Misión europea para testar la inmersión: el informe pide el mismo trato para el español y el catalán en las aulas

El texto, adelantado por ACN y al que ha tenido acceso ABC, recoge las impresiones de los seis eurodiputados que se desplazaron a Cataluña entre el 18 y el 20 de diciembre y aboga por dar un trato igualitario a las dos lenguas oficiales en el ámbito educativo. Subraya también que el derecho a recibir la educación en castellano «es un derecho constitucional» y que las autoridades educativas deben garantizar que «no se discrimina a los niños» por razón de lengua.

Mañana se debatirá el texto en el Comité de Peticiones que incluye 15 recomendaciones. Los miembros de la misión de la Eurocámara recuerdan que «el derecho a recibir enseñanza en español está consagrado en la Constitución española en su artículo 3, que establece la oficialidad del castellano en toda España». Igualmente, señalan que «el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo trato al español y al catalán como lenguas de enseñanza y que debe tomar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas tal y como establece la ley orgánica española de educación». 

En sus conclusiones, los eurodiputados indican que «el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y que cualquier discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». En este sentido, los autores del informe piden a las autoridades regionales y nacionales competentes que «garanticen que los niños no sean discriminados».

Los eurodiputados hacen especial hincapié en los niños con necesidades educativas especiales (se desplazaron a un centro de estas características durante su visita). En este sentido instan a las autoridades educativas a «garantizar que estos alumnos puedan estudiar en su lengua materna, cuando dicha lengua sea oficial, si sus familias así lo desean, de conformidad con las recomendaciones del Consejo sobre la educación en la lengua materna y la integración de los niños con discapacidad en los sistemas educativos».

En el documento se pide también a las autoridades nacionales y autonómicas españolas que «vigilen estrechamente si en la organización de los sistemas educativos en Cataluña se respeta un contenido equilibrado en la enseñanza de las lenguas, si se respeta y se da un trato igualitario a las lenguas cooficiales, y si la educación garantiza que se alcanzan los objetivos en ambas lenguas cooficiales». Reclaman también un informe independiente que analice si hay «igualdad de trato» de las lenguas oficiales en la comunidad.

Con respecto a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo y tras comprobar el incumplimiento de la misma por parte de la Generalitat, los miembros de la misión recuerdan que «el respeto del Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la UE» y expresan su preocupación por el hecho de que «los ciudadanos, debido a la falta de medidas para aplicar esta sentencia judicial, tengan que buscar reparación judicial para su propio caso individualmente».

En su informe -a partir de mañana se abre un período de enmiendas y el texto definitivo se votará el 19 de marzo-, los eurodiputados aluden también al «discurso de odio» contra las familias que han tenido que recurrir a los tribunales para exigir su derecho al 25 por ciento de castellano para sus hijos. En este sentido, manifiestan su «preocupación» por «las controversias sobre la exclusión y las reacciones del público que esta cuestión está provocando en la sociedad catalana, incluyendo casos de exclusión social, intimidación y bullying contra niños y padres». Y «condena cualquier forma de discurso de odio». Para evitar esta situación, solicitan a las autoridades educativas regionales «que vigilen de cerca este comportamiento inaceptable». Los miembros del Europarlamento recomiendan a la Generalitat que «mejore la comunicación y la confianza con las familias» que piden más castellano con el objetivo de «construir un diálogo constructivo».

El documento sugiere a las autoridades nacionales españolas que «revisen la forma en que la Inspección Nacional de la Educación Superior vigila en Cataluña los estándares mínimos para un contenido equilibrado de la enseñanza de lenguas».

En su informe, los eurodiputados piden a la Comisión que «siga de cerca la aplicación en Cataluña del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de las autoridades regionales por la diversidad cultural y lingüística, y que tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el estado de derecho». Reclama, además, que «establezca un diálogo con el Estado miembro y ofrezca asistencia técnica para abordar cuestiones de derechos fundamentales».

Otra reivindicación plasmada en el informe es que las autoridades autonómicas «adopten las medidas legales o administrativas oportunas para garantizar que la comunicación de la administración pública educativa, incluidos los centros educativos, al alumnado y a las familias se realice tanto en castellano como en catalán, de oficio, sin necesidad de que el alumno o las familias lo soliciten individualmente».

Los seis eurodiputados recogen impresiones sobre sus tres días de experiencia en Cataluña, en los que se entrevistaron con los peticionarios de la misión, algunas familias que han pedido más castellano, miembros del poder judicial, autoridades educativas, etc...

Tal como informó este diario en diciembre, los seis eurodiputados que integran la comisión oficial, encabezados por la estonia Yana Toom (Renew), conocieron por boca de los representantes del TSJC las maniobras políticas de la Generalitat para paralizar la aplicación del fallo histórico que obliga a impartir un 25 por ciento de castellano en todas las aulas catalanas y también supieron de la «inacción» de la Alta Inspección educativa del Estado ante este incumplimiento.

La Generalitat aprobó una ley y un decreto-ley dirigidas a bloquear su aplicación, y el TSJC, tras constatar que la nueva normativa impedía aplicar su sentencia sobre el 25 por ciento, planteó entonces al Tribunal Constitucional (TC) que se pronunciara sobre la constitucionalidad de las normas catalana.

Los eurodiputados se reunieron también con algunos padres. Entre ellos, el de Canet de Mar (Barcelona), que fue acosado en las redes por pedir más castellano para su hija, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía y se encuentran judicializados. «En Europa estos mensajes dirigidos a los padres, y los insultos y amenazas que ayer recibimos al abandonar la reunión serían tratados como delitos de odio», precisó entonces la presidenta de la comisión la estonia Toon.

El encuentro con la consejera de Educación, Anna Simó, y los miembros de su departamento fue tenso. La consejera defendió ante la comitiva extranjera las bondades y equilibrios del sistema catalán.