La minera Berkeley abre un arbitraje millonario contra España por bloquear la mina de uranio de Salamanca
La compañía todavía está estudiando la cuantía a reclamar debido a la revalorización del material
Berkeley ofrece «diálogo» al Gobierno para reactivar la construcción de la mina de uranio en Retortillo
La minera australiana Berkeley ha decidido no esperar más. La empresa va a iniciar un arbitraje internacional contra España tras más de una década de tramitaciones, permisos, batallas judiciales y unos cien millones de euros invertidos en la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) sin que esta haya podido empezar a operar, ni tampoco obtener beneficios. Según los cálculos que hacía el presidente de Berkeley España, Francisco Bellón, en una entrevista con ABC, ese lucro cesante era de 450 millones de euros en 2021. Cifras que hoy se quedarían cortas ante la revalorización del uranio, por lo que fuentes de la compañía aseguran que todavía se está evaluando la cuantía que se solicitará como compensación.
La que pretendía ser la mina de uranio más grande a cielo abierto de Europa lleva ya años paralizada. El proyecto comenzó en 2012, pero fue en 2021 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica denegó la autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio, que era clave para el proyecto. Se basaba en un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear, que Berkeley asegura que radica en «una decisión arbitraria (...) sin respaldo técnico ni jurídico».
Berkeley insiste en que la mina de Salamanca «garantizaría a España el suministro de uranio, eliminando la dependencia de Rusia»
La compañía constituye un Comité Asesor para reforzar su posición en España y contribuir a resolver la situación actual de los permisos, incluidos los referentes al Proyecto Salamanca
Tras esto, la minera pidió al Gobierno por carta, en noviembre de 2022, iniciar una negociación amistosa, pero no obtuvo respuesta. Tras año y medio de espera, la minera alega en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Gobierno no ha contestado, por lo que «no ha tenido más opción que tomar medidas y hacer cumplir sus derechos en el proyecto de Salamanca» a través de un arbitraje internacional. Lo llevarán los servicios jurídicos de Herbert Smith Freehill y LCS Abogados y se presentará en el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi). De media, este tipo de procedimientos dura entre uno y tres años.
Berkeley considera que el ministerio ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, pero también la protección otorgada a la empresa en el marco del Tratado de la Carta de la Energía.
Además, apunta la minera en su comunicación, todavía posee «derechos legales, válidos y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluida la licencia minera por 30 años (renovable por dos períodos adicionales de 30 años) para el proyecto Salamanca», aunque con la ley de cambio climático cualquier nuevo procedimiento no estará permitido.
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