La mina de Cerredo recibió una subvención de casi un millón de euros del Gobierno el pasado julio

En ese contexto hay que enmarcar la reapertura de la mina Cerredo, que aunque ubicada en la cercana localidad asturiana de Degaña, está más vinculada afectiva y económicamente con la leonesa Villablino. No en vano, los cinco fallecidos eran leoneses (cuatro de ellos de Villablino), así como los heridos. El reinicio de las actividades, aunque sólo con el permiso para investigación y de limpieza de algunos de los pisos, había supuesto una breve inyección de ánimo para la localidad, que ahora se ve mermada con la clausura temporal «hasta que se investiguen las circunstancias de la explosión», según anunciaba ayer la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

De momento, ayer el juzgado de Cangas del Narcea decidió abrir diligencias para investigar el suceso y buscar posibles responsabilidades penales.

Sobre la actividad de la actual empresa adjudicataria, la española Blue Solving, una sociedad limitada cuyo administrador único es Adrián Rodríguez, pesa la sospecha de que, más allá de las operaciones de investigación para detectar la presencia de grafito y de limpieza, estuviera realizando una explotación encubierta de la mina. Cuando se pregunta abiertamente a los vecinos sobre si los trabajos eran sólo de investigación, el silencio, acompañado de una leve inclinación del rostro y una mirada cómplice, suenan tan crípticos como la pintada emborronada.

Ni confirman ni desmienten, como tampoco lo hicieron ayer ni la delegada del Gobierno, ni la consejera de Industria asturiana María Belarmina Díaz, ante las preguntas de los periodistas, a las puertas de la capilla ardiente. Ambas se limitaron a recordar que la empresa sólo contaba con los referidos permisos, «pero ninguno de ellos para la extracción del carbón». Coincidieron también en señalar que para el piso tercero, en el que se produjo el accidente, la empresa sólo contaba con «un permiso de retirada de material». «En ese piso pueden retirar material, chatarra, vías, o cuadros metálicos», acumulados en anteriores explotaciones, «siempre que lo permitan las condiciones de seguridad de la mina», explicó la consejera. «Eso es para lo que están autorizados, un permiso que vencía el día 11 de abril de 2025, por lo que en este momento están en las correspondientes labores de cierre y de abandono».

Según ha podido conocer ABC, la empresa contaba con unos cincuenta trabajadores, doce de ellos dedicados específicamente a las tareas a cielo cerrado. La empresa fue creada en 2022, pero fue verano de 2024 cuando obtuvo los dos permisos para volver a la mina, aunque sin autorización para explotarla comercialmente por el momento. Uno de los permisos les permitía extraer carbón en ciertos puntos para analizar sus propiedades, mientras que el otro, vigente en el área del accidente, sólo les facultaba a retirar material.

En julio de 2024 la empresa Blue Solving recibió una subvención de 927.000 euros del Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entonces la responsable de conceder esas ayudas era la actual ministra Sara Aagesen. El fondo estaba destinado a la puesta en marcha de una planta de valorización de subproductos de la construcción y escombros. Por aquellos días, en una entrevista concedida a la Radio del Principado de Asturias (RPA), el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, explicaba que la empresa «aún se encontraba en fase de acondicionamiento de las instalaciones».

Además, señalaba que la mina estaba «muy deteriorada» a causa de su cierre años antes, y a los constantes saqueos a los que ha sido sometida en este tiempo, en busca de piezas metálicas para ser vendidas a peso. En aquel momento reconocía que la extracción de carbón no comenzaría hasta finales de 2025 o principios de 2026. Unos meses después, según explicaba ayer la consejera, «el día 23 de septiembre de 2024, tuvo lugar una inspección rutinaria, en la que no se detectó nada anormal».

Por su parte, fuentes del MITECO han especificado a ABC que el Instituto para la Transición Justa «no financia la extracción minera». En concreto, la subvención que recibió la empresa Blue Solving estaba destinada a «la recuperación de antiguas instalaciones y para la recuperación y valorización de materiales estratégicos a partir de subproductos minerales, incluida una zona de almacenamiento», según las mismas fuentes. «En ningún caso para la actividad extractiva», matizan.

Por otro lado, las mismas fuentes han especificado que «todos los proyectos mineros deben cumplir la normativa, tanto ambiental como laboral, y contar con los permisos preceptivos que otorgan las autoridades competentes, entre las que no se encuentra el MITECO». Según ha podido conocer ABC, la empresa Blue Solving todavía no ha cobrado la subvención recibida, pues todavía se encuentra en período de ejecución, que finaliza el 31 de marzo de 2026, y pendiente de la justificación de los gastos a través de las facturas.

La subvención, de 927.668,72 €, cubre un 24,13% de los 3.843.821,25 € que la empresa se comprometió a invertir. Según la resolución de las subvenciones, firmada el 19 de julio de 2024 por Sara Aagesen, entonces en calidad de presidenta del Instituto para la Transición Justa, la empresa contaba entonces con un trabajador y se comprometía a la creación de otros 17 puestos de trabajo, para lo que se destinan específicamente 250.000 euros. El resto, hasta el total, están destinados a inversiones.

Blue Solving, y el conglomerado al que pertenece, es una de las empresas que está intentando reactivar la actividad minera en la zona. En estos momentos hay un expediente abierto en el ayuntamiento de Villablino para otorgarle la reapertura, también con el permiso de investigación en un primer momento, de una mina en Sosas de Laciana, una de las pedanías del municipio. El expediente se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública.

Preguntado por ABC sobre cómo puede afectar el accidente a este proceso, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, señalaba que «esto nos genera dudas de si las minas están preparadas para reabrirse, y si se cumple con las condiciones de seguridad necesarias para ello». «El accidente nos ha despertado de un sueño y nos ha puesto en la realidad, de que quizás, el volver a este tipo de minería tan básica nos retrasa a 30 o 40 años atrás, cuando las medidas no era las adecuadas, y eso obviamente no se puede permitir». En todo caso, el expediente para esta reapertura se revisará y «sólo se autorizará si cumple con las condiciones necesarias», añadía.

En la calle se reconoce abiertamente que este tipo de permisos de investigación suelen ser una forma encubierta de reiniciar las actividades de un sector acorralado desde hace décadas por las reconversiones, auspiciadas por las medidas medioambientales y su rentabilidad empresarial. «Antes los picadores no cobraban menos de 3.000 euros, pero ahora están alrededor de 1.800, por encima del mercado en otras actividades, pero muy lejos de los salarios de otras épocas», nos explica un vecino. A pesar de ello, suele ser una actividad bastante requerida. Una mujer cercana a uno de los fallecidos reconocía a ABC que su amigo «no estaba a gusto en la mina, pero era una oportunidad».