Los países de la UE aprueban la polémica ley de Restauración de la Naturaleza

Enrique Serbeto

Bruselas

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17/06/2024
Actualizado a las 19:03h.

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Es difícil recordar un caso de tramitación de un proyecto legislativo más caótico que el de la Restauración de la Naturaleza, que fue aprobado este lunes en la reunión de ministros de Medio Ambiente que se celebró en Luxemburgo. La mayoría que no se había alcanzado en varias reuniones anteriores fue posible ayer gracias al cambio de opinión de la ministra austriaca Leonore Gewssler, que a su vez estaba traicionando la voluntad de su propio gabinete, de modo que legalmente ha sido aprobada, pero el Gobierno de Viena ha anunciado un recurso ante la Justicia europea para anular la decisión.

Para una mayoría de ministros, sin embargo, el resultado constituye un alivio notable, porque esta ley es uno de los puntales del paquete del Pacto Verde que ha presidido la legislatura que termina y ya había sido aprobada por el Parlamento Europeo, a pesar de las críticas de los agricultores de toda Europa, que son el colectivo más afectado. La norma que fija como objetivo la restauración del 20% del territorio para 2030, y la práctica totalidad de las tierras degradadas para 2050. La Comisión que la ha propuesto insiste en que los beneficios en la salud de los ciudadanos y la calidad de los productos agrícolas superan con diferencia los inconvenientes, pero para los sindicatos agrícolas la sospecha es que los fondos que se necesitarán para aplicarla saldrán precisamente de las subvenciones que ellos dejarán de recibir.

Bajo la batuta del consejero de la región de Bruselas, el ecologista Alain Maron, que representaba a la presidencia belga, la ley fue adoptada formalmente en los términos que se había pactado con el Parlamento Europeo.

Su tramitación ya fue rechazada por las protestas de los agricultores que llenaron de tractores Bruselas y casi todas las capitales europeas. En el Parlamento, el Partido Popular Europeo intentó frenar su aprobación y estuvo a punto de lograrlo, mientras que algunos gobiernos, como el del liberal belga Alexander de Croo habían pedido una pausa en el desarrollo de la legislación medioambiental. Sin embargo, los partidarios de la ley se quejaban de que el Consejo habría incumplido un acuerdo ya celebrado con la Comisión y el Parlamento en los ‘trílogos’ durante los que las tres instituciones acordaron la formulación final del texto legal y se habían comprometido a aprobarlo. Además, abandonar la ley habría puesto en una posición delicada a los negociadores europeos que deben asistir a la cumbre mundial sobre biodiversidad en otoño en Cali (Colombia), donde se pondría en duda el compromiso asumido por la UE para empezar a revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.

Hasta este lunes, la mayoría cualificada no estaba garantizada en el Consejo. El domingo, la ministra austriaca anunció en redes sociales que cambiaría su posición aunque fuera en contra de la decisión de su propio Gobierno. Este lunes, en la reunión el representante eslovaco, Tomas Taraba no pudo resistir la presión y también se pasó al campo de los que aceptan la ley, con lo que se llegó a la cifra de 20 países a favor, suficiente para una mayoría cualificada que superase cualquier veto. Bélgica, a pesar de ostentar la presidencia y estar representada por un ministro regional favorable a la norma, se abstuvo porque la oposición de la región flamenca no le permitía votar a favor.

En cambio, en el Gobierno austriaco la aprobación de esta ley ha creado una situación gravísima. El canciller federal, Karl Nehammer, había advertido a la presidencia belga de que la gestión de Gewessler ha sido «ilegal» y que recurriría la ley ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. De modo que la supervivencia de la coalición de Gobierno en Viena entre conservadores y ecologistas será seguramente la primera víctima de esta ley, ya que parece muy difícil que sobreviva, teniendo en cuenta que las elecciones están previstas para el próximo 29 de septiembre.

Para los agricultores «es una puñalada por la espalda», resume a ABC José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas. La idea esta ley es frenar la caída de la biodiversidad, para lo cual es necesario reparar los ecosistemas degradados, que hoy suponen el 80% de los hábitats de la UE. ¿Y cómo se logra eso? Las estrategias pueden ser variadas, como eliminar plantas no autóctonas en pastizales, humedales y bosques; mejorar la conectividad entre hábitats; detener o reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos o promover la preservación de la vida silvestre, entre otras, informa Isabel Miranda.

El acuerdo europeo dice que los países deben priorizar la restauración de la Red Natura 2000, pero según ilustra Castilla, en España eso supone el 40% del territorio nacional, por lo que todas las explotaciones situadas en estas zonas verán mermada su competitividad y se verán sometidas a nuevas restricciones. «Hay una cláusula de no deterioro para zonas restauradas y eso es una barbaridad», explica Castilla, que explica que, por ejemplo, los ganaderos que quieran construir un cobertizo para proteger a sus rebaños en caso de que aparezca un lobo, no podrán hacerlo en estas zonas; como tampoco el agricultor que haya restaurado un terreno y sufra daños por inundaciones en una carretera.

Los agricultores y ganaderos ven otras lagunas a la legislación. Para empezar, que no tiene un presupuesto. «No sabemos quién va a pagar esta transición», dice Castillo. Tampoco hay cláusulas espejo, por lo que terceros países no se van a ver sometidos a las mismas normas. E, incluso, puede haber una distorsión en el mercado interno: la norma se publica en 20 días en el diario oficia de la UE y luego cada país desarrolla su propio plan de restauración y establece prioridades. En Asaja temen que Transición Ecológica no escuche las peticiones del sector y se vean perjudicados con un desarrollo más lesivo del que puedan hacer otros Estados miembro.