El Vaticano reconoce falta de transparencia en los procesos de abuso que juzga la Iglesia

Es uno de los puntos principales del primer «Informe global» preparado a petición del Papa Francisco por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, presidida por el cardenal Sean O'Malley. «Todos en la Iglesia estamos llamados a trabajar para lograr dos objetivos: una Iglesia que esté a salvo de los abusos internos, y una Iglesia que protagonice la lucha contra los abusos y defensora de la dignidad de los niños y de los adultos vulnerables en todo el mundo», explica el purpurado en la introducción.

El texto revisa los procedimientos que siguen varias conferencias episcopales, entre las que no incluye a la española, y se detiene en un análisis sobre el trabajo de los dicasterios vaticanos para la Doctrina de la Fe y para el Clero, responsables de los procesos contra sacerdotes que hayan cometido abusos.

Entre sus conclusiones, recomienda «promover mejor el acceso de las víctimas/sobrevivientes a la información, para hacer frente a la opacidad de los juicios canónicos como fuente de retraumatización».

«Deberían explorarse medidas que garanticen a cualquier individuo el derecho a la información almacenada en cualquier institución de la Iglesia relacionada con él/ella, en particular las circunstancias y responsabilidades relativas a su caso de abuso, con la debida atención a las leyes y requisitos de protección de datos», solicita. Propone por ejemplo un «procurador o fiscal que represente a la parte agraviada y tenga un papel comparable a la función del Defensor del Pueblo» que pueda intervenir en la Curia romana.

Por otra parte, avisa al Dicasterio del Clero de que debe «dar respuestas rápidas, respetuosas y transparentes a las víctimas/sobrevivientes que denuncian sus casos». «El desconocimiento de las medidas adoptadas en un caso determinado suele ser una de las principales fuentes de retraumatización», pues no les informan de las sanciones que han impuesto a sus agresores.

También el informe lamenta las dificultades administrativas para imponer sanciones a los culpables en muchos casos, y propone «racionalizar y acelerar el proceso de destitución del cargo para permitir un camino fácil y sencillo para la dimisión o destitución de un líder de la Iglesia, cuando esté justificado».

En cuanto a las reparaciones, recuerda que «no se reducen a los aspectos financieros», y menciona «el reconocimiento de los errores, las disculpas públicas y otras formas de verdadera cercanía fraterna a las víctimas/sobrevivientes y a su comunidad». «No obstante, las reparaciones económicas siguen siendo especialmente pertinentes y la Comisión seguirá ofreciendo su cooperación a los principales organismos eclesiásticos para que se desarrollen más a fondo procedimientos normalizados y conocidos».

Otra de sus grandes novedades es su solicitud a las «autoridades eclesiásticas» de que se integren los procesos civiles y los canónicos para evitar nuevos traumas a las víctimas. «Existe frustración entre las víctimas/sobrevivientes por el tratamiento de sus casos por parte del sistema canónico», pues el proceso en la Iglesia no puede comenzar hasta que concluya el proceso en la justicia civil. «Es visto por muchas víctimas como un silencio más por parte de la Iglesia y se vuelve aún más problemático cuando se combina con la lentitud de los juicios civiles», explica.

Además, ve necesario «consolidar y clarificar las competencias de cada dicasterio de la Curia Romana para garantizar un tratamiento eficaz, oportuno y riguroso de los casos de abusos presentados a la Santa Sede».