Un reglamento europeo deja sin fármacos financiados a los geriátricos y psiquiátricos

Todo esto tiene como único objetivo garantizar la seguridad y salud de los pacientes. Pero la medida podría tener un efecto colateral indeseado en la población más vulnerable que aún no se ha resuelto a dos días de su entrada en vigor. Si no se corrige, se limitará el acceso a los medicamentos financiados a los ancianos que residen en geriátricos y a los ingresados en centros psiquiátricos y sociosanitarios.

En la mayoría de las comunidades autónomas, las farmacias adelantan la medicación a los pacientes ingresados en centros sociosanitarios. Es decir si un paciente enferma, el médico de la residencia le hace una receta con la que obtienen la medicina necesaria en la farmacia. Después, el médico del centro de salud vuelve a hacer una receta para que la comunidad autónoma la subvencione sin coste para el paciente.

Esto ocurre a diario porque las urgencias médicas en una residencia son parte del día a día de los cuidados. Tanto para atender dolencias crónicas como problemas de salud repentinos, dolores agudos o brotes infecciosos.

Es un acuerdo no escrito entre farmacias, centros de salud y residencias del que todo el mundo sale beneficiado: se atiende a los enfermos y no se colapsan los hospitales ni la atención primaria, porque las recetas financiadas pueden tardar hasta 22 días en suministrar la prescripción de estos centros.

Con la nueva norma, esta práctica será inviable porque en España se ha ligado la dispensación de los medicamento a la prescripción médica para verificar los dispositivos de seguridad. El medicamento no podrá salir de la farmacia si antes el farmacéutico no ha leído y desbloqueado el código QR de dicho fármaco. Y con ese requisito, se anula la posibilidad de entregar posteriormente la receta de la Seguridad Social para que no le cueste al paciente.

«Las personas mayores que viven en los centros residenciales acceden a la medicación que necesitan con una receta del médico de su residencia, por lo que tendrán que pagar el coste total del fármaco», denuncian desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste). Estos médicos no son contratados por el sistema nacional de salud así que solo pueden expender recetas privadas no subvencionadas.

No es un problema menor. Las farmacias adelantan entre el 30 y el 35% de las medicinas que se suministran a las residencias geriátricas, asegura Santiago Álvarez, presidente de EAADD, una asociación europea que agrupa a profesionales del mundo farmacéutico. «Si no se soluciona, dejaremos sin medicación a muchas personas mayores. Será una catástrofe tan terrible como la del Covid para los ancianos», lamenta.

En estos momentos, la solución es que los mayores paguen el precio íntegro del fármaco, sin financiación, con lo que se vulneraría su derecho al acceso a la medicación. «O que ante el mínimo problema la residencia llame al 112 y envíe a sus residentes a las urgencias del hospital o del centro de salud, con el colapso que puede suponer para el sistema sanitario», asegura Álvarez.

Todos los agentes implicados reconocen la gravedad de este daño colateral, aunque el plazo para adaptarse a la normativa sigue inmutable: el 1 de noviembre. Los farmacéuticos que lo incumplan se enfrentan a una posible inhabilitación.

La normativa para desarrollar el nuevo reglamento europeo se publicó en el BOE hace cinco años. «Se ha tenido todo este tiempo para adaptarla», lamenta Aeste que denuncia «la ignorancia general del problema que se nos viene encima. De nuevo el maltrato y la insensibilidad a un colectivo que parece que como no vota, nadie les tiene en cuenta».

La propia Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad también reconoce que para el cumplimiento de las obligaciones europeas en ningún caso es necesario ligar dicha dispensación a una prescripción médica para verificar la seguridad de los envases de medicamentos.

Lo curioso es que la propia Unión Europea incluyó en su legislación varias excepciones para poder atender todas las particularidades de la cadena de suministro. Los centros sociosanitarios son uno de ellos, pero España decidió ligar la receta médica al desbloqueo y verificación de los mecanismos de seguridad. Sí se han hecho excepciones, sin embargo, con hospitales, dentistas, centros de cuidados paliativos o prisiones a los que se les podrá adelantar la medicación. Pero no con los geriátricos y centros sociosanitarios.

El Ministerio de Sanidad es conocedor de esta daño y confía en encontrar un remedio. Sanidad planteará el problema en la próxima reunión de la Comisión permanente de Farmacia donde están representadas todas las comunidades autónomas. «Queremos encontrar una solución o catalizar que las comunidades autónomas la busquen», aseguran fuentes del Ministerio.

Desde el Gobierno, se asume que el problema no se resuelve dejando de desactivar los medicamentos, sino buscando una fórmula para gestionar la facturación de esos medicamentos cuando el usuario tiene derecho a que estén cubiertos por la Seguridad Social.