El pacto PP-Vox contra el nacionalismo lingüístico es más exigente en la Comunidad Valenciana que en Baleares

El nuevo Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana se ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios revertir el modelo de «imposición lingüística» implantado durante los últimos ocho años por el Ejecutivo formado por PSPV-PSOE de Ximo Puig, Compromís y Unidas Podemos, ahora en funciones.

El acuerdo programático suscrito por ambas fuerzas para la investidura de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat incluye el compromiso compartido de garantizar «la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas».

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José Luis Fernández

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Fuentes del PP, que asumirá estas competencias, apuntan a ABC que la hoja de ruta a seguir está plasmada en su programa electoral: derogar la ley actual de plurilingüismo para sacar adelante una nueva normativa que cumpla esos parámetros y dé una vuelta de tuerca a las políticas desarrolladas por la izquierda en este ámbito. Medidas que han sufrido diversos reveses judiciales.

El último, a cuenta del modelo que impera en la región desde 2018: cada centro decide qué porcentaje de tiempo destina a los contenidos curriculares en cada lengua, atendiendo a su realidad. La normativa contempla un mínimo del 25 por ciento para las cooficiales y entre un 15 y un 25 por ciento para el inglés. El resto es de libre elección.

No obstante, el Tribunal Supremo ha advertido recientemente de que el peso lectivo del valenciano y el castellano debe ser proporcional, un extremo que no estaba garantizado en algunos de los proyectos aprobados por la Generalitat a lo largo del territorio. De hecho, la ley anima a los centros educativos a que vehiculen la mitad del tiempo curricular en valenciano y una cuarta parte del mismo en inglés, lo que deja al castellano en una posición de inferioridad. En esa línea, el nuevo Gobierno autonómico eliminará la figura de los asesores lingüísticos de la Consejería de Educación nombrados por el PSPV y Compromís al considerar que ejercen un papel intimidatorio a la hora de elaborar estos proyectos.

El pacto entre PP y Vox también parte de la premisa de reforzar la labor de los inspectores para «preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas» y contempla que los padres puedan autorizar el «contenido» de las actividades extraescolares, lo que abre la puerta a una suerte de pin parental.

Además, el nuevo Gobierno de coalición autonómico rescatará la Ley de Señas de Identidad que derogó el tripartito de Ximo Puig tras alcanzar el poder en 2015. Lo hará en aras de proteger «los valores, costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España». Con su entrada en vigor se eliminarán las subvenciones a asociaciones que promuevan los 'países catalanes', las mismas que han sido primadas durante las dos últimas legislaturas y ya han manifestado su oposición a los preceptos planteados por la derecha. Organizaciones partidarias del modelo de inmersión catalán, como Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià, a las que la Generalitat de Pere Aragonés inyectará fondos públicos -se ha comprometido públicamente a ello- para que no cesen su actividad reivindicativa.

Por otro lado, el Ejecutivo de Mazón dará carpetazo a la Oficina de Derechos Lingüísticos valenciana, a la que el PP bautizó en la oposición como la «policía lingüística» de Compromís. Un ente sin carácter sancionador que empezó a funcionar por decreto en 2017 y que el Supremotumbó al generar indefensión y no ofrecer ninguna posibilidad a los denunciados por discriminación -particulares o empresas- de plantear alegaciones a esa queja.

Fue refundada en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2023, como órgano mediador de conflictos que podía actuar de oficio, aunque ahora siempre entre personas jurídicas. La polémica coincidió en el tiempo con otra medida controvertida. A finales del año pasado, el tripartito se vio obligado a rectificar el baremo de méritos del proceso de estabilización del personal sanitario interino, que inicialmente puntuaba el conocimiento del valenciano tres veces más que una tesis doctoral.

Sin embargo, las discrepancias entre los socialistas y Compromís sobre qué nivel de esta lengua había que exigir para acceder a un puesto en la Administración alargaron tanto el debate durante dos mandatos, que las Cortes Valencianas se disolvieron sin que se aprobara de forma definitiva el requisito lingüístico, a falta de un informe jurídico preceptivo. El acuerdo final no incluía a los médicos y contemplaba exigir el título del C1 de valenciano a los altos funcionarios, un B2 para los dos niveles inferiores (B y C1) y un B1 para el siguiente escalón (C2).

