Cuatro ministerios se ofenden con Montero y Llop por la ley de trata: ven «prejuicios», «mensajes equivocados» y «señalamientos»

La norma, que deja afuera a jueces y fiscales en la identificación de víctimas de trata y concede vivienda e ingreso mínimo vital a las personas afectadas por la trata o la explotación, ha sido criticada, entre otros, por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por prometer un 'reconocimiento' a las empresas libres de trata y explotación.

El departamento dirigido por Nadia Calviño le reprocha a las ministras Montero y Llop la pretensión de dar el distintivo «Empresa libre de trata y explotación» a aquellas compañías que adecúen su estructura y normas a lo establecido en la ley cuando esto, en realidad, debería ser una «obligación», dice el departamento de Calviño. «La creación de un distintivo de este tipo podría enviar un mensaje equivocado. Así, pudiera parecer erróneamente que las empresas que no lo tengan es porque no están libres de trata y explotación», señalan los técnicos del ministerio de Calviño en las alegaciones.

Agregan, que esto podría ser «especialmente problemático y perjudicial para las pymes, las cuales suelen tener menor capacidad para acometer las cargas administrativas que puede suponer la obtención de un distintivo de este tipo. Por lo que, en última instancia, existe una mayor probabilidad de que sean precisamente las pymes las que carezcan de este distintivo, frente a las grandes empresas que, con su mayor capacidad, tenderían a optar al mismo». Así, el citado ministerio pide la eliminación del artículo entero que hace mención a dicho distintivo, algo que, sin embargo, se rechaza.

Otra dura crítica es la que hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por hacer «señalamientos» a determinados sectores que, según la ley, representan «mayor riesgo de explotación». ¿Cuáles? «Particularmente el sector agroalimentario, el trabajo doméstico y de cuidados, el sector textil, la construcción, el sector turístico y el ocio nocturno». El departamento dirigido por Luis Planas considera que la ley ya señala «adecuadamente cuáles son los elementos que se tendrán en consideración para apreciar qué sectores presentan un mayor riesgo de explotación, sin necesidad de hacer señalamientos previos de cuales son éstos. Implica un prejuicio y da una imagen peyorativa de los mismos». En esta ocasión, sí se accede a eliminar esta locución del texto legal.

Otro ministerio crítico es el de Educación. La norma dedica tres artículos a este ámbito y prevé, entre otras cuestiones, la introducción en el aula de contenidos relacionados con la trata y la explotación desde la etapa de Infantil. Pero no es eso lo que reprocha el departamento de Pilar Alegría. La ministra sugiere que el texto sobre la trata debe reflejar lo que dice la ley educativa en vigor y ajustarse a ella si lo que se pretende es incluir contenidos curriculares obligatorios sobre la trata. Además, insisten en la necesidad de impartir educación afectivo-sexual.

Sanidad también corrige el anteproyecto. Este estipula que «en los Planes Nacionales de Salud se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en materia de trata y explotación de seres humanos». Sin embargo, para el departamento dirigido por Carolina Darias, esto carece de sentido y solicita que se añada una coletilla que indique que la inclusión del apartado sobre la trata se realizará «en los casos que se requiera». «No resulta razonable exigir en todas las estrategias o planes que se aprueben a nivel nacional, un apartado relativo a la prevención e intervención integral en materia de trata y explotación en seres humanos», razona Sanidad. «Hay estrategias que sí requieren realizar ese análisis, pero habrá otras muchas en que no será necesario incorporar un apartado sobre esta cuestión».

Por otro lado, la ley contempla crear en el seno del Consejo Interterritorial de Salud una Comisión contra la trata y la explotación de seres humanos. Otra vez, Sanidad se niega. «La creación de una Comisión contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud resulta innecesaria. En efecto, en términos generales, resulta inoportuno generar estructuras organizativas atomizadas, con tareas muy específicas, cuando la función asignada a dichas estructuras se subsume con facilidad en órganos ya existentes».

Además, Sanidad recuerda que la Comisión contra la Violencia de Género del Interterritorial «ya realiza un trabajo integral sobre esta materia, en coordinación con las consejerías y servicios de salud de las comunidades y la representación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y del Instituto de las Mujeres».

Por otro lado, insiste Sanidad, «es de interés subrayar también que la Comisión Permanente de Trasplantes, que también depende del Consejo Interterritorial, se encarga y asume las tareas y líneas de actuación relacionadas con la prevención y con la lucha contra la trata de personas con fines de extracción de órganos o tejidos corporales».

En la elaboración de la ley contra la trata han intervenido cuatro ministerios (Igualdad, Justicia, Interior y Seguridad Social) aunque la voz cantante la han llevado los dos primeros de la mano de Irene Montero y Pilar Llop, respectivamente. De hecho, la norma empezó a gestarse el año pasado a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género en el departamento de Igualdad pero Llop también hizo lo suyo al constituir una sección especial en la Comisión General de Codificación para la elaboración de la ley.