El Supremo tumba la concesión de Sánchez al PNV: «Debemos exigir lo mismo a un médico que desee ejercer en País Vasco que en otra comunidad»

A través de esta prebenda, el País Vasco podía fijar los criterios que considerara oportunos para homologar los títulos superiores de extranjeros, capacitándoles así para ejercer en nuestro país. Un traspaso que también permitía establecer equivalencias académicas en función de la demanda o carencia de profesionales (en su mayoría sanitarios) que tuviera la región. Pues bien, ayer la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad aquel real decreto (366/2024, de 9 de abril). Una transferencia que se había hecho efectiva en marzo del año pasado, todavía con el anterior Gobierno vasco liderado por Iñigo Urkullu. Sin embargo, en julio del pasado año el Alto Tribunal ya había suspendido cautelarmente la vigencia de este traspaso de competencias en materia universitaria.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid que, junto con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, fueron los que interpusieron el recurso contra el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde la Unión Interprofesional, que agrupa a los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, leían ayer la sentencia del Alto Tribunal con optimismo pues «ese traspaso de competencias era una clara quiebra de la unidad de criterios profesionales, así como un evidente ataque a la igualdad entre autonomías. Se le debe exigir lo mismo a un médico que desee ejercer en País Vasco que en cualquier otra comunidad».

Desde la Unión Interprofesional, informan a ABC de que habría al menos 200 expedientes de universitarios extranjeros que se habrían quedado en el limbo en el País Vasco desde que se transfirió esta competencia hasta que el Supremo la suspendió de forma cautelar. El Ministerio de Universidades, al que ha consultado ABC al hacerse pública la sentencia, refiere que no fue el departamento que dirige Diana Morant el responsable de este traspaso, sino el Ministerio de Política Territorial. «La Administración es una, lo increíble es que un ministerio se lave las manos sobre una cuestión que les afectaba directamente. Pero lo cierto es que Universidades seguro que tuvo poco que decir si la concesión era una condición para investir de nuevo presidente a Pedro Sánchez», entienden desde la Unión Interprofesional.

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También ha querido valorar la noticia el Partido Popular, que ya fue crítico con las exigencias del PNV a Sánchez para convertirle en presidente que se formalizaron en tres traspasos: la gestión del servicio de Cercanías Renfe, la acogida de inmigrantes y la homologación de títulos extranjeros universitarios. Esta última, decíamos, anulada desde ayer.

Oscar Clavell, portavoz de Educación del Partido Popular, recuerda a ABC que aquel real decreto atacaba el artículo 149.1.30 de la Constitución española. Pero, además, incumplía la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una norma que había sido aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la anterior legislatura. «El culpable de este despropósito no es otro que Pedro Sánchez, pues cuando se trata de acceder al poder le da igual llegar a incumplir una ley socialista aprobada por su propio Ejecutivo», indica Clavell.

En una nota remitida ayer, el Alto Tribunal concluye que, si para el Tribunal Constitucional, «la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenido».

El tribunal se plantea si el acuerdo que recoge el real decreto impugnado es una ampliación de funciones y servicios en materia de enseñanza al País Vasco o si, por el contrario, se trata de una transferencia extraestatutaria, contraria a la Constitución, de una competencia de la que carece.

Añade sobre dicha competencia que «no hay razones para entender que no sea estatal, de acuerdo con el artículo 149.1.30 de la Constitución, la competencia administrativa de verificación de los cursos conducentes a los títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador y no lo sea la de verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros que habilitan para ejercer profesiones tituladas. Y esto significa que la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado. Por tanto, no caben traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas en los términos en que se ha efectuado por el real decreto 366/2024 y el acuerdo que contiene».

Por otra parte, considera que esta conclusión no entra en contradicción con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco que dispone que es competencia de esta comunidad autónoma «la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades», ya que dicho artículo salva expresamente las facultades que la Constitución atribuye al Estado.