Los médicos italianos contra la persecución de la maternidad subrogada: «Nuestra misión es curar no denunciar»
La ministra italiana de Familia ha pedido a los pediatras que denuncien a las familias que han sido padres por vientres de alquiler
El coste total de criar a un menor en España es de 1.567 euros al mes, el 118% del salario base
La ministra italiana para la Igualdad de Oportunidades y la Familia, Eugenia Roccella, relanza la ofensiva del Gobierno contra la maternidad subrogada. Pocos días después de la aprobación en el Parlamento de la Ley que introdujo el delito universal de la gestación subrogada, se ... produce un duro enfrentamiento entre la ministra Roccella y los médicos. La ministra de la Familia invocó en un programa de televisión el deber del médico de presentar denuncia ante la Fiscalía sobre los «casos sospechosos» de gestación subrogada.
El presidente de la Federación de Colegios de Médicos, Filippo Anelli, ha sido contundente al responder a la petición de la ministra Roccella: «Nuestro deber es curar y estamos exentos de denunciar a la persona asistida». Al ser declarada la gestación subrogada como delito universal, se extienden, por tanto, las penas para quienes realicen la gestación subrogada en el extranjero. Se trata de penas muy severas: cárcel de tres meses a dos años y multa de 600.000 a un millón de euros, para quienes el que practique, organice o haga publicidad de la gestación para terceros y el comercio de gametos o embriones.
La posiciones contrapuestas de la ministra de la Familia y los medios reflejan la polémica que está suscitando la aprobación de la Ley. Entre la gestación subrogada y la venta de un niño, que es un delito en todo el mundo, «no hay diferencia», observó Eugenia Roccella. «Espero -añadió la ministra- que la aplicación de la Ley tenga un fuerte efecto disuasorio«, recordando que »en Italia existe un procedimiento que protege a los menores y garantiza la posibilidad de que el compañero de la madre biológica sea reconocido como padre«.
La posición de la ministra para que los médicos se conviertan en delatores ha suscitado reacciones indignadas. El presidente de los médicos, Filippo Anelli ha dicho que «no presentaremos denuncias; los ciudadanos pueden venir sin miedo a ser tratados por nosotros». El presidente de los colegios médicos reconoce que «el médico no debe, es cierto, obstaculizar la justicia pero, sobre todo, no debe realizar actos que pongan en riesgo la relación de cura del paciente, limitando la protección de la salud de los ciudadanos».
Contra parejas homosexuales
Los primeros en atender un caso de gestación subrogada son los pediatras de familia. El presidente de la Federación de Pediatras, Antonio D'Avino, concuerda con el presidente de los Colegios Médicos: «Nosotros atendemos a todos los niños y ciertamente no denunciaremos a los padres. Asistimos a cualquier niño de cualquier origen. Es tarea del médico seguir a todas las personas que tienen problemas y el pediatra quizás encarne aún más esta característica. Suponiendo que pudiéramos descubrir que un niño nació con la gestación de otra persona, ciertamente no nos molestaremos en denunciar a los padres», sentencia el presidente de la Federación de los Pediatras.
La reacción de las parejas heterosexuales, que son la mayoría de las que recurren a la gestación subrogada, coincide con las protestas de las familias de parejas homosexuales: Acusan al Gobierno Meloni de transformar a los médicos en delatores y a Italia en un «Estado policial».
Los expertos consideran que la Ley será muy difícil de aplicar. Extender la jurisdicción italiana a otros países, al declarar la gestación subrogada como delito universal, entraría en conflicto con los principios del derecho internacional y con las leyes de otros países, entrometiéndose unilateralmente en su soberanía.
Difícil cumplimiento
En definitiva, muchas son las dudas sobre la aplicabilidad de la ley, según declara a ABC la abogada, Filomena Gallo, secretaria de la Asociación Luca Coscioni por la libertad de investigación científica: «La Ley será difícil de aplicar porque la maternidad subrogada está regulada en 66 países y no será fácil obtener cooperación internacional para reunir pruebas contra quienes la utilicen en el extranjero. Además, plantea dudas de constitucionalidad, ya que podría violar el derecho a la familia, consagrado en los convenios internacionales y en la Constitución italiana«.
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