La Sociedad Española de Oncología interviene de urgencia para proteger a los enfermos tras la denuncia de barreras en la medicina privada

Los oncólogos consultados por ABC tanto de la sanidad privada como de la pública aplaudieron tanto la celeridad como la contundencia de la respuesta, subrayando que ambas denotan «la valentía y la seriedad» con la que esta Sociedad ha decidido abordar este caso. «Es una respuesta contundente pero lógica y normal dada la situación; nos ha dejado tranquilos», explicaba un oncólogo de referencia a este periódico. «Este tema preocupa mucho a los pacientes y a los médicos. Estamos todos muy satisfechos», añadía. En su comunicado, el presidente de la SEOM reconoció abiertamente la inquietud existente y que manifestaron el lunes en ABC no solo los médicos, sino también el secretario de la Fundación Eco, Pedro Pérez Segura, y la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, Begoña Barragán. «Todo lo relacionado con estas informaciones preocupa, como es lógico, de manera importante a SEOM y a todo el colectivo de oncólogos médicos que ejercen la especialidad en España y, en particular, a aquellos que la ejercen en el ámbito de la medicina privada», señaló.

La Sociedad Española de Oncología Médica creó en 2021 un grupo de trabajo de medicina privada y, según explicó el doctor Rodríguez, será éste el que incluirá «entre sus tareas prioritarias» la de analizar las denuncias que están formulando los oncólogos. La tarea ya está en marcha ya que el presidente de SEOM explicó que se han mantenido encuentros «con las partes implicadas y se está realizando una recogida de toda la información necesaria y relevante para su análisis». El plan es establecer las acciones que correspondan en cada caso.

Mientras se finaliza ese trabajo, el doctor Rodríguez quiso subrayar que la Sociedad Española de Oncología Médica aún no tiene «conclusiones» en relación a la información que se está recopilando, pero se comprometió a «responder lo antes posible» dada «la relevancia social y profesional del asunto».

Tanto la consejera delegada de Atrys Bienzobas, Isabel Lozano Fernández, como la directora de Oncología de la compañía, Marian Isach, conocieron tanto el vídeo como el comunicado del presidente de SEOM en ABC, unas tres horas después de su emisión. Ambas se desplazaron a este periódico para ofrecer su versión de los hechos y contestar preguntas después de que la compañía remitiera un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de la tarde. Atrys Bienzobas cotiza en la Bolsa española y ayer perdió un 2,94%.

En su comunicado, como ya hizo el domingo tras la llamada de este periódico, esta empresa intermediaria volvió a negar cualquier tipo de presión a los oncólogos e hizo hincapié en que son ellos quienes tienen la última palabra sobre el tratamiento que prescriben.

La compañía aludió a las acusaciones de que su labor se centra en buscar un ahorro de costes pero no lo hizo de forma directa. De este modo, aseguró que solo presta asesoramiento y que lo hace basándose «en el principio de la OMS que aboga por el uso racional del medicamento». También se apoyó en que la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) afirma que «la sostenibilidad es un elemento clave de la atención oncológica, y para ello, ha desarrollado la Escala de Magnitud del Beneficio Clínico».

Esta herramienta, defendió Atrys, «permite a médicos, financiadores y legisladores de todo el mundo tomar decisiones informadas sobre los medicamentos contra el cáncer, basándose en su beneficio clínico real». A partir de aquí, defendió que esa escala es «una herramienta clave para garantizar el acceso a la atención oncológica mediante modelos sostenibles de prevención y tratamiento. Esta escala está incorporada a los criterios de asesoramiento realizados por Bienzobas».

En su comunicado, la compañía intermediaria admitió que su recomendaciones pueden chocar con las de los oncólogos. «La decisión final de la prescripción es siempre del facultativo que esté tratando al paciente y no de Bienzobas, con independencia de cuál sea la recomendación emitida». También quiso subrayar que no obtiene «beneficio adicional en función del tipo de recomendación que emita, por tanto, no está sujeta a ningún tipo de condicionamiento», añadía.

Algunas aseguradoras contratan a esta compañía –Mapfre nunca lo ha hecho– para que gestione su atención oncológica con el objetivo de que unas prácticas más eficientes permitan ahorrar costes, pero son totalmente ajenas a las presiones que denuncian los oncólogos. De hecho, los médicos aseguran que el modus operandi de Atrys Bienzobas supone «un doble fraude, para el paciente que paga su póliza y para la aseguradora que no contrata a la intermediaria para que realice esas prácticas».

La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) también quiso reaccionar a una información que ha convulsionado al sector. En un comunicado público, condenó toda práctica que intente condicionar la labor de los médicos. «Aunque no nos consta oficialmente, cualquier conducta que limite la prescripción de los especialistas en base a criterios diferentes a estos, serían hechos reprobables y en contra de la lex artis», subrayó.

Esta fundación aglutina al sector sanitario privado y tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los ciudadanos y defender el sistema sanitario español en su conjunto, a través de la puesta en valor de la aportación de la sanidad privada.

En cambio, y sin alusiones directas, sí quiso avalar la existencia de una figura como la del «asesor oncológico» de Atrys Bienzobas. «Es habitual la existencia de comités oncológicos, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, para evaluar los tratamientos y su coste efectividad», señaló. Esta labor, continuó, «se realiza de acuerdo a los criterios de buena praxis profesional, para ofrecer a cada paciente el tratamiento óptimo, en base a los criterios clínicos y a las guías terapéuticas».