Salud mental en prisión: «Es un problema enorme, el sistema se cae»

Si proteger el bienestar emocional de la población es un reto, hacerlo cuando están privados de libertad es aún más difícil. «La finalidad de las cárceles no es atender a gente con patologías de salud mental. Tras el cierre de los psiquiátricos no se ha invertido en un modelo comunitario para abordar este problema del que tanto se habla ahora», apunta Javier Vilalta, director de la Associació Àmbit, otra de las organizaciones que trabaja con estos reclusos. «Hay una desatención total, y al final se dan circunstancias que llevan a judicializar los casos. Por ejemplo, si a un enfermo le da un brote en casa y agrede a alguien, lo normal sería que fuera derivado a una unidad de agudos en un hospital, pero acaba detenido por violencia y en prisión con un problema grave de salud mental», añade.

Rodrigo (nombre ficticio), de 61 años, lleva cerca de 17 en el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, aunque pasó también por Soto del Real. Fue diagnosticado en 2006 de trastorno delirante persistente y declarado inimputable, como la mayoría de los internos que están en estos centros. Noelia De Mingo, que mató a tres personas durante un brote psicótico y cuyo caso desató el debate sobre cómo abordar la enfermedad mental entre rejas, acaba de aceptar volver a este tipo de centro tras apuñalar a dos mujeres hace apenas dos años. «Es diferente a las cárceles, es un régimen penitenciario pero llevas un seguimiento por parte de los profesionales. Aunque también está un poco abandonado, los que te apoyan son los funcionarios que conviven contigo«, explica este usuario de la Fundación Manantial. «Falta personal para llevar tanta gente como hay».

En 2021, por Alicante y Sevilla pasaron 573 pacientes, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría sufre trastornos psicóticos (60%), patología dual relacionada con adicciones (25%), trastornos afectivos (6%) y de personalidad (5%). La ratio de psiquiatras es del 0,8 en el centro valenciano y del 2,6 en el andaluz, por debajo de los cinco especialistas por cada cien internos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, explican los autores del 'Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España', elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).

Además, la dispersión geográfica de estos centros dificulta que los internos estén cerca de su entorno, lo que favorecería su rehabilitación. «Están cumpliendo su pena lejos, con el sufrimiento familiar que eso conlleva, y la están cumpliendo íntegra, porque no hay oenegés que les avalen o acompañen», argumenta Pallarés.

Pero más complicado es aún el manejo de esos 1.834 presos, como mínimo, que padecen trastornos mentales graves y están en cárceles ordinarias. Decimos al menos porque estos son los que estaban incluidos, a finales de 2021, en el Programa de Atención al Enfermo Mental en Prisión (Paiem) -presente en 65 de los 66 centros comunes, pero entre los pacientes valorados en consulta, el 46% tenía patologías graves asociadas a la salud mental, apunta el informe de la SEPL y la SEPS-, por lo que probablemente sean más. Al 34,8% de los reclusos le han detectado, alguna vez, un trastorno mental o emocional, y el 21,6% está medicado por ello, refiere la Encuesta sobre Salud y Drogas en población interna elaborada por el Ministerio del Interior, «Hay personas que cuando entran en prisión tienen un diagnóstico, pero la propia cárcel es algo iatrogénico, genera enfermedad mental por la situación en la que te encuentras, por eso es necesaria una atención especializada», asume Pallarés.

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Yasmina puso nombre a su dolencia dentro del propio sistema penitenciario. Recuperó su libertad hace cinco años, después de estar «desde los 18 entrando y saliendo» del psiquiátrico de Alicante, donde le detectaron un trastorno de la personalidad y esquizofrenia paranoide, pero también de Villena. «Se vive muy mal, porque te tratan diferente. Yo asistía al Paiem, aunque en verano los cursos se paraban y los otros presos no nos querían en los talleres. Nos sentíamos discriminados». Ahora, con un seguimiento y la ayuda de la Associació Àmbit, asegura, ha mejorado mucho. «Soy más independiente, trabajo sola y me gusta», plantea esta mujer de 43 años, empleada del servicio de limpieza de la oenegé. «Es un proceso difícil, pero lo he conseguido. Me ha costado mis risas y mis llantos, pero mi familia está muy contenta», afirma. Esta semana está de celebración, porque han cambiado su tutela judicial por una curatela. Ahora vive en un centro de día, aunque su sueño es tener su casa. «Hasta ahora he conseguido todo, aunque sé que es difícil».

El problema en muchas cárceles ya no es que escasee el número de psiquiatras (esta especialidad, como las demás, es atendida por los médicos de las comunidades autónomas, subrayan desde Instituciones Penitenciarias), sino que faltan incluso médicos de atención primaria. La ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, preveía que la salud penitenciaria debía ser transferida a las comunidades autónomas. Veinte años después sólo Cataluña, País Vasco y Navarra han cumplido. Como consecuencia de ésto, sólo el 33% de las plazas de médicos internos están cubiertas. «La sanidad penitenciaria es prioridad para nosotros y mantenemos conversaciones con las comunidades«, aseguran desde Instituciones Penitenciarias, que acaban de contratar a 34 interinos y han abierto un proceso para sumar 20 más. Son, como la telemedicina, parches para un problema que empieza a ser crónico.

José Joaquín Antón, presidente de la SESP, es de los pocos médicos de prisión vocacionales que sigue en activo. Ejerce en Albolote (Granada), donde señala que, en el caso de las patologías psiquiátricas graves, apenas tienen capacidad para ir ajustando la medicación de la mano del psiquiatra consultor. De hecho, de los 15,62 millones de euros que se gastaron en fármacos en 2021, 4,23 correspondían a neurolépticos. «El Paiem es un programa ambicioso, bueno, pero faltan recursos. Muchos casos no se detectan y el seguimiento es complicado», admite. La falta de médicos, asegura, también puede afectar a las tasas de suicidio, que entre los reclusos «son ocho o nueve veces mayores que las de la población general».

Los funcionarios de prisiones también reclaman que se transfieran las competencias sanitarias y se cubra la falta de personal médico, por el bien de los internos con estas patologías y del funcionamiento de la cárcel. «Muchas patologías las detectamos tras altercados», lamentan desde Acaip. «No podemos tener las enfermerías como psiquiátricos encubiertos», apuntan sus compañeros de CSIF.

Porque cuando se movilizan los recursos necesarios, se acompaña a los reclusos en sus tratamientos y se evita el abandono, coinciden los especialistas, el riesgo de reincidencia se anula o minimiza. «Viven una situación de abandono institucional. Son pocos y no hacen ganar elecciones», zanja Vilalta.