Marga Prohens no ha olvidado el 19 de septiembre de 2013. Miles de personas la recibieron entre abucheos e insultos en la Universitat de les Illes Balears (UIB), que celebraba el acto de inauguración del curso académico. La marea verde acababa de arrancar una larga huelga indefinida contra el decreto del trilingüismo (TIL) impulsado por el entonces presidente popular, José Ramón Bauzá. Hubo dos semanas de paro y hasta una huelga de hambre por el catalán. El ambiente se mantuvo tenso hasta el hundimiento en las elecciones de 2015 del PP, que pasó de una mayoría absoluta amplia a ocho años de oposición y reconstrucción interna.

Por eso ahora Prohens, que la próxima semana será investida presidenta del Govern balear gracias a la abstención de Vox, sabe que tiene que ir con pies de plomo con el catalán. Una de las claves de la legislatura es cómo conseguirá la líder popular mantener el equilibrio entre su voluntad de «no hacer de la lengua un problema», el reto de Vox de acabar con la «represión catalanista» y la declaración de guerra que le acaba de hacer el catalanismo.

El acuerdo firmado entre ambos partidos este miércoles, día del 'Orgullo', por el que Vox se compromete a dar su apoyo externo a Prohens, recoge 110 medidas consensuadas que conceden al partido de Santiago Abascal más de lo que el PP deseaba en un principio. Libre elección de lengua, impulsar normativa para esquivar el requisito de la lengua entre los funcionarios o la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística -una especie de 'Oficina del Español' que sustituirá a la Oficina de Derechos Lingüísticos de los nacionalistas de Més- son algunas de las medidas previstas en el acuerdo entre ambas formaciones.

A pesar de las primeras reticencias, el PP accede a la exigencia de Vox de extender la libre elección de lengua a todas las etapas educativas, aunque se da un plazo de cuatro años hasta que acabe la legislatura. La idea de los populares era limitarse a los primeros años de enseñanza y básicamente en el aprendizaje a leer y escribir. El PP es partidario de introducir algo más de castellano en las aulas, pero no de golpe como hizo Bauzá, sino con mano izquierda para evitar movilizaciones del profesorado.

Los actuales 'pesos pesados' del PP vivieron en primera fila las movilizaciones contra el trilingüismo, que sacaron 800.000 personas a la calle en una histórica manifestación en Palma. Prohens era diputada en el Parlament; el futuro vicepresidente económico, Toni Costa, era director general de Presupuestos, y el portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, era alcalde de Campos. Todos palparon de primera mano la crispación por promover un plan de equilibrio de lenguas entre el castellano y el catalán y dar una asignatura en inglés.

La líder del PP en las Islas, que habla cuatro idiomas y es traductora de formación, se ha abrazado al «bilingüismo cordial» que predica su líder Alberto Núñez Feijóo y rehúye del tema lingüístico para no azuzar al catalanismo. «No será un problema, no permitiré la confrontación», insistía en campaña. Pero su declaración de intenciones no ha evitado que los catalanistas le sacaran las uñas, antes incluso de su victoria electoral.

Además, Vox ha pedido acabar con los «chiringuitos lingüísticos« refiriéndose a las cuantiosas subvenciones a la Obra Cultural Balear (OCB), hermana balear de la catalana Òmnium Cultural y agitador del independentismo en las Islas, o la Plataforma per la Llengua, que pide «vivir plenamente en catalán». Ambos ya han enviado sendos comunicados vaticinando un nuevo conflicto por su «amor» al catalán.

La OCB dice que este acuerdo que garantizará el castellano como lengua vehicular en las aulas es una «declaración de guerra» contra quien «ama» el catalán. Y pide al PP que rectifique o tendrá una «una legislatura caliente» mientras hace un «llamamiento» a toda la sociedad mallorquina para «prepararse y estar a la altura en esta nueva embestida contra la lengua y cultura de Baleares«.

La OCB, que dio un premio a los 'Jordis' por impulsar la consulta ilegal catalana, acusa a los populares de ser el «ejecutor directo» de las políticas de un «partido fascista». «Nos encontrarán en las calles y las plazas de nuestros pueblos», advierte para que «ninguna agresión quede sin respuesta».

