El Supremo de Estados Unidos decide sobre una transformación total en Internet
Los jueces oyen un caso sobre posible incitación de Google al terrorismo, y en su interrogatorio se centran en los algoritmos
Una de las leyes más desconocidas y a la vez decisivas en las comunicaciones modernas llegó este martes al Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuyos nueve jueces ya estudian si la invalidan, algo que tendría unas consecuencias trascendentales para internet tal y como se ... lo concibe ahora. El hecho de que sus señorías, que rechazan cientos de casos cada curso judicial, aceptaran escuchar los alegatos de los letrados correspondientes indica que existe una posibilidad de que invaliden el llamado Código 230, que desde 1996, en la prehistoria de la red, establece que las grandes plataformas digitales –Google, Facebook, Twitter y demás– son meramente transmisoras y no editoras de contenido, y por tanto no son responsable del contenido que se aloje en ellas.
A tenor de las preguntas de los jueces, y sobre todo las de los conservadores, que son mayoría, hay un cauteloso escepticismo sobre cambiar la ley actual de una forma dramática. El juez Clarence Thomas, uno de los más veteranos, dijo abiertamente que según su punto de vista, «una sugerencia neutral sobre algo en lo que alguien ha expresado interés no tiene por qué ser considerado incitación».
Se refiere el juez Thomas a la incitación porque el caso en concreto lo promovió la familia de una estudiante universitaria estadounidense muerta en un atentado terrorista en París que demanda a Google por ayudar a los extremistas a difundir su mensaje y atraer nuevos reclutas. Según ese punto de vista, si Google es un editor de contenido, y su algoritmo es un filtro editorial, entonces Google debería ser responsable de las acciones de aquellos a los que incita.
A pesar de lo complicado del asunto, los magistrados pidieron a las partes abundantes detalles y en un momento, la juez Elena Kagan, considerada progresista, puso de relieve que la ley ahora en duda «es previa a los algoritmos, y ahora todo en internet parece ligado a los algoritmos». Precisamente ese fue el centro de muchas preguntas y alegatos, cómo las grandes plataformas digitales de hecho tienen en pie algoritmos –un conjunto de operaciones que permite ofrecer contenido de forma personalizada– que filtran y moderan contenido.
Según se expresó la jueza Sonia Sotomayor, también de la bancada progresista: «Si creas un algoritmo para asegurar la discriminación entre personas, una App de citas, por ejemplo que intrínsecamente discrimina a las personas, se diría que ese proveedor de internet está discriminando, ¿no?».
Los demandantes
La demanda fue presentada por la familia de Nohemí González, una estudiante de 23 años de California que en 2015 estaba pasando un semestre en París estudiando diseño industrial. Fue asesinada por terroristas del Estado Islámico junto con otras 129 víctimas.
La familia alega que YouTube, propiedad de Google, ayudó e incitó al Estado Islámico, al recomendar sus vídeos a los espectadores con más probabilidades de estar interesados en ellos, en violación de la Ley Antiterrorista. Un caso relacionado, que el Supremo oirá el miércoles, hace un alegato similar por un atentado terrorista en una discoteca de Estambul en 2017 en el que murieron 39 personas y que dio lugar a una demanda contra Google, Facebook y Twitter.
En la vista oral de este martes, los abogados de Google respondieron que los algoritmos actúan con la neutralidad propia de una fórmula matemática, y que eso no convierte a la empresa matriz en una generadora de contenido. Según la abogada de la empresa, Lisa Blatt, los algoritmos de recomendación «son los que permiten encontrar las agujas en el mayor pajar de la humanidad». En sus respuestas a las preguntas de los jueces, Blatt alertó de los dos extremos en que todo esté férreamente moderado, como en la película 'El show de Truman', o una «película de terror» en la que nada esté filtrado o moderado, lo que haría que internet se convierta en un caos sin control.
Sin responsabilidad
En el centro de esta batalla política se encuentra una legislación hasta ahora poco conocida pero que ha sentado los cimientos del internet actual: la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. En su sección 230, establece: «Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o portavoz de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido o información». Gracias a ella, hasta ahora las grandes empresas de internet, como Facebook o Twitter, no han sido responsables legales de lo que se ha publicado en ellas.
En la anterior Administración, el expresidente Donald Trump se propuso sin éxito revocarla, denunciando que las grandes redes sociales eran parciales a la izquierda y censuraban de forma sistemática voces conservadoras. Trump fue expulsado de esas mismas redes sociales en el ocaso de su mandato por incitar a la insurrección en enero de 2021. Una serie de documentos internos revelados ahora por el periodista Matt Taibi, y facilitados por Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, muestran que esa red social filtraba y censuraba muchos más perfiles conservadores que aquellos que no lo fueran.