. Pero de los 93 fármacos de este tipo autorizados para animales de compañía, en España solo hay una comercialización real de 27 de ellos. Y cada vez hay menos y su uso es más estricto.
Las complicaciones surgen aquí. De manera preferente, los profesionales deberán usar antibióticos del grupo D, sin embargo, disponen en este escalón de una lista de diez que en la práctica su uso queda limitado a menos de la mitad. Cuando escalan a la categoría C bajo criterio clínico, se encuentran más problemas.
Saltará una alarma si el sistema considera que no es de aplicación adecuada el medicamento que pauta el profesional. Consideran que esto limita y empeora los tratamientos de los pacientes
El criterio médico empieza a quedar en segundo lugar pues la utilización del fármaco dependerá de que la ley vea justificado el uso. Saltará una alarma si el sistema considera que no es de aplicación adecuada. Además, son pocos ya que se trata de un listado desactualizado y de presentaciones comerciales poco útiles. Por ejemplo: hay medicamentos inyectables del grupo C que no tienen continuación en pastilla para el tratamiento en el hogar, lo que complica su aplicación. Cuando los veterinarios optan por antibióticos del tipo B hay más trabas burocráticas, justificaciones más exigentes y la obligación de un cultivo antes de aplicarse.
Nelly Nájar, veterinaria y especializada en animales salvajes, lo explica así: «Si considero como médico veterinario que necesita un fármaco que va a ir mejor, no lo puedo usar. Nos limitan el criterio médico y prevalece el criterio de quien haya hecho el listado de medicamentos, que no sé si tendrá que ver más con la industria farmacéutica o con qué». Y añade: «Si hago un antibiograma y considero que le va a ir mejor al animal un antibiótico que no está en la lista y le tengo que dar otro que no es tan eficaz, eso no es cumplir con la finalidad de la ley, que es disminuir las resistencias».
Otra de las reclamaciones que ayer recuperaron en la protesta es la de rebajar el IVA del 21 por ciento actual al 10 en los productos veterinarios
La protesta de ayer fue debido a la mayor carga burocrática que añadió la entrada en vigor del Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (Presvet), pero el malestar del sector era elevado debido a la normativa vigente, el IVA de los productos veterinarios al 21 por ciento, la escasa oferta de medicamentos mencionada -que provoca que los clientes no encuentren en las farmacias lo que necesitan-, así como fichas técnicas desactualizadas a los avances científicos.
«Es inviable, la administración tiene que adaptar la normativa a la realidad. Tienen que darse cuenta de que no tenemos tantísimos antibióticos disponibles y que usamos los que podemos con las prestaciones comerciales que hay», lamenta la presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, que insiste: «Nuestro problema es que en otros países europeos la reglamentación es mucho más laxa, en España se hizo una interpretación muchísimo más restrictiva y acompañada de una serie de sanciones».
«Burros sí, burrocracia, no»
Agricultura defiende que Presvet es una herramienta para monitorizar y vigilar la prescripciones que se realizan de antibióticos para controlar y reducir las resistencias bacterianas. Pero Fesvet, CEVE y OCV lo tildan de «trastorno burocrático innecesario»: tienen que dejar explicado qué cantidad de antibiótico ponen a cada animal, por qué lo aplican y qué cálculo hacen de la dosis que vaya a administrarle después el dueño. Los veterinarios insisten en que el sistema «no tiene beneficios demostrados para el control efectivo de las resistencias a medicamentos».
Ayer, estallaron: «Burros sí, burrocracia, no». La convocatoria fue impulsada por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y la Organización Colegial Veterinaria (OCV), que pidieron cerrar las clínicas desde las 10.00 las 12.00.
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