El PP quiere frenar 'in extremis' la ley de Universidades para garantizar la neutralidad institucional

La participación de los grupos parlamentarios no ha sido tan grande como en el caso del Congreso. Son menos partidos los que presentaron enmiendas al Senado y el mayor peso, en número, lo lleva el Partido Popular que intenta 'in extremis' salvar la ley o, más bien, a los campus de una preocupante deriva que amenaza con que la universidad española pierda su neutralidad. Ente otras críticas que hacen en una primera propuesta de veto el PP recuerda, tal como denunció ABC, que «desparece de la ley el concepto de nación y país» y, además «elimina el carácter estatal de la acreditación para acceder a los cuerpos docentes e investigadores de funcionarios, que son cuerpos nacionales».

«Se traspasa la línea constitucional, despreciando principios consagrados en la misma, como el de neutralidad y autonomía, promoviendo debates políticos en los claustros o trasladando a las comunidades la capacidad de aprobar las relaciones de puestos de trabajo», denuncian.

Francisco Fragoso, senador del PP señala que «esta ley va a ser una gran oportunidad perdida para adaptar la Universidad a los retos que necesitan enfrentarse nuestros jóvenes y el país». «Y lo que es tal ves más grave, junto con los preceptos posiblemente inconstitucionales, que en vez de acercarnos al espacio europeo fractura el sistema universitario español en 17 autonómicos, poniendo en peligro la igualdad de oportunidades al facturar el sistema de becas, de evaluación de calidad y profesorado», apunta el senador.

En la misma línea, Vox hace también una propuesta de veto y defienden «una universidad desvinculada de unas agendas globalistas que, aprovechando ocasiones como la de este proyecto de ley, se convierten en norma; equitativa, por cuanto promueve la eliminación de las diferencias entre españoles en función de la región en que residan y la superación de los actuales 17 modelos universitarios, recuperando para el Estado las competencias educativas; libre, sin adoctrinamiento ideológico por la izquierda ni secuestro de sus órganos de gobierno y sus aulas por sindicatos, por asociaciones de estudiantes de izquierda radical o por las políticas identitarias y sus «espacios seguros».

El PP pide eliminar el polémico apartado de la ley que dice que en los claustros se podrán «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia». Este añadido a través de enmiendas transaccionales en el Congreso pasó desapercibido hasta que la diputada de ERC, Marta Rosique, se refirió a él: «Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politécnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión». UPN también pide la supresión de este artículo y el PP, por su parte, da un paso más y añade un nuevo artículo a la ley que blinda de posicionamientos no solo a los claustros: «Los órganos unipersonales y colegiados de gobierno y representación estarán obligados a mantener la neutralidad institucional que deriva de la obligación constitucional de servir con objetividad a los intereses generales». Pero también le añaden obligaciones al rector. «En las universidades públicas el rector estará obligado a mantener la neutralidad que deriva de la obligación constitucional de servir con objetividad a los intereses generales». Por otro lado, Miguel Sánchez López, de Cs, propone la creación de una nueva disposición adicional sobre el régimen del profesorado universitario en el que se prevén «faltas y sanciones relativas al incumplimiento del deber de neutralidad e imparcialidad del profesorado docente durante su participación en los órganos de gobierno y representación de las universidades públicas».

El mismo senador, en otra enmienda, propone otra nueva disposición adicional a través de la que pretende modificar la ley de convivencia universitaria y añadir lo siguiente: «Corresponde a los órganos de gobierno de cada universidad adoptar las decisiones necesarias para garantizar la neutralidad en sus espacios, incluidos los de los edificios, instalaciones y dependencias de las que sean titulares o que estén bajo su responsabilidad».

El artículo 20 sobre diversidad lingüística también fue modificado en el Congreso para incluir que los campus deben fomentar y facilitar el conocimiento y el uso «como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales» propias de sus territorios. Además, el artículo modificado dice que las «administraciones públicas apoyarán y facilitarán el desarrollo de las políticas universitarias orientadas a la cooficialidad y a la diversidad lingüística». Y se añade, además, que «en lo que respecta a las universidades públicas» la singularidad lingüística será objeto de financiación. En el artículo sobre financiación, Junts pide añadir ahora (en la financiación por objetivos) «el fomento y la protección de la lengua cooficial propia de la comunidad autónoma».

