PNV y Junts dan marcha atrás y retiran las enmiendas contra la Agencia de Salud Pública

PNV y Junts han comunicado la retirada de las enmiendas de totalidad que habían planteado en el Congreso pidiendo la devolución de la ley de la Agencia de Salud Pública, que iban a debatirse y votarse este jueves en el Pleno de la Cámara.

Según ha informado Junts, la retirada se debe a que han llegado a un acuerdo con el ministerio de Sanidad para asegurar que el proyecto se modificará vía enmienda para garantizar que no invadirá competencias autonómicas.

Esa denuncia de conflicto competencial fue precisamente la base de las enmiendas de totalidad de PNV y Junts, que pedían la devolución del texto al Gobierno. Aunque fueron las únicas presentadas, la ley podría habría caído si la devolución hubiera sido apoyada por PP y Vox.

La ley del ministerio de Mónica García crea la Agencia Estatal de Salud Pública para «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias».

Asimismo, el proyecto de ley también modifica la Ley General de Salud Pública para, entre otras cuestiones, cambiar la denominación del organismo público a «Agencia Estatal de Salud Pública», incorporar el principio de «una sola salud» y adaptar el capítulo I del título II en materia de vigilancia en salud pública, ampliándolo con las actuaciones de preparación y respuesta.

El PNV presentó la enmienda de devolución del proyecto de ley por la «indefinición» de la nueva Agencia en «los fines y las funciones» que tendría, ya que según este partido «eran imposibles de determinar», por lo que «podría entrar en conflicto» con las competencias y las normativas autonómicas.

En todo caso, el grupo parlamentario liderado por Aitor Esteban advirtió de que estará «vigilante» para que el acuerdo alcanzado en el día de hoy se cumpla cuando se ponga en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública.

La enmienda de Junts denunciaba que el nuevo proyecto de ley «olvidaba» que las competencias en materia de sanidad y salud pública competen a la Generalitat, como dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña. De hecho, recordaban que corresponde a la comunidad autónoma «la ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución» de las medidas y actuaciones destinadas a «preservar, proteger y promover» la salud pública en todos los ámbitos. Incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efectos sobre la salud humana, la alimentaria, la ambiental y la vigilancia epidemiológica.