Reino Unido debate si legaliza la eutanasia, que ahora es tratada como homicidio o asesinato

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Elena Calvo

Actualmente, la legislación en Inglaterra y Gales prohíbe tanto el suicidio asistido como la eutanasia.La Ley del Suicidio de 1961 establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes ayuden a alguien a quitarse la vida, mientras que la eutanasia es tratada como homicidio o asesinato, dependiendo de las circunstancias, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. En Escocia, la ley también contempla castigos para quienes asistan a otra persona en su muerte, y en Irlanda del Norte existen disposiciones legales similares.

El proyecto de ley de Leadbeater propone ofrecer a las personas con enfermedades terminales, en sus últimos seis meses de vida, la opción de recibir ayuda médica para morir, siguiendo estrictos criterios que incluyen la aprobación de dos médicos y una revisión por parte de un tribunal. Los partidarios del cambio, como la conocida presentadora de televisión Esther Rantzen, que padece un cáncer de pulmón avanzado, argumentan que la legalización de la muerte asistida permitiría a los pacientes terminales morir con dignidad y en sus propios términos. Rantzen ha declarado públicamente que, si no se aprueba esta ley, viajará a Suiza, donde el suicidio asistido es legal, para poner fin a su vida.

El primer ministro, Keir Starmer, ha prometido que los parlamentarios tendrán un «voto libre», es decir, que no estarán obligados a votar siguiendo las líneas del partido. Starmer, que apoyó un proyecto de ley similar en 2015, ha manifestado que «existen razones para cambiar la ley» y que este es un tema que merece una discusión seria. Por su parte, Leadbeater ha sido clara en asegurar que su propuesta está dirigida exclusivamente a personas con enfermedades terminales y que se implementarán las salvaguardas necesarias para evitar que personas vulnerables, como aquellos con discapacidades o enfermedades mentales, se sientan presionadas a poner fin a sus vidas. «Es importante que hagamos bien esta legislación, con las protecciones adecuadas», afirmó en un comunicado.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado fuerte oposición en varios sectores. La actriz y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Liz Carr, ha señalado que cambiar la ley podría poner en peligro a personas vulnerables, argumentando que no se puede garantizar que no se abuse de esta opción. El grupo de campaña «Care Not Killing» («Cuidar, no matar») ha argumentado que el gobierno debería centrarse en mejorar los cuidados paliativos, en lugar de abrir la puerta a la muerte asistida. «Lo que necesitamos es asegurar que todos los pacientes terminales reciban los cuidados que merecen, no que se les ofrezca una salida más barata», señaló un portavoz de la organización. También el obispo católico de mayor rango en el Reino Unido, Vincent Nichols, ha instado a los feligreses a presionar a sus diputados para que se opongan a los cambios propuestos en la ley y señaló que los cambios propuestos corren el riesgo de provocar en los profesionales sanitarios «un cambio gradual de un deber de cuidar, a un deber de matar».

A nivel internacional, varios países ya han legalizado alguna forma de muerte asistida, incluidos Australia, Bélgica, Canadá, España, Suiza y algunos estados de los Estados Unidos, cada uno con regulaciones y criterios diferentes. Naomi Richards, antropóloga de la Universidad de Glasgow especializada en estudios sobre la muerte, afirmó que si se legalizara la muerte asistida en el Reino Unido, el número de personas que optarían por ella sería limitado. Por otro lado, el profesor Trudo Lemmens, experto en derecho de la salud de la Universidad de Toronto, advirtió que una vez legalizada la muerte asistida, es difícil evitar que se extienda a otros grupos más allá de los pacientes terminales, como ha ocurrido en otros países. «La presión inevitablemente aumenta para expandir la ley más allá de lo originalmente legislado», señaló, recomendando que el Reino Unido estudie cuidadosamente la experiencia de otras jurisdicciones antes de avanzar con esta medida.

La propuesta será votada el 29 de noviembre, y su resultado es difícil de predecir. El proyecto de ley similar presentado en el 2015 fue rechazado por una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes, con 330 votos en contra y 118 a favor. Sin embargo, el panorama político ha cambiado desde entonces, y muchos de los nuevos parlamentarios podrían estar a favor del cambio.

Además, un sondeo reciente de la empresa Ipsos mostró que el 66% de los británicos están a favor de permitir que los médicos ayuden a las personas con enfermedades terminales a terminar con sus vidas, mientras que sólo un 16% se opone.