Universidades da más poder a los campus catalanes a 45 días de las elecciones generales

Una vez aprobada la ley orgánica toca 'aterrizar' la norma a través de la aprobación de los reales decretos que desarrollan el texto. Entre ellos, destaca el decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos. Este decreto se encuentra actualmente en trámite de audiencia y, pese a que quedan 45 días para las elecciones, el ministro ha decidido seguir adelante con este y otros textos que desarrollan la Losu.

De hecho, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, envió una carta a los rectores, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que les informa que el comité de dirección del Ministerio de Universidades había decidido seguir adelante, en el marco del «adelanto electoral», con el desarrollo del decreto de acreditación «y priorizar su tramitación» por considerarlo «fundamental para la implantación de la Losu, sin el cual aspectos tan importantes como las acreditaciones y los concursos quedarían sujetos a un marco normativo anterior, y en algún aspecto contradictorio, a la Losu, lo que dificultaría mucho el trabajo de la Aneca en los próximos meses».

Una de las principales novedades del decreto (que pueden modificarse tras las alegaciones que se hagan en el plazo de audiencia pública) es que, como se desprende de la ley orgánica, permite que las agencias autonómicas puedan acreditar profesores. El texto del real decreto dice, en concreto, que la «Aneca acordará, mediante un convenio de encomienda de gestión, el desarrollo de la evaluación de méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las comunidades autónomas que lo soliciten».

Por otro lado, entre los principios que rigen el procedimiento de acreditación estatal se incluye «una evaluación basada en la especificidad del área o ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la experiencia profesional, en especial cuando se trate de profesiones reguladas y enseñanzas artísticas, la relevancia local, el pluralismo lingüístico y el acceso abierto a datos y publicaciones científicas».

Además, en cuanto a los méritos y criterios de evaluación el texto el decreto señala que las personas solicitantes deberán reunir méritos de investigación y transferencia e intercambio del conocimiento; de docencia; relacionados con la actividad profesional y, también, méritos de liderazgo.

Otra de las novedades del decreto está en el procedimiento para la designación de los miembros de las comisiones encargadas de acreditar. El artículo referido a esta cuestión dice que el 50 por ciento de los miembros será propuesto al Consejo de Universidades a partir de un sorteo público que realizará la Aneca entre el personal en activo de los cuerpos docentes universitarios que reúnan una serie de requisitos. ¿Pero qué ocurre con el otro 50? Que no habrá sorteo sino que la propia agencia estatal, «oídas las sociedades científicas correspondientes u otros actores relevantes, seleccionará el otro 50 por ciento de los miembros de las comisiones», que igualmente deberán cumplir los requisitos de aquellos que salen del sorteo. Fuentes académicas advierten de que el hecho de que la elección de la mitad de los miembros no se haga por sorteo hace correr el riesgo de que se terminen haciendo «designaciones a dedo».

Por otro lado, el borrador del decreto dice que «la persona titular de la dirección de Aneca podrá proponer anualmente a la aprobación de la persona titular del Ministerio de Universidades un máximo de treinta comisiones, ajustándose a las previsiones y requisitos presupuestarios aplicables, así como cambios en la asignación de las especialidades de conocimiento a cada comisión». Esta es otra novedad que llama la atención por el elevado número de comisiones que se pueden llegar a crear. «Si haces muchas comisiones el interés que defiendes es particular, son microcampos, y no lo que deberían ser, es decir, grandes áreas de conocimiento», critican las mismas fuentes. Una vez conseguida la acreditación y llegada la etapa de concurso, el texto dice que las «universidades podrán establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario para favorecer el acceso de las mujeres».

El texto establece, además, que «la participación en el procedimiento de acreditación podrá exigir el abono de las tasas que anualmente se determinen en los Presupuestos Generales del Estado».

No es este el único decreto con el que Subirats seguirá adelante. La citada carta del secretario general apunta a que también se continuará con la tramitación del real decreto de doctorado. Sí se paralizará el controvertido real decreto sobre ámbitos de conocimientos y organización de los departamentos universitarios. Por último, Pingarrón finaliza la carta zanjando otra polémica: se pospone la entrada en vigor de la obligatoriedad de las cotizaciones a la seguridad social de los universitarios en prácticas que tantas quejas había generado desde las universidades.