El PP pide modificar este artículo señalando: «Las universidades fomentarán y facilitarán, junto a la lengua oficial del Estado, el uso de las lenguas cooficiales propias de sus territorios, de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos y regímenes de cooficialidad lingüística. Ningún miembro de la comunidad universitaria podrá ser perseguido oacosado por utilizar el castellano en la universidad. Asimismo, fomentarán y facilitarán la utilización del lenguaje de signos. Igualmente serán objeto de financiación las singularidades de las administraciones en otros aspectos, como la dispersión territorial, insularidad, patrimonio histórico, implicación con la fijación de población y atención al medio rural, integración de personas con discapacidad, entre otras».

Por otro lado, el PP también propone eliminar la alusión que hace la norma a que programas de movilidad como el Erasmus incluyan las «lenguas oficiales del Estado español».

Otro apartado controvertido es el de los estudiantes. La ley reconoce el derecho al paro académico «respetando el derecho a la educación del estudiantado». El PP va a más y blinda el derecho de los alumnos a ir a clase cambiando la palabra «respetando» por «garantizando» que es, precisamente, como estaba redactado el artículo antes de los cambios que introdujo ERC y Bildu.

El texto señala actualmente que «las comunidades, en el ejercicio de sus competencias, podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos. Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos». Para volver a un sistema estatal que garantice la equidad, el partido de Feijóo propone otra redacción: «El Estado establecerá el sistema general de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos generales, y sin perjuicio de la política de becas y ayudas que pudieran implementar las propias universidades y las comunidades en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos».

En el otro extremo hay una enmienda de Junts que intenta ir más allá del planteamiento que hay ahora en la norma. Así proponen en una enmienda lo siguiente: «El desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a las comunidades en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las universidades, con el fin de facilitar la gestión descentralizada. Las comunidades podrán adaptar, las modalidades, las cuantías con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y las condiciones económicas de las personas beneficiarias en atención a sus peculiaridades territoriales, a los efectos de garantizar la equidad en el acceso al sistema».

Aparte de las becas, Junts también introduce una enmienda para que se incluya la «Euroregión Pirineos Mediterráneo» como espacio de educación superior. «En la estrategia de internacionalización, se debe también atender especialmente a las zonas limítrofes con el Estado que permiten fomentar la cooperación transfronteriza».

Como lo hizo el exministro Manuel Castells, que eliminó al Rey de la expedición de los títulos (pero luego rectificó tras la denuncia de ABC), Bildu no ceja en su intento de que el Monarca se quede al margen de la ley. En el último tramo que le queda a la ley el partido nacionalista propone, no solo quitar a Felipe VI de la expedición de los títulos, sino poner en su lugar a Subirats.

Otra reivindicación del PP es una Selectividad única para todo el país. Así, piden introducir una nueva disposición adicional que diga: «El Gobierno implantará, en coordinación con las comunidades una prueba única en todo el territorio español de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU), cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las comunidades y a los órganos de representación universitarios, que facultará para el acceso y admisión de todos los alumnos al sistema universitario español, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos con independencia del lugar en que realicen la prueba, de acuerdo con las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.30».

Miguel Sánchez López, de Cs, propone también modificar a través de una disposición adicional nueva la 'ley Celaá' (Lomloe) para introducir «una prueba única de acceso a la universidad en todo el territorio nacional».

El PNV quiere hacer un cambio importante en la contratación de profesores visitantes. El texto propone que su contrato tenga una duración máxima de dos años pero el PNV quiere elevarlo a cinco. «Dos años se considera un periodo muy breve, puesto que además de captar talento es deseable que las personas contratadas tengan un tiempo suficiente para poder asentarse en la universidad e iniciar o potenciar líneas de investigación», justifican.

Junts va más allá y plantea que no se determine un plazo contrato sino que se haga «en función del tipo de colaboración en interés de la universidad».

El problema de este cambio es que esto podría en que de visitante el profesor se «convierta» en uno de plantilla sin pasar por las acreditaciones correspondientes.