La Guardia Civil no halla ultras en la docena de individuos en el punto de mira por los altercados con Sánchez

A los tres detenidos se les relaciona con los daños provocados al vehículo del presidente del Gobierno y al de su escolta. Uno de ellos, el primer detenido, se encuentra ya en libertad provisional después de haber pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent (Valencia). Se trata de un vecino que, con un cepillo de barrendero, logró romper la luna trasera de uno de los todoterrenos negros que forman la comitiva.

No se le han impuesto medidas cautelares, aunque sigue investigado en el marco de una causa abierta por atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños materiales. Los otros dos arrestados -que responden a las iniciales de B.F.M y G.M.C- también son residentes de localidades cercanas, Albal y Godella, respectivamente, y al cierre de esta edición estaban a la espera de pasar a disposición judicial.

Mientras las pesquisas de la Guardia Civil se centran ahora en identificar también a los individuos que arrojaron piedras a la comitiva de la Casa Real, hiriendo en la cabeza a un miembro del equipo de seguridad de la Reina Letizia, así como a la persona que lanzó un palo contra el presidente del Gobierno y que frenó uno de sus escoltas con su cuerpo, tal y como avanzó este diario. La identificación está resultando complicada por la gran cantidad de gente que se encontraba recibiendo a los monarcas en el momento de los lanzamientos, explican a este diario fuentes de la investigación.

No obstante, los agentes del servicio de seguridad montado el pasado domingo en torno a la tensa visita a Paiporta identificaron desde el primer momento a elementos de cuatro grupos ultra en la zona de los incidentes, según pudo saber ABC. Se trata de los grupos Revuelta, Democracia Nacional, España 2000 y Hazte Oír. Y no se descarta que próximamente se produzcan nuevas detenciones.

La Jefatura de Información de la Guardia Civil investiga «desde el minuto uno», como confirmó el pasado lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el incidente ocurrido el domingo en Paiporta, donde la comitiva real fue recibida entre lanzamientos de barro.

Mientras que los Reyes intentaron calmar la situación hablando con los vecinos manifiestamente alterados, Sánchez tuvo que abandonar el lugar tras el lanzamiento de algunos objetos contundentes. En su retirada del lugar, y aunque la cápsula de seguridad de Sánchez logró evitar que el jefe del Ejecutivo recibiera un impacto directo, algunos manifestantes golpearon los vehículos de la comitiva del presidente y uno de ellos sufrió la rotura de uno de sus cristales y algún otro daño en la carrocería.

Después de los hechos, Sánchez vinculó esos ataques a «violentos absolutamente marginales» y, el pasado martes, en rueda de prensa para anunciar el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la DANA, volvió a relacionar lo sucedido durante la visita con «grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible». Tras las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, por el momento se ha detenido a tres personas, sin vínculos con grupos de extrema derecha.

En lo que respecta a los detenidos por saqueos y pillajes, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cifran en 30 las personas que ya se encuentran en prisión provisional. En total, los juzgados de guardia de tres de los partidos judiciales más afectados por la DANA, Torrent, Catarroja y Alzira, han recibido desde el inicio de la catástrofe el pasado miércoles al menos a 62 detenidos. Mientras la Guardia Civil ya contabiliza más de un centenar de arrestados por robos en centros comerciales y polígonos, entre otros.

A 15 de las 30 personas que se encuentran ya en prisión provisional, se les atribuye la comisión de delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público agravado, al entender que pudieron aprovechar la catástrofe provocada por las inundaciones para perpetrar robos, presuntamente, «con impunidad». A la otra mitad de los encarcelados se les imputa un delito continuado de robo con fuerza y a alguno se le atribuye además un delito de pertenencia a organización criminal, según ha informado el TSJCV.