El primer párroco expulsado del sacerdocio por pederastia vuelve al banquillo
La Audiencia Provincial de Baleares confirma el procesamiento del ex clérigo, que acaba de salir de la cárcel tras una condena de seis años, por violar a una niña
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El primer clérigo expulsado de la Iglesia en España por pederastia volverá a ser juzgado por el mismo delito. El ex párroco de la localidad mallorquina de Can Picafort, Pere Barceló Rigo, acaba de cumplir una condena de seis años de cárcel por violar a una niña a finales de los 90. Ahora, con 70 años y nada más salir de la prisión de Segovia, se sentará de nuevo en el banquillo acusado de abusar sexualmente de otra menor entre los años 2008 y 2010.
La Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Inca, que acordaba procesar al ex párroco de Can Picafort por una nueva violación a una menor. El Tribunal comparte la conclusión de la jueza instructora de que existe una base de indicios «suficiente» para concluir que son probables «la realidad de los hechos y la autoría del acusado».
Para ello, la Audiencia se basa en la declaración de la propia menor y en el informe presentado por la policía judicial. Además, destaca que el procesado ha preferido no declarar durante la instrucción y que, por tanto, ahora mismo no existe una versión de la defensa.
La presunta víctima, que ahora es mayor de edad, reveló que los presuntos abusos se produjeron entre los años 2008 y 2010, cuando ella tenía entre siete y nueve años. Según detalló, durante dos años el cura la sentaba sobre sus rodillas y la sometía a tocamientos. Los abusos cesaron cuando tomó la comunión y dejó de acudir a la iglesia. Un relato similar al que narró la primera víctima.
Denuncia de 2018
Los informes del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) consideran creíble y verosímil la denuncia de esta joven, presentada en 2018 cuando el exsacerdote llevaba dos años cumpliendo condena. Barceló prestó declaración ante la juez por videoconferencia desde la cárcel y negó todas las acusaciones.
Tras cuatro años de investigaciones, la magistrada del Juzgado de Instrucción número uno de Inca vio indicios suficientes para procesar al exrector y dictó un auto de procesamiento por un presunto caso de abusos sexuales.
Barceló fue el primer presbítero expulsado de la Iglesia española en 2013 por un caso de pederastia. La Iglesia abrió su propia investigación y recabó otros casos similares que no llegaron a denunciarlo. El Tribunal Eclesiástico de Mallorca lo expulsó al considerar probado que abusó de varias menores en la Rectoría de Can Picafort y en una casa particular del sacerdote a finales de los años 90. Fue la primera sentencia canónica en España que acabó con el estado clerical de un sacerdote, a raíz de la orden del papa Benedicto XVI de que se aclarara «cualquier indicio» de pederastia.
Misionero en África
Pere Barceló llegó en 1996 a este municipio costero del norte de Mallorca tras ejercer como misionero en África. Al año siguiente fue denunciado por un catequista tras ser sorprendido mientras abusaba de una menor de diez años. La víctima negó dichos abusos en 1998 -cuando tenía 11 años- porque se sintió coaccionada y amenazada por el párroco. En noviembre del 2012, cuando ya era adulta, acudió a la Guardia Civil para contar los abusos, tal y como reconoció, tras ver en TV3 el documental Els Monstres de casa meva (Los monstruos de mi casa), sobre pederastia.
Barceló fue enjuiciado y se sentó sonriente en el banquillo en 2016. Reconoció ante el tribunal todos los abusos sexuales y violaciones bucales y vaginales a la niña, producidas entre 1997 y todo 1998. Según la sentencia, el sacerdote se valió de la violencia para vencer la débil resistencia de la niña y silenciar sus llantos y quejidos de dolor durante las violaciones.
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La Fiscalía solicitó inicialmente una condena de 42 años para Barceló, que finalmente fue condenado a seis años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual con los atenuantes de confesión y reparación del daño. La niña, que recibió tratamiento psicológico, fue indemnizada con 30.000 euros por el Obispado.
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