La injusticia que impide a más de dos millones de trabajadores ser jefes

Varios sectores de empleados públicos, entre los que además de enfermeros se encuentran fisioterapeutas, podólogos, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos, entre otros, que representan a más de 2 millones de trabajadores, se unieron este jueves en Madrid para lanzar la 'Plataforma Grupo A'. Mediante esta, denuncian que los grupos de clasificación profesional para trabajadores públicos establezcan una división en el grupo A, para el que es necesario contar con un título de grado, de modo que existan las subcategorías A1 y A2. Así, quienes antes eran diplomados son encasillados en el subgrupo A2 y quienes eran licenciados en el A1, cuando actualmente solo hay graduados a raíz de la implantación del Plan Bolonia.

«Se reunió el equipo de Atención Primaria, tanto médicos como enfermeras y administrativos y todos pensaron que yo podía ocupar el puesto de coordinadora», cuenta. Era además un momento difícil para el centro, con la pandemia de Covid-19 aún presente a través del diagnóstico en pacientes y la vacunación masiva. «Se mandó el acta con la votación y se denegó porque no era posible por no ser A1», lamenta.

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«En el ámbito sanitario puede acceder a la gerencia de un hospital un economista o un abogado pero no un enfermero», criticaba el jueves en este sentido José Luis Cobos, vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería. Pero Teresa Tolosano asegura que esta situación es habitual, y no solo a la hora de acceder a puestos concretos. «También para temas de investigación. Nos hemos encontrado casos en los que son estudios de investigación de práctica enfermera y piden que el responsable sea del grupo A1, de manera que no podemos ser investigadores principales porque no tenemos esa clasificación o categoría profesional», denuncia.

También José Lupiáñez lleva años enfrentándose a la «discriminación» que los profesionales afectados aseguran que provoca esta subclasificación. De los 34 que lleva trabajando como enfermero, alrededor de 28 ha sido director del centro de salud. Sin embargo, ha sido en las últimas convocatorias en las que ha tenido problemas para presentarse por no pertenecer a la categoría A1, hasta el punto de que el caso se ha llevado a los tribunales.

La última convocatoria fue en 2022 y quedó desierta al ser José el único candidato que se mantuvo durante todo el proceso. Además, mientras espera a que se resuelva su situación, debe seguir ocupando el cargo que ya le correspondía de antes, de director del centro de salud, pese a que las trabas con las que se está encontrando le empujan a que deje de serlo.

«En las convocatorias que se hacen existe una discriminación pragmática», remarca, pues ve injusto que se exija a los candidatos la subcategoría A1 cuando a los enfermeros solo les permiten acceder a la A2, pese a haber estudiado también un grado. »En el momento en el que se pone esto como requisito coartan la libertad de que el enfermero haga labores de gestión«, dice.

Teresa considera que esta situación no solo afecta a los enfermeros, sino también a los pacientes. «Al final son los principales perjudicados, los pacientes y el sistema de salud», afirma.

Lo que piden los profesionales afectados es que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público para suprimir la subclasificación del grupo A. Para ello, dicen, se necesita voluntad política, pues los ministerios y consejerías implicados tienen conocimiento de la situación. «Es una cuestión meramente política y de incapacidad», denunciaba Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería Satse. «No estamos hablando de otra cuestión más que de dignificar y respetar el trabajo de los empleados públicos».