La mayoría de los sindicatos docentes, que apoya la inmersión lingüística, amenaza con desempolvar la camiseta verde. Un símbolo erigido por los profesores catalanistas y asociaciones de padres -dirigidas por docentes de ideología catalanista- al grito de «una escuela pública, de calidad y en catalán«.

El sindicato Alternativa «luchará» para evitar la «segregación lingüística« y lanza el mismo mensaje sobre el papel del catalán como «elemento cohesionador de la sociedad que equilibra la balanza del conocimiento de las lenguas oficiales». Y pone el dedo en la herida: «El PP de Bauzá ya lo intentó justo antes de empezar el camino hacia el mal recuerdo del TIL».

Para el sindicato UOB del polémico profesor Jaume Sastre, experto en hacer huelgas de hambre por el catalán, el bilingüismo de Prohens es un «artificio colonialista» y la libre elección de lengua, «un simple pretexto para matar al catalán». «No se preocupe, nos encontrará en la trinchera contraria», advierte en su comunicado.

Hasta la líder socialista, Francina Armengol, presidenta saliente tras ocho años de pacto con Podemos y los nacionalistas de Més, ha lanzado un grito de guerra en su perfil de Twitter en la misma línea que la OCB: «Nos verán en las calles y en las instituciones«.

Una parte de los políticos que salen ahora de los despachos de la consejería de Educación fueron líderes de la marea verde y encabezaron la histórica manifestación contra el trilingüismo de Bauzá con pancartas en contra de dar un equilibrio de clases en castellano y el catalán en las aulas. Ahora el director general de Planificación y Centros, Antoni Morante, o el director de FP, Toni Baos, entre otros cargos, volverán a dar clase en el instituto o al sindicato para hacer oposición.

Extender la libre elección de lengua a todas las etapas educativas será un reto mayúsculo. Primero, por simple capacidad: faltarían centros y profesores. Y segundo, porque los docentes nacionalistas, que copan los órganos de representación en la educación balear, no están dispuestos a ceder.

En Baleares hay normalización lingüística de facto, gracias a leyes impulsadas por el PP, como la Ley de Normalización o el decreto de mínimos, que obliga a dar un mínimo del 50% de las asignaturas en catalán. La voluntad de los populares en esta legislatura era introducir poco a poco más castellano hasta llegar al 25 % al que obliga una sentencia del Supremo sobre Cataluña.

Algo similar sucede con el requisito del catalán en la administración pública. El PP no tiene ninguna intención de volver a lo que hizo Bauzá, que lo convirtió en mérito. Salvo excepciones como en la sanidad, donde siempre ha defendido que no debe pedirse el catalán a los sanitarios. Está por ver en qué consiste ese «desarrollo normativo» del que habla el acuerdo con Vox para que «el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública». De momento, en el PP no profundizan en la hoja de ruta.

Menos problemáticas serán otras medidas, como el fin de la imposición del catalán como lengua de atención preferente que había implantado el tripartito de izquierdas durante las dos últimas legislaturas para que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales, catalán o castellano, y que sean atendidos en la lengua que deseen. El PP siempre ha defendido el bilingüismo en este sentido y lo ha impulsado motu proprio cuando ha gobernado en solitario.

La 'Oficina del español' se pondrá en marcha en breve. Sustituirá a la Oficina de Derechos Lingüísticos que manejaban los nacionalistas de Més y que se centraba exclusivamente en los problemas generados por hablar en catalán. Está por ver quién dirigirá este departamento y cuál será exactamente su función y su alcance.

Pese a la resaca de la noticia del pacto de PP y Vox para permitir un gobierno del PP en solitario, ni siquiera los más optimistas tienen claro si el texto que aparece en el acuerdo quiere decir lo que Vox dice que quiere decir. «Celebramos el pacto, en el caso de que signifique que no sólo hay libre elección de lengua en la primera enseñanza, sino también en el resto de las etapas«, expresa la asociación de profesores PLIS con aplauso contenido, mientras en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares 15 familias siguen esperando a que la justicia se pronuncie sobre su denuncia por negar a sus hijos educación en castellano. Ni tampoco hay noticias judiciales del recurso que pide una selectividad con los enunciados bilingües. «Es una pena tener que lucharlo todo en los juzgados».