Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: «Un sistema de pólizas sanitarias de bajo coste no es sostenible»
El «número dos» de Mónica García pide avanzar en transparencia para que los asegurados conozcan las coberturas sanitarias que contratan
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El Ministerio de Sanidad asiste, «sin sorpresa», a las denuncias de oncólogos del sector privado que ven limitada su capacidad para recetar el mejor tratamiento a sus pacientes. Las quejas, que ha desvelado ABC, muestran cómo las compañías aseguradoras se sirven de la intermediaria ... Atrys-Bienzobas para presionar al oncólogo y cambiar la prescripción, casi siempre por un fármaco más económico. La Sociedad Española de Oncología Médica ya ha empezado a investigar las denuncias que no reflejan solo un «tira y afloja» entre compañías y profesionales sanitarios, sino un perjuicio grave en los pacientes, en el caso de no recibir un tratamiento que puede cambiar su pronóstico vital.
—Muchos de los tratamientos que se rechazan están disponibles en la Sanidad pública, donde ya se ha estudiado su coste eficacia. ¿Le sorprende?
—No, no me sorprende. Estas prácticas van a seguir produciéndose porque la salud colisiona con los intereses de las empresas, como ya estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos. En España afortunadamente esto no se convierte en un escándalo porque tenemos una sanidad pública en la que se incorporan las innovaciones. El paciente al que no le financian el tratamiento en la privada acaba acudiendo a la red pública. Estas prácticas van a seguir produciéndose porque la sanidad pública acaba siendo la red de seguridad.
—¿Desincentivar el uso de fármacos oncológicos de alto coste en la privada y el trasvase de enfermos a la pública se puede considerar un fraude?
—En términos jurídicos, no. Como ya hemos denunciado, las aseguradoras sanitarias privadas que daban servicio a Muface utilizan prácticas de selección de riesgos. Lo hemos denunciado basándonos en la literatura científica publicada y en los datos de prevalencia de enfermedad en pacientes mutualistas con sanidad pública. Los ingresos por enfermedades oncológicas en hospitales públicos son desproporcionadamente más prevalentes entre los mutualistas que entre el resto de la población. La denuncia de ABC es el enésimo ejemplo de estas prácticas de selección de riesgo.
—El sindicato CSIF ha pedido al Gobierno que investigue estas prácticas que afectan especialmente a los funcionarios que eligen el modelo Muface. ¿Lo hará el Ministerio de Sanidad?
—No, no nos compete a nosotros. Pero creemos que se debe avanzar en transparencia, para que los enfermos conozcan bien las coberturas de las pólizas que contratan. La Plataforma de Pacientes ya nos ha pedido una reunión para tratar este tema.
—¿Conocen cómo funciona Atrys-Bienzobas?
—Ellos mismos nos han enviado un argumentario a raíz de esta polémica para aclarar su labor. En él justifican que todo lo que hacen es por la correcta utilización de recursos. Lo que no explican es si esto supone empujar a los pacientes de la privada a la sanidad pública o por qué rechazan medicamentos que se utilizan en la red pública y en los que está razonablemente establecido su coste-eficacia.
—Los tratamientos oncológicos cada vez son más caros y el número de enfermos aumentará. Eso afecta a la sanidad pública y la privada, ¿se debe repensar el modelo de aseguramiento privado? ¿fomentar la colaboración público-privada?
—En España tenemos un modelo de aseguramiento privado basado en pólizas baratas. Quien lo contrata piensa que por 50 euros al mes va a tener acceso a todos los tratamientos. Este sistema es difícilmente sostenible, hace aguas por todos los lados. En un contexto de terapias innovadoras de alto coste y alto valor como el actual, es muy difícil que la sanidad privada consiga ser sostenible. Es una cuestión de economía de escala, de capacidad de negociación con la industria. No es lo mismo negociar con el peso que dan 40 millones de habitantes del sistema nacional de salud que con mil.
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