No es privilegio, sino servicio al bien común

Es verdad que, en una sociedad plural, ni las convicciones religiosas personales ni las diversas confesiones deben gozar de privilegios. Los contenidos de cualquier profesión de fe pueden y deben ser objeto de crítica y debate público en nuestra sociedad, y de hecho lo son, muchas veces en términos que pueden parecernos ásperos e injustos, pero esas son las reglas de juego para todos. Los creyentes debemos acoger esta sana discusión, aprender a movernos en ella y no cultivar ninguna suerte de victimismo, algo a lo que algunos son proclives. Precisamente, la ley existe para recurrir a ella cuando se entiende que los propios derechos han sido lesionados.

Lo que plantea la propuesta gubernamental es consagrar la impunidad del insulto y la ofensa gratuita hacia los sentimientos religiosos, aunque quizás la palabra «sentimientos» resulta un poco escasa, porque el sentimiento está vinculado a una convicción de la razón que además es compartida por una parte de la sociedad. Eso también lo debe valorar el legislador. Podemos discutir, y habrá que hacerlo, sobre el alcance de la protección jurídica de las convicciones y sentimientos religiosos: sobre qué es y qué no es delito, sobre las penas, etc. Hay un amplio campo para el debate en función de la evolución social. Pero no he encontrado un solo argumento que avale que la ofensa y el insulto sean factores constructivos de sociedad alguna.

El presidente de la CEE, Luis Argüello, observó rápidamente la gran contradicción de que, mientras los sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para cambiar de sexo, y cada vez más expresiones son consideradas «delitos de odio», se pretenda que los sentimientos religiosos dejen de ser un bien jurídicamente protegido. La cuestión de fondo es si la dimensión religiosa es una especie de peculiaridad lunática de algunos o si, por el contrario, es un factor constitutivo de la persona con una clara proyección social que contribuye al bien común, y como tal, merece ser adecuadamente respetado y valorado por los poderes públicos en el ámbito de una laicidad abierta. En cualquier caso, suprimir su protección jurídica no beneficiará ni a la libertad ni al pluralismo social.