Los hosteleros solicitan a Sanidad que la prohibición de fumar en terrazas sea «a voluntad de cada establecimiento»

El plan se avanzó hace dos semanas, el 15 de marzo, pero las autonomías pidieron más tiempo para estudiar el informe y se emplazaron para una reunión extraordinario que se celebra hoy. Hace una semana, después de que García se reuniera con las sociedades científicas y asociaciones de salud, la ministra aseguró que los directores de salud pública autonómicos están «trabajando sus propias medidas», pese a que dijera que no habían recibido «muchas aportaciones de las comunidades autónomas» hasta ese momento. Entre las novedades que ya conocía, comentó que algunos territorios sopesan la idea de prohibir también el tabaco en los campus universitarios.

Una vez las comunidades se pronuncien, Sanidad volverá a llevar el llamado Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 al pleno del Consejo Interterritorial del próximo 5 de abril. Será en ese momento cuando reciba luz verde —o no— y comience a ponerse el plan en marcha.

Además de los propios fumadores, los más afectado por la nueva normativa contra el tabaco son los hosteleros, quienes se encuentran «perplejos» por la iniciativa de prohibir los cigarrillos en las terrazas. «Las propuestas de Sanidad rozan el ridículo», subraya el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, quien explica que las terrazas no dejan de estar en la vía publica, por lo que si al lado se encuentra un banco municipal, el cliente puede dar dos pasos y ponerse a fumar. «O incluso se podría quedar de pie al lado de las mesas». Según el último estudio de salud y estilo de vida de Aegon, el 41% de los españoles fuma, cifra que en palabras de Hostelería España aumenta al 90% «cuando son clientes de terrazas».

Los hosteleros están a favor de que se promuevan los espacios libres de humo, sin embargo solicitan que esto siempre vaya de la mano con «la libertad de empresa que tenemos en nuestro país y la oferta que cada establecimiento perfila para sus clientes». Por su parte, creen que la prohibición de fumar en las terrazas debería ir «a voluntad de cada negocio» y que sea el dueño del bar o restaurante quien decida si es o no un espacio libre de humos.

Desde la asociación de Hostelería de España señalan también que «en estos momentos hay una perfecta convivencia entre los clientes» y piden «seguir en esta normalidad y no generar un problema donde no lo hay».

Por parte de las autonomías, Aragón ya se ha pronunciado al respecto, y también considera que «lo más adecuado» es apostar por la «voluntariedad». La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana también se muestra de acuerdo con la necesidad de ampliar los espacios sin humo, pero solicita al ministerio establecer el compromiso de que cualquier modificación se haga «bajo un mismo marco legal para todo el territorio nacional» y «procurando un adecuado consenso político para su aprobación». Además, reclama mayor concreción en la regulación de los vapeadores y que el aumento del precio de los cigarrillos se vincule directamente a la financiación del Plan antitabaco.

Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó que entre las propuestas presentadas por su comunidad al Plan Integral contra el Tabaquismo se reclama que el Ejecutivo defina de forma "clara" cuáles son las autoridades competentes en la inspección para el cumplimiento de este plan. Para el portavoz, entre lo más relevante está definir las responsabilidades de las administraciones públicas para cada una de las materias y objetivos. "Las autoridades competentes deben establecer claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver la inspección, que quede claro qué administración y qué autoridad es la que corresponde a la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervención en ámbitos privados", determinó, a lo que agregó que el objetivo de la Junta es "disminuir, en la mejor medida de lo posible, la limitación de las libertades individuales". "Debe garantizarse el derecho a la salud con el derecho a la libertad individual", zanjó.

En diciembre los hosteleros se dirigieron por escrito a Sanidad, para pedir más información en detalle sobre la norma antitabaco, y acordar un encuentro con la idea de hacer su propuesta al ministerio. Tras reunirse con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, Gallego asegura a ABC que solo recibieron «respuestas evasivas». «Han pasado cuatro meses y no hay interés en trabajar de la mano. De Sanidad solo hay silencio», expresa de manera tajante.

Además, indica que si ya de por sí los trabajadores de la hostelería «asumen muchísimas prohibiciones», aumentarlas supondría un «agravio comparativo con otros países» y los turistas que vienen a España. «No podemos ser jueces de nuestros clientes», lamenta Gallego, quien también explica que «desde hace 20 años», Sanidad solo se pone en contacto con la asociación de Hostelería de España para temas relacionados con el tabaco, y nunca para abordar procesos de crisis alimentarias o impulsar planes de nutrición. «Es monotemático y nunca hay un contexto colaborativo», sentencia.

El borrador del plan integral también propone subir los impuestos del tabaco, que si bien es uno de los aspectos que los expertos llevan años denunciando, la idea ha llevado a la industria tabacalera a poner el grito en el cielo. Aunque es complicado estimar el impacto que una norma como esta generaría en el sector tabacalero, la consultora Afi estima que sería «demoledor» para comunidades autónomas como Extremadura , Canarias o Cantabria, donde se concentra el 98% de la producción española. A su vez han mostrado su desacuerdo la Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab), integrada por agricultores de hoja de tabaco y la industria de primera transformación, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, y Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), estos últimos reticentes con el objetivo de regular los vapers.

El presidente de UPEV, Arturo Ribes, asegura a ABC que equiparar el vapeo con el tabaco tradicional supone «dejar sin alternativas a los que quieren en un futuro cercano dejar de fumar». Si bien hay que abordar el uso de productos de vapeo por menores de edad —a lo que la ministra considera como «su entrada a la adicción del tabaco»— desde la UPEV aconsejan «hacerlo sin dejar sin opciones a aquellos fumadores que han encontrado una alternativa al tabaco».