Sira Rego, única encargada de elegir a las 50 personas que protegerán a los menores de internet

Dicho acuerdo, según señala el texto al que ha tenido acceso ABC, quiere formar un comité de expertos «que ofrezca un diagnóstico multidisciplinar sobre la forma de configurar entornos digitales seguros para menores y jóvenes, que señale y ponga en valor las buenas prácticas en la materia y que advierta sobre los riesgos de una incorrecta exposición de niñas, niños y adolescentes a móviles, pantallas, etc».

El objetivo es «aprovechar la evidencia científica y la experiencia práctica para fundamentar las medidas regulatorias y políticas públicas que hayan de ser aprobadas e implementadas por las Administraciones públicas, cada una en su ámbito competencial».

Este comité estará formado por al menos 50 personas –incluida la presidencia, una vicepresidencia y la secretaría–, dice el acuerdo, y la elección de todos estos miembros recaerá en Sira Rego. «Los miembros del comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia serán designados por orden de la persona titular del Ministerio de Juventud e Infancia entre personas expertas en disciplinas relacionadas con los entornos digitales y su impacto en la infancia y la juventud, de acuerdo con el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres».

Si así lo desea, la ministra podrá contar con la opinión para esta designación de lo que le propongan otros ministerios, grupos parlamentarios y el Defensor del Pueblo.

Este nuevo grupo de trabajo contará con personas en representación del Observatorio de Infancia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud de España, la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios. «La designación de sus representantes atenderá a criterios de formación, experiencia y adecuación del perfil a las tareas propias del comité». También contará con especialistas en las áreas de la pediatría, psicología y protección de la salud mental, confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, etc.

Entre sus principales tareas se encuentra la de remitir al Gobierno, «en el plazo de nueve meses desde su constitución», un informe que analice las buenas prácticas en esta materia, que señale los principales riesgos y peligros a los que puede enfrentarse la infancia y la juventud en el entorno digital y que formule recomendaciones regulatorias y de actuaciones y otras medidas a implementar, distinguiendo entre las de corto, medio y largo plazo, con el objetivo de que las distintas Administraciones públicas garanticen, cada una en su ámbito competencial, el desarrollo integral de la infancia y la juventud». Por otro lado, el acuerdo aclara que el funcionamiento del comité no supondrá incremento de gasto público. «En ningún caso podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado».

Aunque el acuerdo no hace mención explícita a los contenidos pornográficos, se enmarca dentro de la iniciativa del Gobierno anunciada el pasado 16 de enero. Entonces, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llevó al Consejo de Ministros el 'Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en internet' que marca la hoja de ruta del Gobierno para abordar esta lacra. La ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, dijo que «la mitad de los jóvenes españoles de entre 12 y 15 años han consumido al menos en alguna ocasión pornografía y un 25% reconocen haberlo hecho antes de los 12 años». Además, «7 de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 años consumen pornografía de forma regular y un 30% afirma que ésta es su única fuente de información afectivo sexual».

Así, anunció que la Agencia Española de Protección de Datos está desarrollando una 'app' que consiste en un sistema de verificación de la edad y cuyo objetivo es «proteger a los menores del acceso al contenido para adultos». La idea es ponerla en marcha antes del verano en 2024. Además, se trabaja en una ley integral para la protección de menores en internet.